Author: Francisco Rodríguez
Por Francisco Rodríguez
mayo 20, 2024 | 2:41 pm
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists
La empresa Newmark Knight Frank, una inmobiliaria con sede en New York, hoy llamada simplemente Newmark, recomendó a Nacional Financiera desde el 2020, no mudar sus oficinas a Torreón, Coahuila, como lo había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando anunció un plan de descentralización de oficinas federales.
El 26 de febrero de 2020, el Consejo Directivo de NAFIN tomó conocimiento del informe de Newmark Knight Frank sobre la evaluación de relocalización de Nacional Financiera a Torreón, estudio que se le asignó a la empresa desde el 25 de enero de 2019, prácticamente dos meses después de haber tomado posesión el presidente López Obrador.
Públicamente, ni el presidente ni NAFIN dieron a conocer que desde el primer año se había decidido que las oficinas no se relocalizarían en Coahuila, pues las conclusiones de Newark Knigth Frank referían que Torreón carece de capital humano para la operación, la inexistencia de clientes y entidades reguladoras en la ciudad, la falta de inventario de oficinas, además de que construir nuevas, tomaría hasta cuatro años; la baja oferta de recursos humanos con perfil necesario, entre otras características adjudicadas a la ciudad.
Además, se concluyó que una mudanza a Torreón provocaría pérdida de competitividad y productividad, desgaste “excesivo” de personal, desvinculación de áreas, incremento en costo de nómina, falta de proveedores con nivel de especialización que se demandan, entre otros rubros.
El presidente López Obrador ha reconocido que la descentralización es un tema pendiente y el 11 de enero de este año dijo que la pandemia afectó “bastante”. Además, mencionó que se tienen que crear las condiciones “porque muchos trabajadores necesitan tener facilidades para sus viviendas, las escuelas de sus hijos; o sea, es un proceso que se tiene que ir logrando”.
Aunque habló en términos generales y destacó avances de descentralización en Energía, Conagua o Cultura, no dijo que en caso de NAFIN la empresa Newark Knight Frank recomendó no sacar a Nacional Financiera de la Ciudad de México.
En su conclusión, Newark Knight Frank estableció que no hay condiciones para una migración y que pensar en migrar al 100% es “imposible”, además de que afectaría significativamente la operación y la competitividad, independiente de los múltiples compromisos con entidades reguladoras y participación en comités fundamentales con otras entidades y el sector financiero nacional e internacional.
“Nunca le creímos al presidente que iba a hacer eso. No movió nada. Fueron anuncios que no tenían capacidad de realizarse porque no tenían fundamento”, comenta Francisco Antonio Serrano Camarena, economista e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
Para representantes de organismos empresariales se trató simplemente de una promesa incumplida más del presidente.
“Es fácil decirlo, pero al momento de hacerlo tuvieron complicaciones”, dice Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna. “Una promesa incumplida más”, añade Donato Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Torreón.
Sin embargo, Nacional Financiera no sólo no llegó a Torreón, sino que redujo su personal en Coahuila, su presupuesto en las oficinas locales y los créditos otorgados a empresas en la entidad, según respuestas a solicitudes de información.
Para el economista Serrano Camarena, NAFIN se “achicó” en términos de tamaño, apoyos, volumen de operaciones y dinero que manejaba, por lo que la parte de administrar y proveer financiamiento se lo dejó a la banca privada.
“Dejó a las empresas muy abandonadas”, señala el economista.
NAFIN, a través de Hugo Loya Ortega, subdirector de Mercadotecnia, aseguró en un correo que se ha “potencializado a las empresas locales para promover el desarrollo económico”, que de 2022 a 2023 los créditos y garantías en Coahuila ascendieron a 8 mil millones de pesos y se atendieron a cerca de 14 mil empresas; que de 2022 a 2023 creció 10% el monto de créditos y garantías, y que en conjunto, NAFIN y Bancomext, reportan un crecimiento de 9% en los montos y garantía de 2019 a 2023.
Sin embargo, Semanario solicitó por transparencia los créditos desde 2012 a 2023 y la Dirección de Programación Financiera de NAFIN entregó datos que reflejan una reducción del 31% en la cantidad de dinero otorgado al sector privado acumulado de Coahuila, a comparación de los cinco años anteriores.
Esto a pesar de que NAFIN es una institución de banca de desarrollo que tiene como objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, según su propia Ley Orgánica.
NAFIN otorgó 14 mil millones de pesos menos al sector privado acumulado de Coahuila de 2019 a 2023, a comparación de los cinco años anteriores, según una relación entregada por transparencia.
Además, el número de beneficiados también decreció, pues pasó de 263 mil 29 a 169 mil 89 en los últimos cinco años de la administración, una disminución del 35.7%.
María del Carmen Reyes García, encargada de la comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex Laguna, observó la reducción de los programas que se tenían, pues mientras antes había programas sectorizados a mujeres o jóvenes, ahora sólo existe un producto, que es el Financiamiento Empresarial NAFIN.
“El tema de los financiamientos sí ha sido complicado en la parte de la accesibilidad. No podemos tapar el sol con un dedo”, menciona Reyes García.
Luis Alfredo Medina, coordinador de Investigación del Consejo Cívico de Instituciones (CCI) Laguna, asegura que estas reducciones sí impactan y confirman la hipótesis de muchos economistas respecto a que el alza de los precios tuvo como resultado que los productores no encontraran créditos accesibles ni apoyo del gobierno. Explica que con las altas tasas de interés, los consumidores son los que pagan los platos rotos.
Si la comparativa se amplía a 2012, NAFIN redujo a la mitad el total de créditos otorgados en Coahuila y el número de beneficiarios.
María del Carmen Reyes dice que ahora la banca de desarrollo no tiene manera de que se pueda colocar algún producto diferenciado, cuando anteriormente a nivel federal existían programas subsidiados que complementaban la actividad productiva. “Hoy no existen”, lamenta.
De igual forma, si se desglosan los apoyos, estos reflejan que NAFIN redujo en 44.7% los créditos para la “empresa grande” en Coahuila, en comparación con los últimos cinco años y en 87%, si se compara con 2012.
“Que se reduzca tanto en un estado que, te guste o no, aporta tanto a la economía, es un freno”, critica Luis Alfredo Medina, y además señala que estas cifras son números “corrientes” que no cuentan con la inflación. “No es lo mismo 12 mil millones en 2012 a 6 mil millones en 2023. Quítale un 40% de inflación”.
Muchas asociaciones público-privadas que se hacían en el gobierno anterior, no se hicieron ahora y eso dio al traste de manera “fuerte” a la infraestructura carretera, de accesos a comunidades, accesos en las empresas, infraestructura de las ciudades, afirma el investigador Francisco Antonio Serrano.
Jorge Reyes de Coparmex Laguna recuerda que hace poco tuvieron un evento con gente de NAFIN y se llevaron precisamente la sorpresa de que los fondos habían disminuido.
“No ofrecieron algo que beneficiara a los empresarios, sobre todo a pequeños y medianos”, comenta Jorge Reyes.
Para la microempresa, por ejemplo, NAFIN redujo en 69% los créditos en los últimos cinco años para Coahuila y el número de beneficiarios en 28%.
“Se ve claramente la falta de interés de la federación al poder otorgar apoyos a las pequeñas empresas, pero sí hay interés en cuanto a cargarle la mano con más impuestos”, reclama Jorge Reyes.
Donato Gutiérrez, presidente de CMIC, califica la falta de créditos como un “retroceso” en el desarrollo de los empresarios y asegura que este tema repercute en la generación de empleos y desarrollo económico.
En 2023 en Coahuila hubo un registro de menos empresas con 251 o más trabajadores, a comparación de las que se tenían registradas en 2018, según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI.
Mientras, en la Comarca Lagunera los parques industriales sufren carencias y tienen problemas de servicios o inundaciones, como lo señaló el Instituto Municipal de Planeación de Torreón (IMPLAN) en el Programa de Consolidación de Zonas Industriales de La Laguna.
Además, en distintas zonas del Estado se hallan diversos problemas que afectan la economía, como la crisis de Monclova por el desmantelamiento de Altos Hornos de México o la falta de diversificación de las actividades económicas en la región Carbonífera. Esto se traduce a que en el último año (febrero 2023 a febrero 2024) hay pérdida de empleos en municipios como Piedras Negras, Múzquiz o Monclova, según un análisis del CCI Laguna.
Sin embargo, Luis Alfredo Medina del CCI Laguna, opina que el desempeño económico del Estado ha sido bueno, pero advierte que no por los estímulos del gobierno federal, sino por la política económica al interior de Coahuila. Sí reconoce que muchas micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron que aumentar sus costos para sortear la falta de estímulos, principalmente en la pandemia y posterior a ella.
Fue una reducción y una austeridad que sí impactó, añade María del Carmen Reyes.
El 26 de septiembre de 2019, el entonces director general de NAFIN, Eugenio Nájera Solórzano, inauguró oficinas en Torreón y declaró: “con esta puesta en marcha de estas oficinas, se está cumpliendo la instrucción del Presidente de México de traer Nafin a Torreón para trabajar en beneficio de los empresarios, emprendedores, cámaras, asociaciones, instituciones académicas, para ayudar a llevarles los recursos que requieren”.
Lo que no dijo en ese momento es que se había iniciado el estudio para analizar el traslado de la oficina matriz, tampoco que supuestamente se había aprobado la reubicación de la Dirección Regional Noreste, cuya sede es Monterrey, Nuevo León, la reubicación de la oficina de Representación Estatal Coahuila de Saltillo a Torreón y la instrucción de que la entonces dirección General Adjunta de Promoción Institucional (actualmente Unidad de Promoción Institucional) se trasladara también a Torreón.
Sin embargo, a pesar de que estos cambios estuvieron en el papel desde el 2019, según la respuesta a una solicitud de información, tampoco se cumplió. A través de otra respuesta NAFIN informó que al cierre de diciembre de 2019, la oficina en Torreón contaba con 18 trabajadores y al 16 de noviembre de 2023 sólo eran 14.
Sobre la mudanza de la actual Unidad de Promoción Institucional refirió un gasto de 337 mil 239.39 pesos en 2019. Mientras que por concepto de traslado de personal se gastó 784 mil 260.04 pesos en 2020.
Además, por la reubicación de la Dirección Regional Noreste de Monterrey a Torreón, se gastó por mudanza 370 mil 983.17 pesos, entre 2019 y 2020.
Según el acuerdo E 8-250119, la reubicación de la Dirección Regional estaba condicionada a las autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
NAFIN respondió que no hubo gastos por la reubicación de las oficinas de Saltillo a Torreón.
A pesar de estos supuestos traslados, NAFIN aseguró en las respuestas que no hubo erogaciones por renuncias, despidos o rescisión de contratos del personal.
Aunque, en respuesta a una solicitud reconoció una renuncia y un despido en la dirección regional de Monterrey, y tres renuncias y un despido en la dirección regional de Torreón.
El economista Francisco Antonio Serrano asegura que se deshicieron las oficinas de NAFIN en Saltillo y mandaron a la gente a Torreón, pero únicamente llegaron dos o tres personas.
“El gobierno anunció cosas que de entrada se sabía que no iba a cumplir y que no podía cumplir; el estilo del presidente siempre fue primero abrir la boca y después ver si era posible”, critica Serrano.
Además, las supuestas mudanzas de Monterrey a Torreón y de la Unidad de Promoción no parecen haber impactado en el movimiento, pues la oficina de NAFIN ubicada en la calle Abasolo del Centro de Torreón, suele tener muy poco dinamismo y se observó pocos empleados en varios recorridos realizados.
No solo eso, las supuestas mudanzas contrastan con el presupuesto de la oficina en Torreón, el cual ha ido en picada en este sexenio.
Según respuesta a una solicitud, el presupuesto asignado a la oficina de Torreón pasó de 940 mil pesos en 2019 a 472 mil 484 pesos en 2023, prácticamente la mitad.
Además de las reducciones, la constante de 2019 a 2022 fue el subejercicio del presupuesto. En 2019, por ejemplo, no se ejercieron 323 mil 490 pesos de los 940 mil que se presupuestaron. En 2022 se presupuestaron 840 mil pesos, pero se registró un subejercicio de 526 mil 197 pesos, el 62.6% del presupuesto asignado ese año.
No por nada el economista Francisco Antonio Serrano refiere que todo se fue a Torreón, pero “recortado”.
Este reportero intentó entrar a las oficinas de NAFIN en Torreón para hablar con encargados del lugar u obtener una cita de entrevista con Jesús Domingo González Arizpe, el encargado en Coahuila de NAFIN, pero los guardias de seguridad de las oficinas le impidieron el acceso. Fue después de un segundo correo a González Arizpe que se tuvo comunicación con Hugo Loya de NAFIN en Ciudad de México y entregó información sobre los créditos entregados en Coahuila y las versiones estenográficas de cuando el presidente se ha referido a la descentralización de dependencias.
En la página de NAFIN continúa la dirección Regional Noreste de Monterrey con una cabeza.
Anteriormente existían consultores en cada estado que dependían de NAFIN, ahora cambió el esquema, refiere María del Carmen Reyes, encargada de la comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex Laguna.
NAFIN, como banca de desarrollo, siempre tuvo dos áreas fuertes: la parte de capacitación, asesoría y acompañamiento, y la parte de productos financieros.
“NAFIN tomó un rol de capacitación, muy entendible porque un gobierno nuevo lo primero que quiere es que sus organizaciones vayan por el rumbo que el nuevo gobierno quiere. Las capacitaciones son un instrumento excelente para estas cuestiones”, comenta el economista e investigador Francisco Antonio Serrano.
En ese sentido, dice que la Nacional Financiera se convirtió en un brazo capacitador de actividades de poco valor agregado.
“Básicamente el rol de dar dinero, o poner el dinero en el sistema, lo perdió y se lo dejó a los bancos”, comenta Serrano.
Al no haber una banca de desarrollo que se supone puede ser un poco más laxo, la gente se fue a buscar préstamos a la banca comercial, fenómeno que en el CCI Laguna lo han detectado en el tema de la vivienda, respalda Luis Alfredo Medina.
María del Carmen Reyes agrega que aunque sea una banca de desarrollo, no existe manera de poder colocar un producto diferenciado simplemente porque no está la posibilidad.
Al inicio de esta investigación, Semanario pidió el estatus de mudanza de las oficinas de NAFIN y esta respondió que se había solicitado el estudio y contratado a la empresa Newark Knight Frank. A partir de entonces el camino para obtener el contrato y el gasto realizado por dicho estudio, ha sido un laberinto.
NAFIN negó repetidamente contar con el contrato y con los pagos, pero sí tener el estudio realizado. Después de dos recursos de revisión, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) revocó las respuestas de NAFIN y pidió entregar la información.
Sin embargo, NAFIN declaró inexistente la documentación de pagos y contrato con Newark Knight Frank, a pesar de reconocer que se había contratado y se tenía el estudio.
En la respuesta donde declaró la inexistencia, NAFIN informó que quien contrató a Newark Knight Frank fue el proveedor de servicios inmobiliarios Plaza Insurgentes Sur S.A
de C.V
, una empresa subsidiaria de NAFIN. Y como es una sociedad civil, no tiene obligación de entregar información pública.
Plaza Insurgentes Sur S.A
de C.V
tiene como objetivo proporcionar a la institución servicios inmobiliarios a través del arrendamiento de espacio y mobiliario, así como adaptación de oficinas, según los mismos informes de NAFIN.
Es decir, NAFIN es socio mayoritario de su propia inmobiliaria y ésta, además, es dueña del inmueble denominado “Conjunto Plaza Inn”, sede de NAFIN en Ciudad de México.
Relocalizar a NAFIN a Torreón no solo hubiera significado un gasto, sino que también hubiera significado una pérdida para la propia subsidiaria de NAFIN al dejar de utilizar el inmueble en Plaza Inn.
La contratación de esta sociedad inmobiliaria está protegida por el artículo 88 de la Ley de instituciones de Crédito que prevé que las instituciones de banca de desarrollo como NAFIN pueden invertir en títulos representativos del capital social de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a las oficinas de las instituciones.
En agosto de 2023, el periodista Mario Maldonado publicó en El Universal una columna donde señala a Plaza Insurgentes Sur S.A
de C.V
como el vehículo para que funcionarios de la banca de desarrollo hagan negocios con dinero público. Según Maldonado, la inmobiliaria ha recibido recursos por más de mil millones de pesos en esta administración federal.
Y es cierto. En 2019, por ejemplo, adjudicó de manera directa un contrato multianual (2019-2022) de 514.8 millones de pesos (sin IVA) y en 2022 se repitió otro multianual de 500.1 millones de pesos.
Los contratos refieren “servicios inmobiliarios integrales” y abarcan trabajos no solo en la matriz, sino también en las regiones, incluido, por ejemplo, conseguir las oficinas en Torreón.
Sin embargo, como señala Maldonado en su columna, estos recursos son imposibles de auditar por tratarse de transacciones entre particulares.
Según los contratos, a Plaza Insurgentes Sur le encomiendan trabajos de arrendamiento, mantenimiento, servicio de limpieza, proyectos arquitectónicos, suministro de equipo, entre otros más.
Por ejemplo, en la justificación del contrato de 2019, se establece que la oficina matriz requiere de 24 mil metros cuadrados, una exigencia que difícilmente se habría cumplido en el corto plazo en Torreón.
“El mover un organismo de estas dimensiones con las complicaciones que tiene para los empresarios y el grado de financiamiento, tiene que estar en un centro neurálgico, tiene que estar en la Ciudad de México. Se dieron cuenta que era muy difícil traer a la gente aquí para hacer un trámite con NAFIN”, comenta el presidente de Coparmex Laguna, Jorge Reyes.
Aunque María del Carmen Reyes refiere que más allá de una relocalización de infraestructuras físicas, se trata de si hay o no hay presupuestos en los programas.
“La realidad es que muchos de esos programas dependían de fideicomisos que se erradicaron. Más allá que quieras cambiar y poner un edificio donde no tengas algo qué ofrecer ni cómo colocar, para qué lo quieres, no importa si está en México o Chetumal”, critica.
La expectativa, añade, era que se diera al menos continuidad con los programas de incentivo y de financiamiento para todos los sectores: mujeres, jóvenes, tecnologías de la información.
Pero esto no sucedió.
Al final, como dice el economista Francisco Antonio Camarena, NAFIN fue solo parte del paquete de cosas que se dijeron que se iban a hacer y no se hicieron.
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