Author: Sofía Calvillo López
Por Sofía Calvillo López
noviembre 30, 2022 | 10:36 pm
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
En 2020 el gobierno de Sonora gastó la mitad del presupuesto total asignado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Sonora en compras a una empresa para equipo que, según organizaciones de madres buscadoras, no ha servido para hallar a sus desaparecidos.
En cuatro contratos, la administración de Claudia Pavlovich dio 18 millones 952 mil pesos a La Casa del Criminalista, una empresa con sede en el Estado de México, para comprar un georradar, software, laboratorios móviles y cámaras barostópicas.
“Sabemos que tienen máquinas y todo eso, pero no las usan”, señala Milagros Flores Armenta, buscadora y líder del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora. “Creo que el dron que tienen ahorita ni siquiera sirve; tienen georradar, que en sí no ayuda mucho en las localizaciones de fosas clandestinas y una máquina que saca cinco perfiles de ADN en dos horas, pero no la pueden utilizar porque no pueden ellos procesar los cuerpos”.
A la fecha, las mujeres rastreadoras que buscan a sus desaparecidos en la entidad todavía lo hacen con picos y palas, pues aseguran no haber visto este equipo en sus expediciones.
En el Presupuesto de Egresos 2020 aprobado por el Congreso del estado no se especificó el monto destinado a la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora –dependiente de la Secretaría de Gobierno–; sin embargo, en una solicitud de información con folio 00556221, la secretaría afirma que se “asignó un presupuesto de $40,244,824.31, el cual fue ejercido en materiales y suministros para búsqueda, maquinaria y equipo para búsqueda como geo-radar, dron, etc., automóviles y camiones, viáticos, software para búsqueda, bienes informáticos, mobiliario, capacitaciones, recurso humano, materiales de oficina y de limpieza”.
Para el año siguiente, la Secretaría de Gobierno de Sonora solicitó menos de tres millones de pesos para la operación de la Comisión de Búsqueda.
En la respuesta a solicitud de información no se especifica si el total gastado en 2020 contenía aportaciones federales, las cuales sumaron 14 millones 887 mil pesos como parte del Convenio de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas y cuyos lineamientos especifican que el gasto debe hacerse sólo para el fortalecimiento de las capacidades de búsqueda de las comisiones estatales.
José Luis González Olivarría era el comisionado Estatal de Búsqueda, pero sin dar explicaciones, en un breve comunicado de tres párrafos el Gobierno de Sonora informó sobre su salida en septiembre.
Meses atrás, en febrero, el hoy ex comisionado mostraba el georradar que la Secretaría de Gobierno había comprado por un monto de 3 millones de pesos, IVA incluido. Estaba en Puerto Peñasco, en la Brigada Internacional de Búsqueda.
“El funcionamiento de éste (aparato) es que emite señales al interior del subsuelo en la medida en que nosotros le pidamos porque tiene diferentes profundidades en las que trabajamos”, describía.
“Nos detecta que pudiera haber algo. No nos dice exactamente que hay un cuerpo semi o enterrado, pero sí nos dice que hay algo y, por lo cual, debemos utilizar otro tipo de mecanismos o herramientas para poder introducir hasta ese lugar y verificar qué es lo que nos ha detectado esta tecnología”.
Ese día el georradar sólo localizó unas latas de cerveza enterradas.
Desde ese febrero, al cierre de agosto de 2022, sólo ha sido encontrado el cadáver de una persona, de acuerdo con el Registro Nacional de Búsqueda de Personas.
El georradar fue parte del primer contrato asignado a La Casa del Criminalista como parte de la Licitación Pública Internacional Abierta número LA-926001991-E2-2020. En el documento se especifica la compra de un Georradar de Penetración con GPS de la marca Sensor & Software con un precio de 3 millones 99 mil 253 pesos con IVA, así como un Software de Mapeo y Análisis Celular de la marca Secure Cube valuado en un millón 914 mil pesos, IVA incluido. En total se otorgaron poco más de 5 millones de pesos.
Los documentos de dicha licitación no se encuentran disponibles en el portal de transparencia de contratos públicos gubernamentales de Sonora (Compranet-Sonora).
Los recursos con los que se compró el aparato y el software, dice el contrato, provienen de los 14 millones que el gobierno federal dio a Sonora para equipamiento de su Comisión Estatal de Búsqueda.
La empresa Máster Detector, Detectores de Metales, distribuidora de la marca de este dispositivo y ubicada en Monterrey, realizó una cotización del georradar Noggin 250 a un precio de 645 mil pesos, mientras que el artículo de una generación más avanzada, Findar System, fue cotizado a un precio de 801 mil 328 pesos con IVA incluido. A precios de 2022.
Para que el Georadar Nogging 250 funcione, requiere de un software License valuado en 148 mil 900 pesos, un precio contrastante con el millón 650 mil pesos que gastó la Comisión Estatal de Búsqueda en Sonora para complementar el equipo.
Para un segundo contrato derivado de la licitación LA-926001991-E4-2020, la Casa del Criminalista nuevamente fue seleccionada, ahora para desarrollar e implementar un sistema web para la identificación de personas desaparecidas con un precio, con IVA, de un millón 192 mil 480 pesos.
Tres meses después, la empresa del Edomex ganó un contrato más. El 28 de octubre de 2020 se falló a su favor en el concurso LA-926001991-E5-2020 para la adquisición de materiales, suministros y bienes muebles para la Comisión Estatal de Búsqueda.
En esta licitación, el contrato celebrado para la empresa fue de un millón 27 mil 761 pesos, monto total por la venta de dos sistemas de iluminación marca Rite Lite/ uK SLK 10 LEd/L2x2, con un precio de 76 mil 561 pesos, así como dos cámaras para pozos, baroscopio para 120 metros con cámara rotativa, de la marca OEM/ Hong Kong BM100, con un precio de 742,400 pesos, además de una torre de iluminación móvil de la marca Rite Lite/Uk SLK 45 LED con un precio de 208,800 pesos.
Finalmente, el 8 de diciembre del 2020 se comunicaron dos fallos más a favor de la empresa. El primero de ellos, por 8 millones 50 mil 400 pesos derivados de la licitación LA-926001991-E7-2020 para la adquisición de laboratorios móviles forenses y kits operativos para búsqueda, intervención y procesamiento de fosas clandestinas para la CEB.
El segundo de los contratos equivalió a 11 millones 716 mil pesos y fue para la compra de: Software de gestión y administración de información para el análisis contextual de casos de personas desaparecidas con módulo de reconocimiento facial; plataforma forense de tatuajes, plataforma digital para el análisis forense de tatuajes y señas particulares; mecanismo para seguimiento y gestión de protocolo homologado para atención de casos de personas desaparecidas; APP web de denuncia y atención a víctimas; integración, diseño, desarrollo e implementación de app web para la denuncia de desaparición de personas y atención inmediata a familiares, y banco estatal de datos (diseño, desarrollo e implementación del banco estatal de datos y acceso a la información sobre desaparición de personas y fosas clandestinas).
Para corroborar la existencia de los productos adquiridos se solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la comprobación mediante imágenes.
El 14 de octubre del presente año, la Secretaría de Gobierno de Sonora solamente respondió al requerimiento con facturas de compra.
Por otro lado, para obtener más detalles sobre los equipos, se buscó al ex comisionado de búsqueda, al doctor José Luis González Olivarría sin éxito. Se localizó al ex secretario de Gobierno en la administración de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Miguel Pompa Corella, para obtener una entrevista.
Pompa Corella señaló que no tenía mayor información sobre las compras, ya que Martha Olivia Murrieta, quien en ese entonces desarrollaba funciones como coordinadora general de Administración y Control Presupuestal, a quien no pudo localizarle por ningún medio.
Por otro lado, se intentó establecer comunicación con Antonio Aveitua Tapia a través de su teléfono particular así como a los números de telefónicos de las sucursales de La Casa del Criminalista, sin tener respuesta hasta ahora.
Para las integrantes de los colectivos de búsqueda en Sonora, la adquisición de artículos tan costosos no representa un beneficio para su objetivo, ya que no los han visto en búsquedas en campo, aseguran.
Una de las primeras activistas que denunció la compra de artículos onerosos que no se utilizan, fue Ceci Patricia Flores Armenta, integrante de Madres Buscadoras de Sonora quien hoy pide que se investigue a la CEB por la falta de transparencia, así como por la no localización de su hijo, Marco Antonio.
“Esta comisión está dirigida por una persona apática, insensible y burocrática que nunca ha trabajado a la par con las víctimas, solamente con unas cuentas; solamente se la lleva maquillando los millones de recursos que dan para las búsquedas, en comprar tecnología que no utilizan, porque la tiene guardada”, dijo al referirse a quien entonces era el comisionado.
La líder de MBS señala que la CEB no realiza búsquedas por sí solos, ni localizaciones de personas en vida, únicamente cuando los colectivos salen a campo es cuando realizan el acompañamiento.
“No hacen búsquedas por sí solos ni localizaciones de personas en vida y cuando se les ha pedido el apoyo para devolver personas a sus estados, dicen que no tiene para apoyar cuando tienen millones de recursos que da el presidente para las búsquedas y podrían devolver a los familiares de vuelta a casa, los que están con vida”.
Ceci Flores Armenta reitera que no conoce el software para identificación de personas, así como el sistema web y los demás artículos adquiridos a La Casa del Criminalista.
“No los he visto, no sé para qué los tienen, se me figura que solamente están como para tapar gastos, algo a modo para decir que gastaron 8 millones, pero en realidad se gastaron 4, por decirte un ejemplo”, detalló.
Para Flores Armenta el gasto que ejerce la CEB para la localización de personas desaparecidas no incide para cambiar la realidad de las familias que viven en la angustia de tener a una persona sin localizar.
“Nosotros (los colectivos) somos los que hacemos el trabajo de la Comisión y ellos solamente se embolsan los recursos que da el presidente”, añadió.
En tanto Milagros Flores, también buscadora y líder del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora reveló que hasta ahora desconocen muchas de las funciones que realiza la CEB, ya que no han visto cifras de cuántos desaparecidos han localizado.
“Nosotros no tenemos, así como algo muy concreto donde la Comisión localice personas como en vida, como en campo; la verdad, nunca hemos visto el trabajo de ellos en la localización de cuerpos, casi nunca organizan búsquedas por sí solos, en las localizaciones en vida tampoco, una vez me respondió el comisionado que no le competía a la Comisión de Búsqueda”, dijo seriamente.
Milagros Flores dijo que las herramientas que tienen, ellas mismas las financian con sus recursos, además de que carecen de conocimiento de los artículos que la CEB posee, pues tampoco los han visto.
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