Author: Octavio Rivera
Por Octavio Rivera
septiembre 23, 2019 | 4:40 pm
INTRO: A principios de julio de este año, el activista Juan Manuel Ramos y otros representantes de la sociedad civil de Monterrey, exigían con vehemencia a la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León que investigara al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por presuntos actos de corrupción. Unos días después, un vehículo de la familia de Ramos fue incendiada… ¿Atentado? Hasta ahora, las autoridades de ese estado no han llegado a una conclusión en ninguno de los dos casos, ni en el del incendio del vehículo ni en las denuncias por corrupción contra El Bronco.
La mañana del 19 de julio Juan Manuel Ramos recibió una llamada urgente. Le avisaron que una camioneta de la familia, estacionada fuera de la casa familiar, estaba en llamas. Policías y bomberos de Monterrey que llegaron al lugar a atender la emergencia le dijeron que el fuego había sido provocado.
Ramos, director y vocero de la organización Redes Quinto Poder, no necesitó muchas cavilaciones para concluir que se trataba de una amenaza, de un mensaje y de que el destinatario era él.
El activista acumulaba ya varios días presionando con insistencia al gobierno del estado para que explicara un aumento de 144 por ciento en el salario de la suegra de Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León.
El aumento se habría producido en un periodo de apenas 14 meses, de los cuales, María Teresa Martínez Galván, la suegra de El Bronco, había estado de licencia.
La mujer habría dejado de trabajar esos 10 meses para buscar la candidatura y luego competir por la alcaldía de Santa Catarina.
Pero perdió la elección y volvió a su puesto de coordinadora en la Secretaría de Seguridad Pública del estado, sólo para disfrutar unos meses de un aumento que llevó su salario de 28 mil 789 pesos a 70 mil 236 pesos, poco antes de una jubilación sospechosamente rápida que le permitiría calcular su pensión con el nuevo sueldo.
Los esfuerzos de Ramos y otros promotores de la transparencia y la rendición de cuentas en Monterrey por obtener del gobierno estatal una explicación a un tema que rápido cobró interés nacional, están siendo respondidos con estrategias “leguleyas”, según el propio Juan Manuel Ramos, que buscan retrasar y obstruir el acceso a la información.
El incendio de la camioneta de la familia Ramos es un ataque que se suma a un caudal de agresiones, amenazas e incluso de ataques fatales en contra de periodistas y activistas que han nublado en meses recientes el panorama de libertades en México.
El Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB) elaboró este texto para difundir y reconocer la contribución a la transparencia y la rendición de cuentas de Juan Manuel Ramos y todos los miembros de Redes Quinto Poder.
También, para subirse a la ola de solidaridad que han recibido él y su familia en Nuevo León y otras partes del país.
Por último, el BCJB se suma con toda convicción a la exigencia de que el gobierno de Nuevo León castigue a los responsables de la agresión y permita a la Fiscalía del Estado investigar y explicar a cabalidad las presuntas irregularidades con las que se ha vinculado a María Teresa Martínez Galván, la suegra del gobernador.
Redes Quinto Poder se funda en mayo de 2012. La idea fue de Juan Manuel Ramos, y era simple: utilizar las redes sociales para hacer viral contenido que visibilizara casos de corrupción.
Las elecciones presidenciales de 2012 y el boom que provocaron en las redes sociales, construyeron el momento adecuado para una iniciativa de esa naturaleza.
Pensábamos en ese momento que entre más difundidos fueran los actos de corrupción menos iban a ocurrir. Pero nos equivocamos, no era así en ese momento y sigue sin ser así ahora”, dice Ramos en entrevista telefónica.
De acuerdo con el director y vocero de la organización, mientras han avanzado iniciativas de transparencia y rendición de cuentas en el país, se ha ido acentuado la falta de Estado de Derecho y se ha incrementado la impunidad.
Hoy, como cuando surgió la iniciativa, reconoce el activista, son contados los casos de corrupción que han culminado con una sanción judicial.
Ramos ha llegado a pensar que la denuncia, a veces, es contraproducente, porque la revelación de un hecho de corrupción que no se castiga genera una especie de normalización en la gente que empieza a pensar que ningún delito recibirá castigo.
Redes Quinto Poder comenzó a crecer en seguidores, a tener cada vez mayor impacto en su audiencia y sus miembros empezaron a considerar la pertinencia de salir del mundo digital, de ir por algo más grande y tangible.
En 2013 y 2014 la organización descubrió que el municipio de Monterrey había adquirido una aplicación móvil en 8 millones de pesos. Era a todas luces un robo, por el sobrecosto, y sus miembros decidieron compartir la información con un periodista local. La nota fue una bomba.
Ese periodista los convenció de que era momento de agregar a sus actividades el activismo más tradicional y Juan Manuel Ramos y su equipo lo hicieron: estrecharon sus vínculos con otras organizaciones de la sociedad civil, con los medios de comunicación, dejaron el ciberespacio y salieron a la calle.
En 2012 decidió dejarlo todo y entregarse al 100 por ciento a su organización.
Dos hechos lo hicieron tomar la decisión.
El primero fue el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey a manos de militares, ocurrido en marzo de 2010. Ese doble homicidio puso fin, de la manera más trágica, a la creencia, profusamente esparcida por gobiernos de cualquier color, de que sólo la gente mala se moría por asuntos del narcotráfico, dice Ramos.
El segundo hecho que lo convenció fue tomar un diplomado en Derechos Humanos y seguridad ciudadana que le aportó un entendimiento profundo de la importancia de gozar de una vida de derechos.
Así, de pronto, todo en su vida empezó a ser Facebook, Twitter y un sitio en Internet, y mucha, mucha información.
Desde su fundación y hasta hoy, Redes Quinto Poder ha sobrevivido esencialmente con aportaciones de Ramos, quien se ha convertido en consultor en materia de transparencia, experto en manejo de redes sociales ajenas que se multiplican lo suficiente para dejarle algo de dinero y en conferenciante recurrente aquí y allá.
Con lo que gana cubre los gastos de la organización y lo que han logrado hasta hoy en materia de transparencia ha ido produciendo pequeños donadores que quieren contribuir y han dado aire y viabilidad a lo que hacen.
En 2015 se convirtieron en la primera organización en México que transparentó, en alguna medida, una elección estatal. Los comicios estatales ocurrieron el 7 de junio de ese año y en ellos fue elegido el gobernador (Rodríguez Calderón), 51 alcaldes y 42 diputados locales.
Redes Quinto Poder desarrolló la capacidad de medir y evidenciar tendencias manipuladas en Twitter, antes de que la propia Twitter estuviera dispuesta como empresa a ventilar esos temas y admitir esas prácticas, de acuerdo con Juan Manuel Ramos.
También fueron testigos del primer llanto de las hoy omnipresentes Fakenews.
Redes Quinto Poder fue testigo de, y luego mostró al público, los primeros combates entre aspirantes de diferentes corrientes, armados con denuestos, mentiras y golpes bajos construidos a punta de “billetazos” en el ciberespacio de la política mexicana, frente a una autoridad electoral que parecía no tener idea de lo que pasaba, ni capacidades para ponerle un alto.
No pocos medios en el estado empezaron a replicar la información de Redes Quinto Poder, que pronto desarrolló la capacidad de mostrar las tendencias manipuladas en redes sociales prácticamente en tiempo real.
El ejercicio atrajo las entrevistas, incluidas algunas con medios tan importantes como The Guardian, que buscaban entender y difundir en otras latitudes los ejercicios de transparencia impulsados esta organización.
Animada por los buenos resultados, la organización se propuso consolidarse en 2018 como una organización reconocida a nivel nacional por su trabajo en favor de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de gobierno.
Con ese propósito, en septiembre de 2015 Redes Quinto Poder puso en operación una plataforma digital capaz de dar seguimiento al trabajo de todos los legisladores del estado, verificando su asistencia a las sesiones del Congreso local y monitoreando el uso de sus recursos.
La plataforma, bautizada como Curul 43, en referencia al asiento en el parlamento de 42 diputados que correspondería al ciudadano común, ocasionó serios desencuentros con los legisladores exhibidos, que lo único que hicieron con sus quejas fue comprobar la efectividad de la plataforma.
La iniciativa dio lugar a un sinnúmero de solicitudes de información a través de los mecanismos de transparencia, que echaron un poco de luz sobre el opaco gasto legislativo y también a iniciativas de ley concretas para combatir esa opacidad.
En agosto del año pasado, definidos ya los integrantes de la LXXV legislatura, electa para el periodo 2018-2021, Redes Quinto Poder invitó a los nuevos diputados a firmar un decálogo de buenas prácticas legislativas. La mayoría firmó contento.
Pero cuando Curul 43 presentó los resultados de su primera evaluación a las ocho bancadas de la actual legislatura, el contento en muchos diputados desapareció y dio lugar a nuevos desencuentros.
En septiembre presentarán los resultados de su segunda evaluación.
A finales de junio pasado el periódico El Norte de Monterrey publicó que María Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, había recibido un aumento de sueldo de alrededor 144 por ciento.
Sus ingresos como coordinadora en la Secretaría de Seguridad Pública del estado habrían pasado de 28 mil pesos, en abril de 2017, a 70 mil pesos en junio de 2018.
A la inusual velocidad con que aumentó el sueldo de “Doña Tere” se sumó otro ingrediente que aumentó la suspicacia original.
De los 14 meses previos a la publicación de El Norte, en 10 de ellos la suegra de El Bronco había pedido licencia, primero para colectar firmas para ser candidata y luego ya en campaña para buscar hacerse con la alcaldía del municipio de Santa Catarina. Al final, perdió la elección.
El 1 de julio, tras las revelaciones de El Norte, Redes Quinto Poder y otros colectivos en Monterrey pidieron al gobierno del estado a través de una solicitud de transparencia toda la información que explicara el aumento vertiginoso del sueldo de la suegra del gobernador.
Además, presentaron una denuncia ante la fiscalía anticorrupción para que sancionara cualquier irregularidad en el tema.
La respuesta a la solicitud de información llegó varios días después, con una sorpresa.
La dependencia estatal que dio respuesta negó la información, argumentando que Doña Tere ya no era empleada del gobierno, como se referían a ella en la solicitud de información. La señora se había pensionada ya, también en un sospechoso proceso fast-track.
Redes Quinto Poder y organizaciones amigas exigieron entonces a la fiscalía que incluyera en sus investigaciones el procedimiento de jubilación exprés de Doña Tere.
Si la exfuncionaria se hubiera jubilado con base en el sueldo que ganaba en 2017, el monto de su pensión rondaría los 15 mil pesos. Con el sueldo que se le aprobó con agilidad increíble, podría superar los 30 mil pesos mensuales.
Ramos y sus organizaciones amigas enviaron nuevamente la solicitud de información, ahora refiriéndose a la suegra del gobernador como “exempleada”.
La respuesta llegó el 24 de julio pasado y mostró con contundencia la calidad del compromiso del gobierno de Nuevo León con la transparencia: reservaron la información argumentando que el tema era parte de una investigación judicial en curso.
La reserva, de acuerdo con Redes Quinto Poder, no puede utilizarse cuando la solicitud de información está relacionada con potenciales violaciones a los derechos humanos o en casos que puedan involucrar actos de corrupción.
“Deben estar inventando documentos que no existían. Van a recurrir a argumentos leguleyos para pelear”, dice Ramos. Primero, para justificar igualmente el proceso para pensionarla en apenas un abrir y cerrar de ojos.
Video de El Norte
El viernes 19 de julio, alrededor de las 6:30 de la mañana, Juan Manuel Ramos recibió una llamada. Le avisaron que una camioneta de la familia estaba en llamas en la calle, frente al domicilio familiar, el mismo que aparece en su credencial para votar, en su licencia de conducir y en varios más de sus documentos oficiales.
Al lugar llegaron rápidamente los bomberos y policías de Monterrey y estatales. Varios de los agentes que intervinieron comentaron a Ramos y a sus familiares que el incendio había sido provocado.
Amigos cercanos recomendaron a Ramos ponerse en contacto de inmediato con la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19.
Ramos no quería esconder la cabeza, pero menos quería exponer a su familia. Artículo 19 emitió una alerta y en los siguientes dos días Ramos fue entrevistado en varias estaciones de radio y El Norte le dedicó al tema su primera plana.
Al tanto de lo sucedido, la diputada de Morena, Tatiana Clouthier invitó a Ramos a que ocupara su lugar en una sesión del Congreso federal en la que se discutiría una nueva ley para protección de periodistas y activistas de derechos humanos.
Ramos se presentó a la sesión y después presentó denuncias por el hecho ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y presentó una queja contra el estado de Nuevo León ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
A todos esos procedimientos se había sumado ya una denuncia presentada por uno de sus familiares, contra quien resulte responsable, por el incendio a la camioneta.
5:00 am
septiembre 10 | 2019
Leave a Reply