Author: Eduardo Jaramillo Castro
Por Eduardo Jaramillo Castro
abril 27, 2023 | 6:01 am
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Entre 2019 y 2021 el gobierno de Tijuana remató 4 mil 397 autos abandonados en los depósitos concesionados que hay en el municipio, pero estos fueron adquiridos, en muchos de los casos, por los mismos concesionarios, aunque con una ventaja: pagaron aproximadamente sólo una tercera parte de su precio en el mercado como chatarra, de acuerdo con un análisis hecho con información entregada vía transparencia.
Y este no es el único beneficio con el que cuentan, ya que los concesionarios responsables de las grúas y el depósito de los autos en Tijuana se condonan a sí mismos los pagos por almacenar los vehículos que compran.
“Al final, si se hace la venta, gran parte de ese dinero se le paga al concesionario, entonces él ya no ocupa pagar (el concepto de almacenamiento)”, dijo Raymundo Vega Andrade, tesorero del XXIV ayuntamiento de Tijuana.
Esta situación cambia si eres un ciudadano de a pie que quiere adquirir el lote, ya que en las convocatorias de remate se exige cubrir el pago por conceptos de arrastre, almacenamiento y maniobras a favor de los concesionarios y del municipio, hasta el día de la adjudicación.
Con la puja, el postor cubre al municipio el crédito fiscal que se generó al no ser reclamado el vehículo, pero queda pendiente el pago por el tiempo de almacenamiento a la concesionaria.
En promedio un vehículo chatarra tiene un valor de 6 mil pesos en el mercado, de acuerdo con una consulta realizada a la empresa Eco Recycling, dedicada a la compra de autos chatarra para el reciclaje.
El Departamento de Carrocería de la empresa, encargada cotizar el precio de los vehículos ofertados, valuó cinco vehículos de los listados de subastas. Un Nissan Sentra 1993 en 4 mil pesos; Chrysler Town Country 2004 en 7 mil pesos; Chrysler PT Cruiser 2004 un valor de 6 mil pesos; Toyota Solara 2000 en 5 mil 500; y Chevrolet Blazer 1990 con un precio de 7 mil pesos.
Los valuadores de la empresa consultados especificaron que el precio se basa en su peso, año y modelo. En caso que los modelos sean del 2005 en adelante, su valor mínimo es de 8 mil pesos por unidad.
Si este costo aproximado de 6 mil pesos se tomara en cuenta al momento de las subastas, de 2019 a 2021 estos procesos habrían dejado alrededor de 26.3 millones de pesos en ganancias para el Municipio, pero el monto real apenas se acerca a los 8.1 millones de pesos, según los datos analizados de la información entregada por transparencia.
A pesar de esta diferencia en los ingresos, algunos funcionarios consideran que la función del gobierno no es obtener una utilidad.
“El Ayuntamiento no tiene un fin de lucro propiamente, busca recuperar lo que se le adeuda, no hacer negocio o generar más”, dijo sobre los precios bajos el recaudador de la Tesorería municipal, José Manuel Grijalva.
Grijalva explicó que el municipio se limita a cobrar un crédito fiscal, que se genera después de 45 días de no ser reclamado el vehículo remolcado por el Ayuntamiento, contemplado en el artículo 101 del Reglamento de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos del municipio de Tijuana.
Y aseguró que para determinar el valor del vehículo rematado se toma como base “el valor fiscal y no el valor comercial de un vehículo”, el cual es fijado por un perito valuador.
“El monto del crédito fiscal va a variar, ya que no todos cometen la misma infracción, inclusive puede llegar a no cubrirse todo con el valor del vehículo”, añadió el funcionario.
No obstante, expertos en el sector automotriz y valuadores opinan que los precios bajos y el proceso de remates están diseñados para beneficiar nada más a los concesionarios.
“Es puro fraude”, dijo sobre el proceso público de remates José Asunción Rábago, presidente de la Asociación de Yonkeros de Tijuana, y miembro de la Cámara Nacional del Comercio, Canaco, en Tijuana.
El comerciante, quien se dedica a la compra de carros usados para venderlos en partes, relató que en 2019 participó en una convocatoria para el remate de alrededor de 150 vehículos por un monto inicial de 300 mil pesos y lo ganó al ofrecer 320 mil pesos, es decir, cada unidad la obtendría por un costo promedio de 2 mil 100 pesos.
Pero al acudir al depósito de autos para recoger las unidades, le notificaron que debería pagar 500 mil pesos más por el tiempo que estuvieron en resguardo de la concesionaria. Ese cobro elevó el precio promedio a unos 5 mil 500 pesos por unidad, por lo que finalmente desistió de la compra.
“Es un ‘cochupo’ para que al final de cuentas la concesionaria se quede con los carros, no es para que los vendan al mejor postor”, señaló el empresario.
Y es que, efectivamente, en las convocatorias de los remates publicados en medios impresos, se indica que los ganadores tienen que cubrir el costo de los adeudos por el tiempo que los vehículos estuvieron en los depósitos.
Por ejemplo, la convocatoria del 05 de septiembre de 2019 especifica que el ganador debe pagar 4.7 millones de pesos a la concesionaria Grúas Martinez S.A
. de C.V
. por adeudo de almacenamiento de los vehículos, independiente del c lo osto por los 237 automóviles rematados, pero esto significa que cada unidad tendría un costo, en promedio, superior a los 20 mil pesos.
Esta situación genera que este negocio no resulte redituable para compradores externos, a quienes no se les condonan estos cobros, a diferencia de los concesionarios.
Además, Rábago explicó que otra desventaja para los compradores externos es que no tiene acceso para revisar las condiciones de los vehículos, mientras que los concesionarios sí.
Aunque al parecer las reglas de este negocio son difusas, de 2019 a 2021 es claro que los costos de los autos rematados estuvieron excesivamente por debajo de un monto competitivo.
En estos tres años se remataron 29 lotes, con un promedio de 150 vehículos cada uno, y en ningún caso se superaron los 2 mil 500 pesos, en promedio, por auto, según la revisión de las facturas que se hizo para este reportaje.
Estos vehículos, que ya tenían más de 45 días en los corralones, y que se vieron envueltos en accidentes, infracciones de tránsito o simplemente fueron abandonados por sus propietarios, se subastaron, en promedio, en tan solo mil 850 pesos, lo cual representa menos de una tercera parte de los 6 mil pesos por vehículo chatarra que actualmente predomina en el mercado de Tijuana, de acuerdo con los precios obtenidos en tres cotizaciones.
Raymundo Vega, titular de la Tesorería Municipal, confirmó que efectivamente, en muchos de los casos, son las mismas concesionarias quienes compran las unidades como una forma de “recuperar el dinero” por haber tenido en resguardo los autos.
“La compañía de arrastres promueve que se dé el remate, porque ahí tiene una inversión y los autos no recogidos generaron arrastre y los días de estancia a veces ya son impagables”, explicó Vega.
Las concesionarias pueden hacer la petición del remate al departamento de arrastre y almacenamiento y al recaudador del Ayuntamiento, de acuerdo al artículo 60 del Reglamento de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Tijuana.
Una vez lanzada la convocatoria en el Periódico Oficial del estado, y publicada en un periódico impreso, “cualquier ciudadano puede registrarse y comparecer ante un remate […] es un evento público”, dijo el recaudador municipal.
Sin embargo, son las mismas concesionarias quienes terminan adquiriendo los vehículos de estos lotes, en los cuales muchas veces hay autos con características que elevarían su valor notablemente.
Por ejemplo, el monto final del remate del 10 de agosto de 2021, en el que encontraban 123 unidades, apenas fue de 249 mil 200 pesos, es decir, cada auto se vendió, en promedio, en 2 mil 026 pesos, pero entre ellos estaba un Nissan Sentra color blanco modelo 2010, un Mitsubishi modelo 2014, una motocicleta Vento 2020 y un Volkswagen Golf 2010, entre otros, estas unidades que tienen un valor comercial aproximado como chatarra de 738 mil pesos.
José Manuel Grijalva señaló que una vez adquiridas las unidades, estás pueden registrarse a un particular como propietario y volver a circular, si las condiciones del vehículo lo permiten, pero “la mayoría son vehículos que ya no tendrán un uso cotidiano, y por eso se tiene la creencia que solo son utilizados para partes”, indicó.
Apenas en octubre de 2022, el Reglamento de Arrastres y Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Tijuana fue reformado para que las mismas concesionarias tuvieran la facultad de solicitar los procesos de remates, con este cambio, ya no es sólo la Subdirección de Arrastre y la Secretaría de Gobierno Municipal quienes pueden presentar estas solicitudes ante la Recaudación de la Tesorería Municipal.
A pesar de que en la norma está claro que la Subdirección de Arrastre y Almacenamiento es la encargada de los procedimientos administrativos de la adjudicación y remate de los vehículos, así como de revisar los listados que presentan las concesionarias para ser rematados, no existe en la ley ningún apartado en el que se establezcan los periodos, las reglas y los procedimientos, al pie de la letra, que se tienen que seguir durante un remate.
De hecho, a pesar de esta reforma, la actual administración apenas realizó el 24 de marzo el primer remate en casi dos años, por lo que continúan acumulándose los vehículos y el rezago en la recuperación de los créditos fiscales.
Desde el 2021 no se realiza ningún remate de autos no reclamados por sus propietarios, cuyo valor oscilan entre los 20 mil a 25 mil pesos por unidad, y supera adeudos entre los 400 mil y 500 mil pesos, declaró el síndico procurador del Ayuntamiento de Tijuana, Rafael Leyva, el pasado 26 de julio.
Para Vicente Sánchez, investigador de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), hay una pérdida de recursos públicos al no agilizar la gestión de los remates porque las unidades se deterioran con el paso del tiempo y al mismo tiempo incrementa el adeudo por el almacenamiento. “Debe cumplirse la regla mínima que si no ganas por lo menos no le pierdes”, aseguró.
De los 6 mil 500 vehículos que se encuentran en los corralones, hasta el mes de marzo del 2023, hay 3 mil vehículos que podrían ser puestos a los remates, informó la sindicatura en una solicitud de transparencia.
Pero si se continúa con este esquema de venderlos en un promedio de apenas mil 850 pesos, el Ayuntamiento apenas obtendría una ganancia de 5.5 millones de pesos, una cifra muy por debajo de los 18 millones de pesos que se podrían generar si se tomara en cuenta el precio de 6 mil pesos que hay en el mercado y se deja de vender, principalmente, a las concesionarias con costos tan bajos.
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