Author: Victoria Félix y José Luis Marroquín
Por Victoria Félix y José Luis Marroquín
julio 11, 2022 | 6:57 pm
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
La opacidad en la que los diputados locales de Nuevo León mantienen la partida conocida como “bono de gestoría” les permite ocultar del ojo ciudadano gastos más relacionados a un sobresueldo, no autorizado, que para el beneficio de la ciudadanía.
El bono de gestoría fue creado, según los diputados, para la atención de demandas ciudadanas, pero durante los primeros dos meses de la Legislatura actual se constató que en realidad este recurso fue destinado a otros conceptos de carácter personal.
En diversas solicitudes de información por transparencia, se accedió a las facturas del bono de los meses de septiembre y octubre del 2021, con las que los legisladores justificaron el gasto de 7.6 millones de pesos.
Únicamente el 16.5 por ciento, es decir, 1.2 millones de pesos del monto global, se destinó a apoyos sociales como despensas, medicamentos, sillas de ruedas, concentradores de oxigeno, insumos Covid, materiales de limpieza para escuelas, entre otros.
El 83.4 por ciento restante, que equivale a 6.3 millones, se destinó a otros rubros como consumo en restaurantes y restaurantes-bares fuera del horario laboral, gasolina, celulares de alta gama y planes de telefonía, computadoras, pasteles de cumpleaños.
Incluso en uno de los recibos proporcionados por el PAN se observa que compraron todo lo necesario para una carne asada, desde el carbón, hasta la salsa.
También gastaron en mobiliario para oficinas, peaje en casetas, pago a voluntarios que operan como estructura política, servicios de marketing, manejo de redes sociales y volantes promocionales en época no electoral.
Además, pagaron asesorías legislativas a despachos externos, pese a que el Congreso local gasta al mes 5.62 millones de pesos en la nómina de asesores y auxiliares adscritos a cada bancada, los cuales duplican las mismas funciones, esto de acuerdo con la relación de pagos a empleados de confianza y honorarios.
En ese entonces los diputados argumentaron que recibían a diario múltiples peticiones de apoyo de los ciudadanos, por lo que decidieron revivir la partida mensual de 35 mil pesos para cada legislador, luego de haber desaparecido durante siete años por cuestionamientos a su uso.
En casi 10 años, el bono se ha elevado en un 280 por ciento, pasando de 35 mil a 133 mil pesos mensuales, adicionales al sueldo de los diputados que es de 83 mil 154 pesos.
Anteriormente habían más restricciones en el uso del bono, ya que sólo se podía utilizar para dar apoyos sociales, operar oficinas de gestoría y pago a voluntarios.
El bono ha permanecido en la opacidad durante casi una década, pese a que el artículo 95 fracciones XII y XLIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León, establece que todo recurso público debe transparentarse, no obstante el proceso para acceder a las facturas es tardado y costoso.
El concepto al que se le destinó mayor gasto fue a la gasolina, con 1.4 millones de pesos, de los cuales los dos grupos mayoritarios de PAN y PRI concentraron el 95 por ciento.
Tan solo el PRI, que en ese entonces tenía 14 diputados y 16 autos, gastó 865 mil 550 pesos, el 60.22 por ciento, esto equivale a un gasto diario de mil 30 pesos por cada legislador.
Los legisladores también aprovechan la discrecionalidad de esta partida para gastar en un solo día hasta 9 mil pesos en restaurantes conocidos por vender cortes finos y de alto precio.
En total, las seis bancadas gastaron 255 mil 185 pesos en alimentos y bebidas, de los cuales el PAN acaparó el 72 por ciento del recurso.
A esto se suma el gasto de 948 mil 995 pesos en servicios de marketing y publicidad para que los diputados luzcan en redes sociales.
Los legisladores también destinaron 1.3 millones del bono para pagar a “voluntarios”.
Un ex empleado del Congreso que prefirió mantener el anonimato reveló que los voluntarios se utilizan generalmente como estructura política.
“Algunos diputados manejan su estructura y los meten como voluntarios”, señaló.
En entrevista aparte, Bernardo Elizondo, abogado fiscalista, opinó que existe un trato diferenciado en la fiscalización de recursos públicos y privados, ya que generalmente los primeros tienen controles más laxos que los segundos.
“El estándar de controles que lleva la iniciativa privada es mucho mayor que el que llevan las autoridades públicas no obstante que debería ser exactamente al revés, debería de haber mucho más control del dinero público”, señaló.
Aunque se buscó a los coordinadores del PRI y del PAN para una postura sobre el tema, no accedieron a la entrevista.
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