Author: Claudia Arriaga y Melva Frutos
Por Claudia Arriaga y Melva Frutosseptiembre 27, 2023 | 6:23 amEste reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.E
n México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), hasta el 2020, más de 60 mil niñas, niños y adolescentes fueron usuarios de los centros de alojamientos. Llegaron víctimas de delitos, por el desamparo o en un intento por cruzar la frontera con Estados Unidos.P
ara cuidarlos, los gobiernos de estos dos estados dispusieron de más de 186.9 millones de pesos en el 2022. Recurso que no se reflejó en mejorar la calidad de vida de los menores, pues durante ese mismo año ocurrieron fugas, reportes de agresiones y muerte de menores en los centros.M
ediante más de 100 solicitudes de información, esta investigación buscó transparentar el uso de los recursos que recibieron estas dos entidades que, parecen muy alejadas territorialmente, pero que comparten las fallas del sistema y mantienen en la opacidad casos de presunta negligencia.E
n Yucatán, por ejemplo, hubo inconsistencias por 12.9 millones de pesos en el presupuesto asignado en 2022 al único centro para menores que existe en la entidad, al mismo tiempo que las autoridades reportaban la fuga de menores del albergue.L
o anterior debido a que el DIF de Yucatán contestó en una primera solicitud de información con fecha del 4 de septiembre del 2022 que el presupuesto asignado para ese año al albergue fue de 15 millones 763 mil 225 pesos, pero en una segunda respuesta con fecha del 23 de enero de 2023, indicó que el presupuesto había sido de 2 millones 791 mil 115 pesos para el 2022, una diferencia de 12.9 millones que no explicaron.E
n Nuevo León, el albergue Fabriles -uno de los centros con mayor población en el estado-, contó con 28 millones 964 mil pesos en 2022 para la atención de las niñas, niños y adolescentes. Se trató de un incrementó del 112.9 por ciento en comparación con el 2021. Ese mismo año, el área de comunicación social informó de la muerte de Ángel y aseguró que la causa fue un dolor estomacal.T
ania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), expresó que estos centros no cumplen con su objetivo principal, que es unificar a las familias, tal como marca el artículo 27 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sino por el contrario, las separan.T
al es el caso de Ana y José, unos hermanos que fueron enviados a dos hogares de acogida diferentes en Yucatán, mientras su abuela lleva más de una década luchando por su guarda y custodia.D
el 2018 a 2022, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay, antes Prodemefa) atendió 880 expedientes relacionados con procesos de guarda y custodia, incluidos delitos cometidos contra menores.E
xisten dos formas para resolver la situación jurídica de los menores bajo la tutela pública: que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán determine el no ejercicio de la acción penal en contra de los tutores denunciados; o el otro camino es que el Estado obtenga la sentencia del juicio de pérdida de patria potestad. Sin embargo, pocos casos llegan a un siguiente paso, que es cerrar la carpeta de investigación.D
el 2018 a 2022, la Prodennay presentó 43 denuncias que fueron judicializadas contra madres y padres de familia acusados de ejercer maltrato, y representó 47 juicios de pérdida de patria potestad, pero no detalló el estatus legal de los otros 790 expedientes, de acuerdo con los datos entregados vía transparencia.U
na consecuencia es la demora para resolver los procesos. Por ejemplo, el DIF de Yucatán, también reveló en una respuesta obtenida por transparencia, que el menor que lleva más años viviendo en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) tiene 16 años e ingresó al mes de su nacimiento.A
na y José ingresaron en el 2011 al Caimede, después de que sus padres fueron arrestados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y, al no tener familia en Yucatán, terminaron siendo un expediente más.E
se mismo año fueron entregados a su tía -concuña de su madre-, pero reingresaron al albergue del estado porque presuntamente los descuidaba. Tres años después, en 2014, los dos hermanos fueron separados y entregados a familias diferentes.D
urante todo ese proceso su abuela materna, Bertha Maribel Noh Montejo, estuvo peleando por recuperar a sus nietos. Asegura que por muchos años cumplió con los requisitos para obtener su custodia, pero la entonces Prodemefa se lo negó.“Mis nietos van a crecer y algún día, si Dios me presta vida, van a crecer y se van a enterar por mi boca que nunca dejé de buscarlos, de escatimar porque el dinero viene y va. Nunca los abandoné. Viven en mi mente y corazón. En Mérida, Yucatán, están lucrando con los niños, porque eso hicieron con mis nietos. Se los entregaron al mejor postor”, dijo Bertha, quien lleva 12 años luchando por la guardia y custodia de sus nietos.E
l caso de estos hermanos es uno entre tantos que muestra la realidad burocrática de las familias que intentan recuperar a los menores. “En el 2012 presenté una demanda en mi estado (Campeche) para poder ver a mis nietos y el juez le solicitó al DIF de Yucatán que trasladaran a mis nietos a Campeche en lo que terminaba el juicio y dijeron que no porque las leyes de cada estado son distintas. Al niño ya le cambiaron el apellido y dijeron que no podían hacerlo, pero lo hicieron”, declaró en entrevista.B
ertha interpuso un amparo en contra del juicio familiar de pérdida de patria potestad 4/2014, que promovió la procuradora de ese momento, Cinthia Giuliana Pacheco Garrido. La autoridad judicial resolvió en 2021, que sus nietos permanecerán en los hogares de acogida y que conservarán el vínculo con la familia biológica, es decir, su madre y abuela, pero seguirán bajo la tutela pública del estado.A
pesar de que José y Ana sí tenían una red familiar fueron separados y enviados a dos familias de acogida aunque el artículo 40 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en su inciso IX, señala que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado debe impulsar el fortalecimiento familiar y evitar la separación de sus padres o las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.D
e 2010 al 2022, el Consejo de la Judicatura de Yucatán reveló que dictó 333 sentencias relacionadas con juicios ordinarios de patria potestad, pero la Prodennay sólo acompañó el proceso de 61 menores bajo la tutela del Estado.P
or otro lado, Prodennay especificó que concluyeron 362 procesos de adopción del 2015 al 2022 por lo que el resto fueron adopciones directas, que es lo mismo que arreglos entre particulares.D
el 2018 a septiembre del 2022 había en proceso 200 adopciones. Del total, únicamente 50 fueron niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del estado. El resto fue un arreglo entre ambas partes.M
anuel tenía cuatro años cuando ingresó al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) en Yucatán. Cinco años después, en diciembre de 2019 lo adoptaron. En casa, con su nueva familia empezó a manifestar comportamiento agresivo, tenía ataques de ira y ansiedad. Sus padres lo llevaron con especialistas y el diagnóstico resultó en secuelas de la violencia que vivió en el albergue del estado.S
u madre adoptiva, cuyo nombre se mantendrá bajo reserva por seguridad, explicó que él no ingresó al Caimede por violencia familiar o por ser víctima de un delito, sino que su familia lo entregó voluntariamente. No tenían recursos económicos para mantenerlo.“Le hicieron pruebas externas neurológicas, no había problema. Lo atendió el psiquiatra y determinó que todo era conductual. Tenía crisis de ansiedad derivado de todo lo que vivió en el Caimede. Él no tiene recuerdos de pequeño. No fue un niño maltratado en sus primeros años y se supone que por no poder atenderlo lo llevaron ahí. Lo que sufrió fue adentro, y tú dices que es un lugar en donde, en teoría, los llevan o canalizan para que sean protegidos ¿Por qué le hicieron esto?”, expresó con tristeza la madre adoptiva de Manuel.E
l proceso de adopción de Manuel inició en el 2013 y tardó seis años. Su madre relató que en ese lapso, el personal de la Prodennay perdió los expedientes en dos ocasiones. En diciembre del 2019, le prometieron que Manuel al fin se iría con ellos a casa, pero al final no fue así.“Llegamos un día y dijeron que no se va, que haríamos como que sí, es decir, harían una simulación, sólo querían la foto. Yo dije que no podría hacerle esto a Manuel y que si no nos lo entregaban, saldría a decirlo. Pedí una cita con la procuradora Teresa Anguas Zapata, pero no me la dio”, relató la madre de Manuel, quien finalmente logró adoptarlo.A
na ingresó a los cinco años de edad al Caideme y vivió bajo el sistema DIF hasta los 22 años sin que exista algún diagnóstico médico que justificara su permanencia. Al cumplir los nueve años, la entonces titular de la Prodemefa (Prodennay), Celia María Rivas Rodríguez solicitó el ingreso de la menor a Amor y Vida.A
l cumplir 18 años, ya con mayoría de edad, Ana pidió regresar a su casa con su mamá, pero no se lo permitieron.“La mamá se acercó para pedir que la dejen salir y la discriminaron porque es una señora con rezago económico, social y académico. La Prodennay le pedía carta de antecedentes no penales, comprobantes de ingreso, un estudio socioeconómico, psicológico, y cuando Ana ya era mayor de edad no había razón para estar privada de su libertad porque ya podía valerse por sí misma”, relató Moisés Velázquez Cuevas, abogado que llevó el caso de Ana.E
n julio de 2022 Ana le pidió ayuda a una persona que visitó Amor y Vida, así fue que llegó con el abogado Moisés Velásquez, quien logró liberarla el 2 de agosto de ese año. Él reiteró que no había argumento para tenerla retenida, ni un juicio de interdicción o la resolución judicial que la prive de sus derechos.“La interdicción total (privación judicial de los derechos) es inconstitucional, es violatoria de derechos fundamentales, porque cuando es total se les priva de tomar cualquier tipo de resolución”, apuntó Moisés, quien determinó que Ana estaba privada de su libertad ilegalmente.L
a Prodennay, antes Prodemefa, promovió 16 juicios de interdicción del 2018 al 2020, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información.E
n una solicitud inicial, el DIF Yucatán respondió, vía transparencia, que no hay personas adultas viviendo en el Caimede, pero en otro documento confirmó que hay 35 mayores de edad que viven en el lugar.P
ara cuidar de las infancias, el Caimede tiene una plantilla de 302 trabajadores, de los cuáles 144 son niñeras, 14 vigilantes, siete médicos generales, 29 enfermeras, tres odontólogos, un puericulturista, un nutriólogo y 12 psicólogos; el resto son intendentes, personal administrativo o de limpieza.E
l presupuesto que el gobierno de Yucatán invirtió en el Caimede disminuyó a partir del 2018, según se constató a través de solicitudes de información. Documentos que, a la par, señalan una inconsistencia de 12.9 millones de pesos en los recursos asignados en el 2022, como ya se mencionó anteriormente.S
e intentó conocer la postura de las autoridades en este tema y de los menores que vivieron violencia en el CAS y no hubo respuesta.D
os de los 10 albergues para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) atendidos por el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF) son los que reciben el mayor presupuesto. Los ocho restantes no superan los dos millones y medio al año, según la respuesta a una solicitud de información vía transparencia.S
e trata del Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes “Capullos” y el Centro de Atención a Migrantes No Acompañados “Fabriles”, este último tenía un presupuesto de 4 millones 976 mil pesos en 2018 y aumentó a 28 millones 964 mil pesos en 2022, esto es 482 por ciento más.C
apullos también ha incrementado sus ingresos para operación. En 2018 recibió 87 millones 541 mil pesos; en 2019 fueron 95 millones 571 mil pesos; en 2020 fueron 108 millones 32 mil pesos; en 2021 le fueron asignados 102 millones 850 mil pesos y ya en el 2022 le autorizaron 120 millones 254 mil pesos de presupuesto, es decir 37.3 por ciento más en cuatro años.A
través de Transparencia, el DIF dio a conocer que la Procuraduría de Protección de NNA cuenta con los registros de 4 mil 362 NNA que han estado albergados en Capullos de 2018 a septiembre 2022; mientras que Fabriles ha tenido 3 mil 178 menores en los últimos cinco años; en 2021 fue el año que albergó a más NNA, un total de mil 332 vivieron en sus instalaciones. De los demás Centros de Asistencia Social no proporcionaron los datos.C
on el presupuesto que reciben y la población promedio que llega cada año, Capullos y Fabriles podrían invertir 630 mil y 34 mil pesos, respectivamente, en cada uno de los menores que están bajo su cuidado. Esto contando que el presupuesto sólo se dedicara al cuidado de los infantes.A
finales de 2021, justo en el año que el albergue Fabriles contaba con su población más alta en los últimos cuatro años, llegó Ángel, un menor que llevaba toda su vida bajo el cuidado del Estado. Su estancia duró poco menos de tres meses, en febrero de 2022 se dio a conocer que el menor, de entonces 14 años, murió en el albergue tras presentar diversos malestares estomacales, de acuerdo con la información publicada en la cuenta de Twitter del departamento de Comunicación Social del Gobierno de Nuevo León.Ángel tenía cuatro años cuando llegó a otro albergue, a Capullos, junto a su hermana menor, y el 28 de noviembre de 2021, después de una riña con otros tres menores fue trasladado y aislado en Fabriles. La noticia la difundió la titular de la oficina Amar a Nuevo León y esposa del gobernador, Mariana Rodríguez.D
espués de la muerte de Ángel, el Congreso de Nuevo León conformó una Comisión Especial para que investigara los casos que se habían dado de maltrato infantil en la Casa Fabriles del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia.J
essica Elodia Martínez Martínez, diputada local sin partido y química de profesión, fue la elegida para asumir la presidencia de esta Comisión. Ahí pudo estudiar el expediente de Ángel, su estado de salud y la medicación indicada, encontrando falta de registro de los medicamentos suministrados al menor durante los últimos días antes de su fallecimiento, además de la cremación acelerada de sus restos.“En el expediente venía desde que llegó Ángel, todo lo que le habían estado dando de medicamentos o si tuviera una crisis de ansiedad; lo que había comido, todo venía ahí en ese expediente, pero a mí lo que me llamó la atención es que ese expediente terminaba el día 6 y el fallecimiento era o el 8 o el 9”, aseguró Martínez Martínez.“Yo señalé eso en frente de la Comisión de Derechos Humanos, de que faltaban los últimos dos, tres días y me decía Miguel Ángel (entonces director del DIF): ‘¿Para qué quieren saber eso?’”, describió en entrevista telefónica la legisladora local.R
ecordó que el ex director del DIF argumentó que la documentación faltante había sido llevada a Capullos y después le aseguró que fue entregada a la Fiscalía para ser integrada en la investigación.O
tra de las trabas que se encontraron en el caso fue la ausencia de la cámara del cuarto en el que estaba Ángel, “todos los cuartos tienen cámaras, eran tres cuartos y todos tenían su cámara, pero en el de Ángel ya no estaba y nada más dijeron que no estaba desde enero”, relató la diputada.E
stos puntos no fueron las únicas inconsistencias que Martínez encontró en el caso de Ángel, un niño al que habían señalado como alguien con problemas psiquiátricos, pero a pesar de eso lo enviaron a un albergue en el que no hay un solo médico psiquiatra.“A veces cuando tenía alguna crisis le llamaban por teléfono al doctor en Capullos y él ya les decía qué tenía que tomar o qué no, o sea, su medicamento se lo controlaban desde Capullos”, narró.P
arte de los informes recabados por la diputada indicaron que Ángel estaba a punto de ser trasladado a un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México.E
l caso, que en su inicio fue catalogado como una muerte natural, dio un giro en el 2023. En una ficha informativa publicada el 18 de mayo del 2023, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que un Juez de Control vinculó a proceso penal a dos ex funcionarios por el caso de la muerte de Ángel, calificando el hecho como homicidio por el Ministerio Público.E
l comunicado detalla que la imputación fue hacía Miguel Ángel ‘N’, Mauricio Miguel ‘N’ y Raymundo Francisco ‘N’. Las autoridades detallaron que Miguel Ángel ‘N’, quien desde febrero de este año ocupa la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, no pudo ser imputado debido a que presentó una suspensión de amparo.“Sin embargo, a Raymundo Francisco ‘N’ se le vinculó a proceso por el delito de homicidio, pero hasta el momento se encuentra prófugo y Mauricio Miguel ‘N’ fue vinculado por el delito de encubrimiento, ya que ordenó eliminar fichas informativas elaboradas por elementos de seguridad de la institución, la eliminación de fotos, videos y mensajes, así como la manipulación del sistema de circuito cerrado de la misma institución.L
as nuevas declaraciones del Ministerio Público señalan que Raymundo Francisco ‘N’ fue quien presuntamente quitó la vida al menor dentro de las instalaciones de Fabriles.“Ángel se encontraba en un espacio al aire libre del Albergue Fabriles cuando sufrió una crisis derivada de un trastorno previamente diagnosticado, Raymundo Francisco ‘N’ golpeó su cara con puño cerrado, cayendo el menor al suelo, donde posteriormente el imputado dejó caer su rodilla con todo su peso, provocando instantáneamente vómito y dolor abdominal, síntomas a los que durante las horas siguientes se sumaron los de debilidad, palidez, labios azulados, sudoración fría y hundimiento de ojos, hasta ocurrir la muerte del menor que se concluye tuvo origen en un shock hipovolémico a raíz de los golpes”, describe la información oficial.E
n las solicitudes de información 191841722000791 y 191841722000794, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León negó proporcionar información del caso argumentando que se trata de información reservada y tampoco concedieron una entrevista. El departamento de Comunicación del DIF dijo que ni esa institución ni la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes podían hablar de una investigación en proceso y públicamente tampoco se ha abordado alguna resolución del caso en medios de comunicación hasta la fecha de publicación de esta investigación. Existe un velo por completo sobre el desarrollo de los casos que ocurren dentro de las instalaciones de estos albergues.O
lga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León (CEDH) declaró en entrevista, que tras la supuesta riña en Capullos, que llevó a Ángel a Fabriles, conversó con los menores, quienes se quejaron de malos tratos por parte de un guardia. Debido a todo esto, la CEDH emitió una serie de medidas precautorias al DIF y tomó la queja de oficio.P
osteriormente abrió una segunda queja por la muerte de Ángel, quien fue cremado en menos de 48 horas.“Sobre todo por si la cremación se había hecho de acuerdo a lo que marcan, tanto los protocolos internos, determinar si tenían o no protocolos, si el medicamento que le proporcionaron era el adecuado, pero sobre todo, cómo se atendió la urgencia”, explicó Méndez Arellano.L
a titular de la CEDH resaltó también el hecho de que en la entidad existe una carencia de médicos psiquiatras infantiles.E
l directorio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia tiene registrado únicamente un psiquiatra para la atención a los menores del albergue Capullos.S
egún el registro, el paidopsiquiatra Luis Carlos Rodríguez Briones, adscrito a la Subdirección de Centros de Atención a Menores, de octubre a diciembre de 2021 no prestaba sus servicios en Capullos y en 2022 sólo aparece en el listado de empleados durante el mes de enero y de mayo a diciembre.E
n esa relación de especialistas de la institución aparece también la psiquiatra Daniela Sainid Alejandra Campos González, sin embargo, está adscrita al Programa de Atención a la Discapacidad, no a los albergues del Estado.Y
ucatán vive la misma realidad, no cuenta con ningún especialista en psiquiatría y, conforme a los datos proporcionados por la dependencia, hay 17 menores de 13 a 17 años diagnosticados como pacientes psiquiátricos. Ninguno con la atención médica adecuada.E
n datos del DIF Yucatán, de enero de 2018 a septiembre de 2022, nueve niños, de entre ocho y 13 años fueron víctimas de violencia familiar y psicológica en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE).E
n ese mismo sentido, el 8 de mayo de 2020, tres trabajadores del CAIMEDE y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán fueron sentenciados por violencia familiar equiparada. Se trata de dos hombres de 47 y 48 años y una mujer de 31 años.E
n un periodo de cuatro años (2018-2022), dos niños del sexo masculino fallecieron. Uno tenía dos años y fue por cardiopatía, y otro de nueve años, quien murió por una enfermedad degenerativa, de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades vía transparencia.D
el 2018 a 2022 se fugaron 16 menores de edad, nueve hombres y siete mujeres cuyas edades van de los 12 a los 17 años. Sólo uno fue encontrado y reintegrado con su familia.E
n enero de 2023 se reportó que dos mujeres adolescentes huyeron del Centro; durante la elaboración de este reportaje se contactó a los familiares de una de las jóvenes que escapó, y aseguraron que la menor contó que la mantenían sedada y tenía golpes en los brazos. Por temor a represalias pidieron mantener sus nombres en anonimato.F
icha de búsqueda de menores desaparecidos. Fuente: Fiscalía General del Estado.E
n los albergues de Nuevo León también se han reportado fugas. Según el DIF estatal, de 2018 a octubre de 2020 se han escapado nueve menores de Capullos, mientras que Fabriles ha presentado 43 fugas, destacando el 2021, año en que se registró la fuga masiva de 40 NNA.T
ania Ramírez Hernández, Directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), confirmó que algunos centros en donde albergan a las infancias aplican castigos extremos y la justificación del personal es que la disciplina violenta los mantiene callados.A
ello se suma la constante medicación de los menores, “es parte de lo conflictivo en estas instituciones, que para mantenerlos quietos, a niñas y niños, pues a menudo existen dictámenes de trastornos del comportamiento, ante cosas que pueden ser más bien, discapacidades psicosociales originadas por el propio encierro, por el abandono familiar, etcétera”, explicó la directora de Redim.E
n ambos extremos del territorio mexicano las infancias son las más vulneradas y cuando se encuentran al cuidado del Estado sus representantes colocan una malla que cubre la información para no poder acceder a la rendición de cuentas y sus procesos. Todo bajo el argumento de la protección de los derechos de los menores, esos mismos derechos que los datos revelan que ellos no respetan.
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