Las evidencias de que los mecanismos de registro y seguimiento a niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Coahuila tienen deficiencias siguen saliendo a la luz. 

Casos como el de Laura Valeria Ramos Ríos, quien desapareció a la edad de un año el 7 de octubre de 2017, junto con su madre Liliana Leticia Ríos Villela, reafirman que protocolos como la Alerta Amber no se aplican ante la ausencia de las infancias. A cinco años de lo ocurrido, su familia reclamó públicamente las omisiones de la Fiscalía de Coahuila.

“Nunca lo han contemplado como una desaparición. No hicieron una búsqueda como debe ser para una niña de un año y tres meses, no se activó una Alerta Amber”, señaló Karla Ríos Villela, tía de Laura Valeria. 

Indicó que el personal de la dependencia se remitió a decirle que ellas volverían y bastaba con esperar una llamada en una fecha especial, un cumpleaños o en Navidad.

El Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” exigió, a través de un comunicado emitido el fin de semana pasado, la aplicación de un plan de búsqueda apegado al Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuente con un enfoque diferenciado para mujeres. 

“La Fiscalía de Personas Desaparecidas ha violentado las garantías individuales de las dos mujeres, ya que en lugar de realizar una investigación que lleve a la localización de Liliana y Valeria, los servidores públicos han actuado de manera omisa y no han protegido la vida ni los derechos de las víctimas y su familia”.

Inconsistencias en Alerta Amber

Heridas Abiertas y La Plaza Pública publicaron con apoyo del Border Hub de Periodismo de la Frontera Norte, el pasado 26 de julio, el reportaje Desapariciones de menores en Coahuila, ignoradas o mal registradas. 

La investigación comprobó que las autoridades de procuración de justicia estatales y federales discrepan en sus cifras, pese a estar obligadas a homologar y presentar números en un registro nacional. 

“No hay celeridad en los registros. Si no estuvieran subiendo la información rápido porque están haciendo la búsqueda en campo o en vida se comprendería el desfase, pero no hay ni lo uno ni lo otro”, dijo en entrevista para el reportaje Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. 

Las familias y colectivos de búsqueda de desaparecidos señalaron también deficiencias en el protocolo de la Alerta Amber y que su implementación resultaba burocrática, lo cual ahora también se reafirma.

En respuesta al recurso de revisión 281/2022, la Fiscalía General de Coahuila se vio obligada a proporcionar el número de alertas emitidas desde la implementación del mecanismo hasta 2021. 

La dependencia detalló en la respuesta a la solicitud de información que desde 2013 fueron emitidas 124 alertas, de las cuales la mayoría fueron en Saltillo y Torreón con 35 y 30, respectivamente. Sin embargo, estas cifras están lejos de coincidir con las proporcionadas por la Fiscalía General de la República (FGR) que marcan en el mismo periodo apenas 15.

Ana Herrera, enlace titular del programa Alerta Amber en Coahuila, argumentó que no en todos los casos las fiscalías o procuradurías comparten las alertas emitidas por tratarse de acciones locales en las que pueden actuar de manera más ágil por su cuenta y no requieren la intervención de la federación.

“La activación de estas alertas se puede hacer a nivel nacional o a nivel estatal, dependiendo de la circunstancia de cada caso en particular. Por ejemplo, si yo tengo conocimiento que el menor se está trasladando hacia el interior de mi estado, pues activo una alerta a nivel estado, sin embargo, tengo la posibilidad de solicitarles a los compañeros de PGR que me activen una a nivel nacional”.

No obstante, el protocolo del procedimiento de búsqueda sí establece en el papel la necesidad de notificar a las autoridades de procuración de justicia a nivel nacional. 

“Los Coordinadores de Alerta AMBER de las entidades federativas, reportarán al enlace de la Delegación de PGR de las entidades federativas, cada caso que sea susceptible de activación de una Alerta o Pre-Alerta; así mismo, reportarán todos los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para alimentar la base de datos a nivel nacional”, expone el documento.

Ni las cifras arrojadas por la FGE y la FGR vía transparencia coinciden con los datos reportados por la plataforma nacional de la Alerta Amber (www.alertaamber.gob.mx ), pues establece que entre activadas y desactivadas existen 20 desde el año 2015 en esta entidad. 

Aunque la Fiscalía de Coahuila fue obligada a proporcionar información tras el recurso de revisión no precisó -pese a que se le solicitó- el resultado de las alertas, es decir, el número de casos en que se logró ubicar a los niñas, niños y adolescentes. 

“Podemos hablar hasta de un 97-98 por ciento de efectividad y la Alerta Amber es sólo una herramienta que nos ayuda en la búsqueda. Existen otros protocolos que aplicamos y actos que debe realizar el ministerio público en particular”, respondió a pregunta expresa Ana Herrera.

La FGR, por su lado, contestó vía transparencia que de las 15 alertas emitidas, en 12 de los casos se logró dar con el paradero de los niños, niñas o adolescentes. 

A estas discrepancias se suman testimonios de familiares de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que señalan que en Coahuila no se implementa el protocolo como es debido.

Niñas, niños y adolescentes en Coahuila, los más afectados por trata 

A través de los mismos ejercicios de transparencia tanto la FGR como la FGE relevaron sus cifras en cuanto a trata de personas en Coahuila.

En el caso de la dependencia federal el registro data desde 2006 y hasta abril de este año suman 76 víctimas de ese delito, de los cuales 73 corresponden a niños, niñas y adolescentes.

La Fiscalía de Coahuila, por su lado, detalló que su registro data de 2015 y hasta 2021 había 70 víctimas de este delito, de los cuales 53 corresponden a personas de cero a 17 años de edad.

La dependencia detalló que en estos casos están relacionados asuntos de adopciones ilegales, explotación sexual, pornografía infantil, explotación laboral e indigencia forzada. 

Las cifras tanto de la FGR y FGE coinciden con lo señalado por organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en el sentido de que las mayores víctimas de este delito corresponden a niños, niñas y adolescentes en todo el país.