Si hoy cualquier persona se para en El Moral, una comunidad de alrededor de 400 habitantes del municipio de Piedras Negras, nadie creería que por allí corría el agua que desembocaba hasta el río Bravo que divide a México de Estados Unidos. 

Allí donde antes se bañaba la gente, se miraban especies como castores y nutrias y la gente descansaba bajo la sombra de los enormes sabinos o nogales, ahora es una zona desértica sin forma, seca y con pozos, un lugar al que por mera costumbre todavía llaman río San Rodrigo. 

¿Cómo murió este río? ¿Quiénes son los responsables? Algunas de las respuestas están a unos cuantos metros de donde se ubica. Agregados de Calidad S.A de C.V es una de las cuatro empresas o personas físicas que en los últimos años se ha dedicado a extraer material pétreo del río, una actividad que está prohibida o restringida en países como Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido por sus efectos en la pérdida de biodiversidad terrestre y acuática, erosión, alteración del canal, pérdida de hábitats, agotamiento de acuíferos, así como efectos en la sociedad por la pérdida de los servicios ambientales, entre otros.

Pero contrario a esta normativa internacional, en México hay licencia para extraer 311 millones de metros cúbicos de más de mil ríos, cauces, arroyos, corrientes o vasos del país, según datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre ellos está este río del norte de Coahuila. 

La minería es una de las actividades que ha abusado más de este recurso natural. Se calcula que extraen alrededor de 200 millones de metros cúbicos de piedra de bola, canto rodado, cascajo o grava, que a precios actuales de mercado tendrían un valor superior a los 100 mil millones de pesos, estima la organización Amigos del río San Rodrigo, dedicada al salvamento de este lugar. 

Con ese material sacado del río, una vez procesado, se construyen maquiladoras, universidades, edificios públicos, vialidades, fraccionamientos, entre otros, sin que ninguna autoridad como la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se den a la tarea de vigilar las extracciones o hayan ordenado, hasta la fecha, remediaciones ambientales al río destruido. 

Waldo Terry, 75 años, ambientalista y veterinario que nació a orillas del río en la comunidad de El Moral, pasó más de 40 años lejos de la región; cuando volvió se encontró con la destrucción del río y una lucha que ya había comenzado su hermano Luis. Así nació Amigos del río San Rodrigo, una asociación civil que fue clave para que en 2016 el Senado de la República le recomendara al estado mexicano que estableciera una moratoria en la extracción de material pétreo y que la cuenca del río fuera declarada Área Natural Protegida. Ese mismo año, el Tribunal Latinoamericano del Agua hizo las mismas recomendaciones a las autoridades ambientales. Ninguna prosperó. 

Aunado a una extracción voraz de las entrañas del río San Rodrigo, la operación de la presa La Fragua, la sobreexplotación del acuífero Allende-Piedras Negras y, a últimas fechas, la sequía, han terminado por desaparecer el agua en la parte baja de este río considerado como prioritario por su biodiversidad de ecosistemas por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Y es que la desaparición del río es un problema irreversible o reversible a muy largo plazo, consideran especialistas como Jesús Gómez Sosa, ingeniero geólogo e integrante de Amigos del río San Rodrigo y Jesús Frausto Ortega, investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Material pétreo extraído del río, una actividad prohibida en muchos países. Crédito: archivo Amigos del río San Rodrigo.

¿De quién es la responsabilidad?

Los manifiestos de impacto ambiental 05/MP-0004/10/11 y 05/MP-0107/05/12 de las personas Juan Martínez Rodríguez y Juan Martínez Talamantes no detallan cómo van a mitigar o remediar los impactos ocasionados en el río San Rodrigo. Otras manifestaciones de los concesionarios referían que las medidas restaurativas se realizarían paralelamente a la ejecución de las obras, que construirían taludes de recarga o fijación de taludes en la ribera y un programa de reforestación en bordos, lo cual no sucedió, asegura el ingeniero geólogo, Jesús Gómez Sosa

El ambientalista Waldo Terry ha luchado por detener la destrucción del río San Rodrigo. En la imagen, explica la función de la piedra en un río. Crédito: Omar Saucedo

Eglantina Canales, secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, asegura que las remediaciones pudieron darse de manera simultánea a la extracción de material, pero señala a la Conagua y Profepa como las encargadas de esa tarea.

A esto se le tiene que sumar lo que se establece en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en donde se afirma que toda persona física o moral que ocasione un daño al ambiente estará obligado a la reparación de los daños y esa reparación consistirá en restituir “a su estado base los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación”. 

Sin embargo, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información hechas en julio de este año, ni la Semarnat ni la Profepa tienen registro de ríos, arroyos, cauces o vasos, en peligro o situación crítica o con algún nivel de degradación en el país. Además,  la Semarnat no tiene ningún antecedente de informes de restauración.

Tampoco la Conagua. Gerardo Márquez Tejada, director de Administración del agua, reconoce que no tienen ningún programa ni proyecto de restauración ecológico, aunque admite que sí es necesario.

“Sí fue impactado (el río), hay que ser objetivos y realistas, toda extracción de material impacta sobre los ecosistemas, pero es una cuestión ambiental y no manejamos cuestiones ambientales”, comenta y después avienta la pelota a la Secretaría de Medio Ambiente estatal. 

“En mi opinión es un trabajo que pudiera surgir de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, apoyado y validado por Conagua y por Profepa y Semarnat”, dice el funcionario de la Conagua. 

Pero la secretaria Eglantina Canales señala que esos trabajos tienen que ser de parte de las mismas empresas que hicieron el daño porque es lo que mandata la ley. “Al hacer el abandono tienen que hacer una serie de actividades de remediación”, menciona.

La funcionaria estatal reconoce que la destrucción del río es muy alta, pero que no existe una evaluación que mida el nivel de deterioro. También admite que la destrucción no es reversible, pero considera que se puede hacer una remediación y mejora para tratar de llegar a las condiciones originales. Lo primero que hay que restaurar es el canal porque es la destrucción más grave, agrega la secretaria. 

Sin embargo, aun cuando hubiera un plan de restauración, el ingeniero geólogo Jesús Gómez Sosa no cree que sea posible remediar el problema del río. 

Gerardo Márquez Tejada es claro al desmarcarse de esta problemática y asegura que a la Conagua le compete verificar que se hayan cumplido las condiciones generales y específicas en sus títulos de concesión. 

“Lo que vemos es que el cauce, el cajón natural, el cajón hidráulico de la corriente cuente con las condiciones naturales de conducción de las aguas”, menciona. Y la remediación ambiental, el carácter ecológico, añade, le compete a la Profepa por estar sujetos a un resolutivo de impacto ambiental. 

Vanguardia intentó contactar a la representación de la Profepa en Coahuila para tener una postura, pero nunca se obtuvo respuesta.

El especialista Luis Martínez Rivera dice que la Profepa suele actuar de la zona federal del río hacia fuera, pero no intervienen hacia dentro, así se esté destruyendo la vegetación. “Se mantienen como que ‘es un terreno de Conagua’ y no intervienen”, explica.

De hecho, desde el año 2000, la Profepa únicamente tiene registro de 172 multas por temas relacionados a la extracción de materiales pétreos en todo el país, según la respuesta a la solicitud 330024422000831. De las 172 multas, que fueron de los mil 495 pesos a los 2 millones de pesos, la principal causa fue la extracción sin autorización en materia de impacto ambiental. 

La ley es poco clara  y deja toda la administración y operación del manejo a la Conagua, cuando ellos solo están enfocados en aspectos de agua y no toman en cuenta la biodiversidad, explica Martínez Rivera. “Conagua ve los ríos como un canal de riego. Un canal que transporta entre la presa y la zona de riego a las parcelas. Se le olvida que es más que un simple canal que transporta agua”, critica.

Además, la Conagua ha tomado el papel de juez y parte porque dan los permisos y también tienen que supervisar. “Eso así no funciona”, añade el especialista de la Universidad de Guadalajara. 

Las fallas son claras, la Conagua sólo tiene un inspector para todo Coahuila (con excepción de la región Laguna) y en 12 años solo tiene registro de 72 inspecciones al río San Rodrigo, según la respuesta a una solicitud de información. 

La mayor cantidad de inspecciones se dieron en 2018, pero en 2020 y 2021 no hubo una sola. “Cuando se vino la pandemia sí estuvimos limitados para dar continuidad a la verificación, pero sí estuvimos cuantificando y verificando las condiciones específicas que debían prevalecer dentro del cauce”, justifica el director de Administración del Agua Gerardo Márquez Tejada.

Afectación internacional

El río San Rodrigo forma parte del grupo de seis ríos conocidos como Tributarios del Tratado de Aguas de 1944 entre México y los Estados Unidos de América. El tratado contempla los escurrimientos de los ríos como parte de los volúmenes que deben llevar al río Bravo. Sin embargo, en el último año y medio no ha habido aportaciones del río San Rodrigo al Bravo. 

“No se cumple. Es indudable. No se está cumpliendo con el compromiso, la sequía que se prolonga indudablemente impacta a los volúmenes que deben estar aportando”, admite Gerardo Márquez de la Conagua. 

En primer plano el cauce seco del río San Rodrigo que debería aportar escurrimientos al río Bravo (al fondo de la imagen), pero que tiene al menos dos años que no lo hace, incumpliendo con un tratado internacional. Crédito: Omar Saucedo.

Por tal motivo, Jesús Frausto del Colegio de la Frontera Norte señala que la pérdida del río San Rodrigo también representa una afectación de carácter internacional. 

“Las subpoblaciones de esta región se abastecen de este río, entonces ya hay afectaciones internacionales”, comenta.

Extracción no es igual a restauración

En los últimos 10 años, cuatro empresas o personas físicas tuvieron licencia para extraer 3.9 millones de metros cúbicos de material del río San Rodrigo, de acuerdo con datos de la Conagua y los títulos de concesión obtenidos por Vanguardia: Agregados de Calidad, S.A. de C.V., Materiales San Rodrigo S.A. de C.V., Juan Martínez Rodríguez y Juan Martínez Talamantes fueron los extractores de material equivalente a haber llenado de grava, arena o cascajo, mil 141 albercas olímpicas.

Agregados de Calidad tuvo dos concesiones, cuyos títulos en conjunto establecen una extracción de 3.3 millones de metros cúbicos de material. En la entrada de sus oficinas tienen colgadas imágenes de las obras que se han hecho con materiales que han extraído del río y en la recepción se exhiben cinco frascos con la muestra de lo que es la arena, grava, todo en uno. 

Vanguardia solicitó una entrevista en las oficinas de Agregados de Calidad, al igual que las oficinas de Materiales San Rodrigo en Piedras Negras, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En el caso de las personas físicas, no pudieron ser localizadas

Las empresas extractoras de material pétreo sacaron material del río, hicieron negocio, pero nunca remediaron los daños. Crédito: Omar Saucedo.

Las licencias que obtuvieron estas empresas y personas físicas son otorgadas por Conagua, ya que la Ley de Aguas Nacionales indica que los materiales pétreos dentro de los cauces de aguas nacionales quedarán a cargo de esta dependencia y será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento. 

Sin embargo, aunque haya permisos, se abusa de la extracción y no está regulada como marca la ley, asegura el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, investigador en el departamento de ecología y recursos naturales de la Universidad de Guadalajara. Las empresas deben hacer un estudio hidrológico, definir cuál es el corte que van a hacer, el volumen y no cambiar el cauce, no modificar las paredes del río ni destruir la vegetación, explica el investigador. 

Además, en términos generales se suele justificar la modificación de ríos para la supuesta protección de la gente por posibles inundaciones, pero lo único que se hace es destruirlos, afirma Martínez Rivera. 

Ese argumento queda en evidencia en los manifiestos de impacto ambiental. En 2011, la empresa Agregados de Calidad S.A de C.V, por ejemplo, argumentó en el manifiesto que el huracán Alex, de 2010, ocasionó “la desmesurada acumulación de material pétreo”, por lo que el soporte técnico y ambiental del proyecto de la empresa estaba encaminado a “conformar adecuadamente el cauce del río, es decir, obras de saneamiento ambiental aunadas al aprovechamiento”. 

Para las empresas, “encauzar” el río a través de la extracción de material pétreo es una actividad de restauración. 

Lo mismo ocurre con el  manifiesto de impacto ambiental de la empresa Materiales San Rodrigo S.A. de C.V., ahí se refieren a que derivado de precipitaciones extraordinarias se genera arrastre de vegetación “creando remansos que originan la salida de la corriente del cauce natural del río, generando inundaciones (…) ocasionado también por el acumulamiento de material pétreo en el cauce principal”.

Sin embargo, si se retiran los bancos de grava se le quita la funcionalidad al río y el agua pasa sin que exista ninguna retención, dice el ambientalista Waldo Terry. Al retirar la grava se expone el acuífero.

Además, al alterar la estructura, la dinámica y los flujos de ríos, se altera el futuro de la biodiversidad, de la vida, dice Luis Manuel Martínez Rivera.

Tan solo ese par de ejemplos de manifestaciones de impacto ambiental son “rudimentarias y faltas de formalidad”, asegura el ingeniero geólogo Jesús Gómez Sosa. “Prácticamente fue una mentira todo, porque nadie hizo mediciones, nadie hizo señalamientos de dónde a dónde iban a hacer las concesiones, nadie hace mediciones de lo que están sacando. Entonces, pues, cómo vas a medir, es tan burda la violación a las manifestaciones de impacto ambiental que no requieres mayor evidencia, puesto que ni siquiera daban las medidas, daban solo las coordenadas de donde debía hacer la concesión”, afima. 

Donde antes había agua, flora y fauna, hoy es un paisaje desértico al que todavía llaman río San Rodrigo. Crédito: Omar Saucedo.

Protección ineficaz y daños en todos los niveles

La extracción de materiales pétreos en el río San Rodrigo es una actividad que se realiza de manera intensiva desde los años 80. La piedra de bola es arrastrada por las corrientes de agua desde las partes altas del río y después se deposita en la parte baja, lugar donde se forman grandes bancos de material, los cuales se han convertido en la materia prima de concesionarios que en los últimos años entraron, extrajeron el material y lo procesaron en los llamados molinos trituradores para después usarla en la actividad de la construcción, explica el ambientalista Waldo Terry. 

Todo esto ocurre a pesar de que las extracciones alteran el medio natural y depredan la cuenca del río, lo que crea desequilibrios importantes en la topografía y geomorfología del terreno, principalmente en la parte baja, asegura el ingeniero geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jesús Gómez Sosa. 

Las consecuencias de estas alteraciones van en todos los niveles, desde lo superficial como lo subterráneo e incluso han generado que las poblaciones asentadas, sobre todo la gente que vive en El Moral, tenga problemas de abasto de agua, afirma Jesús Frausto Ortega, investigador del Colegio de la Frontera Norte. 

“La sociedad ya no puede hacer uso de ese recurso. Cuando hablamos de uso no solo es el de consumo humano o uso recreativo, si ya no hay agua, ya no hay flora ni fauna. Se elimina ese recurso para pescar, pasear; son otro tipo de impactos”, menciona el investigador Frausto Ortega. 

Todas estas afectaciones no son ajenas, ni nuevas,  para las autoridades, el 9 de abril 2019 el gobierno de Coahuila publicó el decreto por el cual la cuenca baja del río, es decir, desde la presa La Fragua hasta su desembocadura, se declaraba zona de restauración, lo que llevó al gobierno estatal a crear un Plan de manejo. Pero en tres años poco se ha hecho. 

Además de este “plan de manejo”, sólo se han tomado acciones de registro de flora y fauna en el área, acciones de cultura ambiental y difusión, así como el cumplimiento de los programas de manifiestos de impacto ambiental de las extracciones de material pétreo, de acuerdo con los datos enviados por la secretaría de Medio Ambiente de Coahuila en respuesta a la solicitud de información 050098700004822.

Pero el gobierno justifica su poca acción con el hecho de que tienen que esperar a que la Conagua les avise que ya no habrá más explotación del río. “No podemos ejecutar muchas cosas si no tenemos la seguridad de que ya no se van a meter. Cómo se le hace si está la gente ahí adentro, luego es planear algo que lo van a volver a destruir”, asegura la secretaria Eglantina Canales.

En síntesis, de nada sirve que exista un decreto estatal que diga que lo protege, pero no hay quien, en realidad, lo proteja, dice Luis Manuel Martínez Rivera, investigador del departamento de ecología y recursos naturales de la Universidad de Guadalajara. “Si no se aplica la zona de restauración, no tiene sentido”, lamenta. 

A pesar de esta postura, Eglantina Canales afirma que al menos el decreto logró que ya no se autoricen más explotaciones. “Eso es importante para mí. Pero si no tenemos el abandono no podemos hacer mucho”, insiste.

La comunidad recuerda este río y lo que por muchos años les dio. “Nunca se secaba. Todo el tiempo estaba muy bonito”, recuerda la señora Ofelia Valdés, 80 años, y quien ha vivido siempre en El Moral. “Era un paraíso. Ya no hay nada [...] Era pura tranquilidad”, son algunas de las voces de los habitantes de la zona.

Ahora, además de la tristeza que les ocasiona ver el río seco, ellos viven las consecuencias ya que el agua para cubrir sus necesidad básicas es limitada. “Ya ni agua tenemos. Ya se secó la noria”, se queja Ofelia Valdés.

Y como los enormes nogales también se secaron, la gente como Ofelia o Elías Terán ya no elaboran dulces típicos, una actividad de auto sustento que practicaban los vecinos. “Ibas ahí, juntabas la nuez y la vendías. Ahorita ya no hay nogales”, cuenta don Elías.

Luis Terry debajo de un viejo árbol que murió por el desecamiento del río. Crédito: Omar Saucedo.

Ofelia Valdés muestra la falta de agua en los hogares desde que el río se secó. Crédito: Omar Saucedo.

El desecamiento del río se da a pesar de que existe la Norma 159 (NMX-AA-159-SCFI-2012) relacionada con la determinación del caudal ecológico de las cuencas hidrológicas, el cual establece el agua reservada para preservar servicios ambientales y la resiliencia de ecosistemas, lo que implica proveer agua para los distintos usos. Y a pesar también de que los mismos estudios de la norma clasifican al río San Rodrigo como de “una importancia ecológica alta” y con un “estado de conservación deficiente”.

Pero sin caudal ecológico mínimo, el río como ente vivo ha sido modificado y la flora y fauna muere. Y por ello el investigador del Colegio de la Frontera Norte no duda en calificar la desecación del río San Rodrigo como un ecocidio.

Sacaron el material y no remediaron

La Ley de Aguas Nacionales en su artículo 113 BIS dice que, al extinguirse la concesión o las obras, se deben reparar los daños apreciables a taludes, cauces y otros elementos relacionados con la gestión del agua. 

El Código Penal Federal en su artículo 420 BIS establece que se impondrá pena de dos a diez años de prisión a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. Esto ha generado que, desde el año 2010 hasta mediados de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) haya abierto 812 expedientes relacionados con ese delito en todo el país, según respuesta a una solicitud de información. Sin embargo no detalló el estatus de cada una.

Lo que ocurre con el río San Rodrigo encuadra en cualquiera de estas dos normativas. En el manifiesto de impacto ambiental de la empresa Materiales San Rodrigo se indica que el proyecto realizará obras de conservación de suelo, reforestación de cobertura vegetal y restauración de ecosistemas acuáticos. Los manifiestos de Agregados de Calidad hablan de restauraciones en general, sin dar detalles. Nada de esto ha sucedido. 

Y ni la Profepa, ni la Conagua, ni la FGR han castigado la destrucción de este río. 

De acuerdo con la respuesta de la Conagua a una solicitud de información, desde el 2009 se han documentado en todo el país 618 multas por la extracción de material pétreo sin permiso, sin concesión o por exceder el volumen autorizado.

Por eso la única solución es dejar de extraer material pétreo, comenta el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Jesús Frausto Ortega.  

Pero autoridades como Conagua no tienen información sobre los niveles freáticos del río o de los niveles de caudal perdidos, asegura Gerardo Márquez Tejada, director de Administración del Agua del organismo Río Bravo de la Conagua. El funcionario asegura que ya ninguna empresa tiene permiso para extraer material pétreo debido a que concluyeron las concesiones, el volumen concesionado o en el caso de una empresa, tiene vencido el resolutivo de impacto ambiental a pesar de que su concesión vence en 2027. 

“Actualmente nadie debe estar extrayendo material del río San Rodrigo, legalmente nadie acredita ni en materia de agua nacionales, ni en materia ambiental tiene la argumentación íntegra para extraer material. Y eso lo tenemos bien presente la Profepa, Conagua y Semarnat”, dice Márquez Tejada. 

¿Cómo resolver?

Los hermanos Waldo y Luis Terry caminan por el cauce seco del río. Señalan un viejo sabino que se secó. Un nogal. Un álamo.  

“Antes no se veía ni el cielo, no entraba ni un rayo de sol”, recuerda Luis Terry sobre las frondosas copas de los nogales y sabinos que ya no se ven.

Aunque la mayoría de los entrevistados cree que es irreversible, Luis Manuel Martínez, de la Universidad de Guadalajara, dice que los ríos son resilientes y cree que si se da cierto caudal que asegure un flujo continuo, el río se puede recuperar, pero hay un dato muy real:  30 años de extracción no se recupera en un año, aclara.

Además, la extracción de grava y arena está asociada con la presencia de una presa arriba, pues las presas lo primero que hacen es quitarle agua al río, secarlo, y como lo ven seco, entra maquinaria a extraer los bancos de materiales. Para los ambientalistas, especialistas y la misma secretaria estatal de Medio Ambiente, la presa La Fragua ha terminado por estrangular al río.  

“Son problemas adyacentes que son muy difíciles de solucionar, porque es una presa administrada por la Conagua y ellos son los que debieran decirnos si habría un flujo continuo que permitiera mantener la presa en un cierto nivel ¿Cómo regulas un flujo si hay una presa que no libera agua de servicios ambientales?”, cuestiona Eglantina Canales.

El ambientalista Waldo Terry propone que la legislación se modifique por un enfoque de pasivo ambiental, en donde el costo ambiental de la extracción se registre en los estados financieros, como se registran los pasivos laborales o pasivos crediticios.

“Que se haga un balance a las empresas y con base a los costos la empresa tuviera la obligación de pagarlos o se les cancelara la concesión”, comenta.

La Ley Federal de Derechos obliga a las extractoras de materiales pétreos a pagar una cuota por metro cúbico que extraen, que van desde los 14.96 pesos por metro cúbico de materiales en greña hasta los 19.10 pesos por metro cúbico de grava o arena.

Pero eso solo está en la ley, porque lo recaudado no coincide con las concesiones. 

Según datos entregados por la Conagua (solicitud 330009422002118), un total de 831 personas físicas o morales (no detallan nombres por ser confidencial) han pagado derechos en México desde 2010, a pesar de que de acuerdo con la lista de concesionarios del REPDA este listado tendría que ser de 4 mil 300. 

El volumen más alto declarado en 12 años fue el ejercicio 2018, con una extracción nacional de 2.4 millones de metros cúbicos, menos de lo que oficialmente se sacó en el río San Rodrigo.

La misma solicitud se hizo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y lo recaudado por este derecho ha sido irrisorio a nivel nacional: 185 mil 800 pesos desde 2010. Mientras que la Conagua informa que lo recaudado en 12 años ha sido de 176.7 millones de pesos a nivel nacional. 

“Es una burla”, critica el ambientalista Waldo Terry, quien detalla que tan solo del río San Rodrigo deberían ser 58 millones de pesos, y en 40 años de extracción, más de 2 mil 300 millones de pesos. 

“¿Dónde está ese dinero que debió haber ingresado al Estado?, un recurso que debió destinarse a remediar los pasivos ambientales”, asegura. 

A pesar de que la Conagua asegura que ya nadie tiene permitido la extracción de material pétreo, en el río San Rodrigo se siguen viendo camiones que cargan material. Crédito: Omar Saucedo.

Uno de los problemas es que las modificaciones a la ley han estado más enfocadas en fortalecer los negocios que en darle pesos al valor ambiental, explica el doctor Luis Manuel Martínez Rivera. El caso San Rodrigo lo ven como uno de los más dramáticos del país, no solo por el año, sino por la falta de una autoridad que haga que se cumpla la ley. “Por más fuerte que sea una empresa, cómo pueden tener más poder que la federación. Lo que pasa es que no quieren actuar”, comenta.