La crisis de inseguridad que prevaleció durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, representó una gran oportunidad de negocios para la empresa privada Seguritech, que durante los seis años del priísta recibió contratos millonarios de gobiernos estatales ofertando un moderno esquema de videovigilancia y sistemas de inteligencia, con los que podrían combatir la delincuencia en las zonas más conflictivas del país

Diciembre del 2012, el panista Felipe Calderón concluía su encargo como presidente de México, con más de 120 mil homicidios a consecuencia -principalmente- de la fallida “guerra contra el narcotráfico” que impulsó apenas iniciado su gobierno.

Fosas clandestinas, balaceras, narcomantas y cadáveres ensangrentados colgando de puentes o tirados como basura en las vialidades públicas, fue el escenario que se volvió parte de la vida cotidiana en distintas regiones del país.

La sociedad pidió un “golpe de timón” ante la crisis de inseguridad y, por ello, otorgó su voto de confianza al abanderado del partido opositor, el priísta Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su estrategia no varió mucho a la de su antecesor.

Una patrulla de la policía de Tijuana bloquea una calle durante un operativo. Foto: Margarito Martínez Esquivel.

En medio del entorno de violencia del país, surgió la urgencia de modernizar los esquemas de inteligencia y videovigilancia, como parte de la estrategia del combate a la inseguridad.

Es este contexto, apareció en el mapa la empresa Seguritech Privada, S. A. de C.V., fundada en 1995 en la Ciudad de México, como un pequeño comercio dedicado a la venta de alarmas vecinales, pero que bajo el cobijo del gobierno priísta, se convirtió en una marca sumamente redituable al monopolizar los contratos de los principales proyectos de vigilancia e inteligencia del país, llamado centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). Y la promesa, ser una herramienta para combatir la inseguridad y reducir la incidencia delictiva.

Más de 10 unidades C5i fueron inauguradas o se empezaron a construir en el sexenio de Peña Nieto. Las entidades federativas comprometieron presupuestos millonarios en medio de la opacidad, violentaron procesos parlamentarios y requisitos administrativos. Se autorizaba la compra de equipo tecnológico obsoleto con sobreprecio, ocultando información pretextando la protección de la seguridad nacional.

En este proceso, la violencia criminal no fue mermada, el priista Peña Nieto terminó su gobierno con más de 156 mil muertes violentas, un 29% más que su antecesor. 2018, su último año de gobierno, se convirtió en el peor en la historia de México hasta ese año, promediando 100 asesinatos diarios.

En ese esquema, Guanajuato, Estado de México y Baja California se asentaron como las entidades con más violencia criminal. Situación que no ha mejorado en los dos años del presidente Andrés Manuel López Obrador, que suman más de 60 mil asesinatos.

BAJA CALIFORNIA 

Autoridades analizan la escena de un crimen en Tijuana. Foto: Margarito Martínez Esquivel.

En Baja California la oferta del C5 llegó en 2016, de inicio se destacó por la falta de transparencia y la negativa del gobierno para hacer públicas las características y la calidad del equipo a comprar, igual, bajo la premisa de protección de la seguridad nacional.

“Es una argumentación inválida, porque si se argumenta seguridad nacional tienen que hacer un análisis que se llama prueba del daño, y decir que el daño es mayor que el beneficio público, cómo puedes argumentar simplemente porque estás buscando cámaras de mayor calidad, de mayor tecnología ¿Cuál es el daño?, ahí el tema de seguridad se queda sin argumentación”, explicó al respecto Octavio Sandoval López, ex comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California en el período 2017-2019, cuando se negoció el C5i en el estado.

Seguritech intentó vender, y el gobierno del Estado, encabezado por el panista Francisco Vega de Lamadrid, ya había aceptado comprar un Sistema Integral de Infraestructura e interconexión tecnológica para seguridad pública por 4 mil 660 millones de pesos, a 20 años, a través de la figura de Asociación Pública Privada que fue prohibida por la Ley de Disciplina Financiera. Así que cancelaron el trato y reiniciaron el proceso.   

Fue en 2018 cuando le volvieron a asignar el contrato a Seguritech, esta vez, por 789 millones de pesos a pagar en 10 años.

El C5i fue rechazado públicamente por los partidos de minoría en el Congreso, por algunas asociaciones civiles, y por el Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California. 

“El propio consejo ciudadano hizo un estudio, donde el costo que aquí se nos plantea, son 300 millones menos”, expuso en la sesión de octubre de 2017 el entonces diputado, Catalino Zavala.

“Los equipos estaban hasta tres, cuatro veces más caros de lo que era el valor de mercado de los mismos, no eran equipos de primera generación. Te doy un ejemplo, el de los arcos lectores de placas, es tecnología analógica, cuando ya entonces existía tecnología de inteligencia virtual, en el hecho de que si la placa que cruza por el arco tiene lodo o está doblada, el sistema no lo alcanza a reconocer, y ya existía tecnología que sí lo alcanzaba a reconocer”, dijo Juan Manuel Hernández Niebla, presidente estatal del Consejo Ciudadano. 

Hernádez solicitó de manera independiente el presupuesto de un sistema estático para reconocimiento de placas, cuatro cámaras y un procesador para que éstos funcionen, con un precio por unidad de un millón 510 pesos por los 9 arcos, en total suman 13.5 millones de pesos.

La empresa está cobrando 45.1 millones de pesos adicionales, por la cimentación e instalación de 9 arcos de metal marca Seguritech, con capacidad de almacenaje, el cableado y el equipo de suministros de energía, conexión a tierra, a la red y sensores.

También, en el proyecto aprobado en 2018, vendieron 50 cámaras marca DAHUA, y 150 cámaras marca HANWHA, todas con capacidad de 2 megapíxeles, la misma que tenía el primer iPhone que salió a la venta en el año 2007.

Características técnicas de las cámaras de videovigilancia que vendió Seguritech al gobierno de Baja California. Foto: ZETA Tijuana.

En el mercado las cámaras DAHUA tienen un costo de 60 mil 500 por unidad, y las HANWHA se adquieren por 21 mil pesos, lo que se traduce en 3 millones 175 pesos en compra al menudeo.   

Pero la empresa está cobrando 33.5 millones adicionales por la cimentación de 50 postes con almacenaje, y su respectivo equipo de suministros de energía, conexión a tierra y procesamientos de datos.  

Son 671 mil pesos, es decir, más de medio millón por cada poste cableado marca Seguritech y el servicio que requiera por los 10 años de mantenimiento. 

El contrato se aprobó en junio de 2018 y para frenar el abuso al erario, en septiembre de 2018, el CCSP presentó un amparo, ante el juez Francisco Caballero Green 4to de Distrito en Materia de Amparo, quien le dio curso, pero se negó a conceder la suspensión provisional y definitiva argumentando el interés general del proyecto. Por lo que el contrato en Baja California está vigente. 

LAS INCONSISTENCIAS
En marzo del 2020, un año y medio después de que se promovió el amparo, el Juzgado Cuarto encontró al perito Ingeniero Electromecánico, Alberto Cortez Enríquez, quien determinó que se violentaron los procesos administrativos al realizar el contrato. 

Los motivos fueron: que no existe un dictamen de propuesta económica hecho por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como exige el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones. 

Tampoco existe justificación, ni detalle o precios unitarios en los 327 millones asignados a mantenimiento preventivo y actualización, mientras que la propuesta económica

no presenta precios unitarios, como ordenan los artículos 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones de Baja California.

Esto abre la posibilidad de iniciar procesos judiciales y administrativos: 

“Yo pienso que esto ya daría pauta para un tipo de demanda de corrupción, y responsabilizar a las personas que en determinado momento firmaron tanto los procesos de licitación, como el contrato respectivo”, expuso el consejero ciudadano de seguridad.

Por su parte, el abogado especialista en amparo, con trayectoria en el ejercicio de la función pública, José Ángel Bustamante Arbizu, explicó que si el delito cometido por el funcionario es considerado grave, el plazo de prescripción es de 7 años, de lo contrario el período es de 3 años, por lo que el proyecto del C5i aún es impugnable. 

“El gobierno del estado podría entablar una acción de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado basados en que se reconoció, otorgó derechos que no corresponden, porque es una licitación sobre productos aparentemente sobrevaluados y con un precio excesivo que, al final del día, le causa un perjuicio al erario”, dictó el abogado.

Al respecto, Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública del Estado de Baja California, explicó que existe un expediente abierto, ya que el 20 de septiembre de 2018 se recibió una denuncia dirigida a la entonces Secretaría de la Contraloría. 

“Tenemos un expediente que es el 265Q18, eso significa que se inició en 2018, (la denuncia) está radicada ya, tenemos nosotros diligencias practicadas”, explicó.

En cuanto a las irregularidades detectadas expuso que no aplicaron la norma, no hubo desglose de bienes y servicios en precios unitarios, no hicieron un comparativo de precios, y consideraron una vida útil del equipo diferente a la necesaria.  

“Nosotros tenemos un responsable que es el director de adquisiciones de Oficialía Mayor, Rutilio Pérez Flores y obviamente nosotros ya empezamos con el procedimiento para sancionar y hacerlo responsable de este tema”, advirtió.

A pesar de que Seguritech en obra y entrega de equipo del C5i presenta un avance del 88 por ciento, la carpeta de investigación se inició hace más de dos años, y no presenta diligencias realizadas desde julio de 2019, aseguró la secretaria Espinosa. 

Quiénes firmaron el contrato C5i BC fueron: la ex Oficial Mayor Loreto Quintero; el ex Secretario de Seguridad, Gerardo Sosa; y como testigos, el ex Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández; y el ex Contralor, Francisco Postlethwaite.

Pero la responsabilidad primaria, dijo la secretaria de Honestidad, recae sobre quien encabezó el subcomité de adquisiciones, Rutilo Pérez Flores, quien al igual de Loreto Quintero y Bladimiro Hernández, se encuentran denunciados ante la fiscalía del estado -por otros contratos-, acusados de un desvío de recursos superior a 1200 millones de pesos, 

Al respecto, el ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor del gobierno de Baja California, Rutilo Pérez Flores, responsabilizó a la Secretaría de Seguridad y al ex Secretario Gerardo Sosa Olachea. 

Aseguró que fue Sosa y su personal en el área de seguridad quienes determinaron lo que necesitaban y revisaron los precios, pero cuando se le preguntó si lo vio, solo repitió que debía estar en el expediente que él nunca resguardo.  

 “Se hizo un estudio de mercado por parte de la SSP, ellos hicieron toda esa búsqueda, traían datos ahí que les permitieron hacer su techo financiero para saber hasta dónde les iba a alcanzar el recurso”, indicó Rutilio. 

 Finalmente justificó la ausencia de precios unitarios en el contrato, que exige la Ley de Adquisiciones, argumentando que se contrató un proyecto integral, la implementación de un C5 y no por cámaras o arcos lectores.

 Entrevistado, el ex secretario de seguridad Gerardo Sosa Olachea, repitió que el contrato se hizo por un servicio, reconoció que la Secretaría a su cargo llevó el proceso de licitación, pero negó haber sido responsable del análisis de precios o costos, Indicó que ese aspecto siempre estuvo en manos de la Oficialía Mayor, y del ex director de adquisiciones Rutilo Pérez. 

BC MANTIENE DEUDA MILLONARIA
A la fecha, la empresa debería haber recibido 177 millones de pesos, pero el gobierno panista que la contrató solo hizo un primer depósito de 19 millones y dejó de pagar hasta el final de su gestión y se fue debiendo a la empresa más de 78 millones. 

Deuda que se duplicó a 156 millones de pesos durante la administración del actual gobernador Jaime Bonilla. 

Al respecto, la secretaria de honestidad Vicenta Espinosa negó que el estado incurriera en responsabilidad al incumplir los pagos: “No porque hay una investigación. La investigación ordena y manda que se detenga todo precisamente porque no puedes tú generar un pago sobre algo irregular y observado”.

Actualmente, con el 88 por ciento de avance en la instalación de los equipos del C5i, en Baja California la incidencia delictiva no ha disminuido.   

Cuando la empresa Seguritech Privada llegó a Baja California para ofrecer sus servicios de videovigilancia e inteligencia, otras entidades ya habían signado contratos con resultados negativos.

Sin embargo, los proyectos con mayores problemas fueron los de mayor incidencia delictiva a nivel nacional, Baja California, Guanajuato y Estado de México.  

Entre Guanajuato y Estado de México erogaron más de 8 mil millones de pesos en la implementación de los C5i. 

Días después de que el priista Enrique Peña Nieto asumió el cargo como presidente de la república, el recién nombrado gobernador de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, firmó el contrato SSP/C4/001/2012 para la adquisición del proyecto C5i. 

El plan consistió en instalar un moderno esquema de videovigilancia, fibra óptica y arcos carreteros que se convertirían en los “ojos de Guanajuato” y así evitar que la violencia de entidades vecinas como San Luis Potosí, Nuevo León, Michoacán, Querétaro y Jalisco, influyera en la criminalidad. 

El proyecto tuvo un costo de 2 mil 727 millones 893 mil 413 pesos a pagarse durante todo el sexenio de Márquez Márquez. El contrato se adjudicó de manera directa y sin llevar a cabo un estudio de viabilidad financiera.

Pese a las múltiples negativas, Semanario ZETA obtuvo una copia del contrato firmado entre el Gobierno del Estado y la empresa Seguritech Privada, en el año 2012. 

El documento firmado por Alvar Cabeza de Vaca, Gabriel Anguiano Delgado y Manuel de Jesús Villarreal Romero, por parte de la Secretaría de Seguridad, y por René Bustos Soler, por parte de la empresa, consta de 53 páginas. 

Una de las irregularidades detectadas es que pese a lo elevado del costo se trata de un arrendamiento donde todo el equipo es propiedad del “prestador del servicio”, por lo que debía devolverse en octubre del 2018. 

Aunque había una opción de compra si el Ejecutivo Estatal decide comprarlo, para lo que tendría que pagar el 2 por ciento del total, lo que representa poco menos de 50 millones de pesos. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió extender el servicio y a la fecha ha erogado más de 100 millones de pesos.

El acuerdo de voluntades también obliga a la empresa a obtener un seguro de daño, robo o extravío, para el equipo de vigilancia, pero no establece mayores detalles sobre cuándo se haría responsable cada uno en el caso de que esto ocurra.

El auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, respaldó las acciones realizadas por la dependencia a su cargo y aseguró que durante los primeros años se contabilizaron 28 observaciones en torno al contrato y los servicios del proyecto C5i, de las cuales fueron solventadas un 80 por ciento.

“De estas se solventaron el 80% de las observaciones, un 11% están parcialmente solventadas. Digamos que hay una atención muy buena del 90% y queda por ahí  un ´saldito´ del 10% de las observaciones, como no atendidas o no solventadas”, calificó el funcionario.

Aunque la mayoría de las irregularidades fueron solventadas, las pendientes resultaron ser las más graves, como la firma del contrato sin la autorización del Poder Legislativo. 

Por parte de la Auditoría hubo un reclamo pero nunca una sanción del Congreso hacia el Ejecutivo, pese a que se presentó una denuncia administrativa en febrero de 2014. 

Los informes de la auditoría también refieren que los arcos carreteros no pueden detectar placas de vehículos robados si transitan por el acotamiento de las vialidades; que los videos captados por el equipo de Seguritech son borrados a los 30 días, por lo que en caso de no solicitarse a tiempo la información de un hecho ocurrido en determinado día, ya no puede ser cotejable; que existen errores en la instalación de los postes donde descansan las cámaras de vigilancia y discrepancia en la tecnología utilizada con la ofertada, entre otras cuestiones.

Tampoco se llevó a cabo un proceso de licitación abierto, ni se establecieron precios unitarios de los bienes arrendados, omitieron compromisos de entrega de obra, al igual que información precisa sobre las sanciones en caso de incumplimiento de contrato. 

Las observaciones de la auditoría especial fueron enviadas al Poder Ejecutivo, el cual se dio por enterado en agosto del 2016, es decir, casi 4 años después de asignado el contrato y a dos años de concluirlo. 

En esa revisión se detectaron fallas en 46 de los 56 arcos carreteros revisados, solventando la mayoría varios años después de su instalación.  

A juicio del ex legislador en Guanajuato, Sergio Contreras, el proyecto fue un fracaso, máxime cuando se registraron las peores cifras de incidencia delictiva durante este periodo y que la tecnología no resultó ser lo que se había prometido.

Contreras aseguró que los informes de auditoría fueron insuficientes porque inicialmente sólo se revisó si se cumplía con lo adquirido, cuando por la naturaleza y complejidad del proyecto era necesario también evaluar la calidad del mismo.

ESTADO DE MÉXICO
Irregularidades similares se documentaron en el proyecto del Estado de México -cuna del presidente Peña Nieto-, donde el gobierno de Eruviel Ávila comprometió las arcas por un monto de 6 mil 376 millones 773 mil 027 pesos.

El esquema fue el mismo: una adjudicación directa entregada de manera injustificada, obligándose a erogar una importante suma de recursos en los siguientes 6 años, para un equipo que finalmente sería devuelto a Seguritech cuando terminara la administración..

El contrato administrativo ADP-002-2018 de prestación de Servicios de 62 páginas, firmado por representantes del gobierno mexiquense, y la empresa Seguritech Privada, S.A. de  C. V., no especifica los precios unitarios de cada uno de los productos y servicios. 

Rene Bustos Soler firmó el contrato en representación de una persona jurídica colectiva, con acreditación ante el notario, pero tanto su firma como la mayoría de la información del contrato es reservada, por lo que tanto nombres como montos están borrados con un marco gris, lo que restringe la información general como RFC, la dirección y el teléfono del contratante. 

De acuerdo con la última auditoría aplicada el 18 de octubre del 2019, la empresa no aclaró ni justificó los resultados y observaciones incorporados por la Auditoría Superior del Estado de México, por lo que la autoridad notificó que ha cumplido de manera parcial con el contrato.

ZETA entrevistó a la investigadora Pilar Deziga, de la agrupación Causa en Común, que ha realizado análisis en materia de seguridad y de los centros de atención de emergencias de todo el país.

“No tenemos especificaciones sobre qué número de estas cámaras son de pertenecía a los C5 o a los consejos estatales de seguridad o son arrendados, al día de hoy desconocemos la información y de nuevo es parte de la tendencia a la opacidad.

-¿Opacidad pero no corrupción?

“Podría ser, al final, que el no acceso a la información te lleva a todos los caminos y ninguno es positivo”, remató la especialista.

Para el especialista, David Chong, secretario General de Corporación Euro Americana de Seguridad, pese a estas irregularidades, las responsabilidades sobre los proyectos no recae realmente en la empresa Seguritech Privada, sino en los respectivos gobiernos estatales, los cuales realizan la evaluación técnica con base en las necesidades del Estado.

“Si la empresa cumple con lo especificado no le puedes señalar ninguna responsabilidad a la empresa, se las señalas a quien no estableció las condiciones adecuadas para proteger el interés institucional” (sic).

La proveedora Seguritech Privada, fue fundada en el año 1995 en la Ciudad de México y su propietario es el empresario Ariel Zeev Picker Schatz. Foto: ZETA Tijuana.

¿Quienes son Seguritech Privada?

La proveedora Seguritech Privada fue fundada en el año 1995 en la Ciudad de México y su propietario es el empresario Ariel Zeev Picker Schatz.

Según el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, la empresa registró el nombre de C5i como propio, por lo que ahora ningún sistema de videovigilancia que no pertenezca a Seguritech puede utilizar el nombre.

El origen de la empresa es mucho más humilde, pues de ser una pequeña empresa dedicada a la venta de alarmas vecinales, actualmente es uno de los proveedores de tecnología más importantes del país, teniendo como su principal periodo de crecimiento durante las administraciones priístas, sobre todo durante la presidencia de Peña Nieto.

El consorcio también incluye a filiales Comunicación Segura, Picorp S.A. de C.V. y Tres10 S.A. de C.V, entre otras, las cuales se alternan de forma indistinta, logrando así monopolizar los grandes contratos de videovigilancia y modernización de los proyectos C5i del país.

ZETA llevó a cabo una revisión de las empresas a través de las plataformas digitales disponibles en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, pero ninguna aparecía directamente en la consulta.

Sólo una logró ser identificada: la empresa llamada Tres10 S.A. de C.V. cuya creación data del año 2019, teniendo como propietarios a Comunicación Segura S.A. de C.V. y Seguritech Privada.

Su fundación tiene como objetivo brindar el servicio de C5i al Estado de Tamaulipas, gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue coordinador en la Frontera Norte de la A.C. Amigos de Fox, agrupación que buscó recursos para la campaña del expresidente guanajuatense, en el año 2000.

El proyecto costó 2 mil 619 millones 415 mil 991 pesos y tuvo como representante legal a Alaín Ramos Padilla, exjefe del Departamento Jurídico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, durante la administración priísta de Rubén Moreira, en el Estado de Coahuila, hermano de Humberto Moreira, gobernador acusado de un millonario desfalco a las arcas estatales de aquella entidad, el cual incluso fue detenido en enero del 2016 en España, y liberado semanas después.

La empresa Seguritech y sus filiales cuentan con un número importante de representantes legales.

René Bustos Soler aparece como representante legal en los millonarios negocios de Seguritech Privada con las alcaldías de Álvaro Obregón, Tlalpan, Valle de Bravo, además de representar a PICORP de México, en los padrones de proveedores de Colima y Puebla.

Otros personajes como Francisco Javier Zubiate Nava, Emanuel Antonio Cárdenas Rojas, Juan Guerrero Mandujano, Raymundo Arriaga Aragón, Ernesto Valdés Cordero, Alaín Ramos Padilla y Lorena Ángel Zayas, aparecen indistintamente representando a las empresas 

En una transmisión en vivo realizada en 2017, el Gobierno de Sinaloa hizo público un proceso de licitación para adquirir un proyecto de modernización de los sistemas de vigilancia de aquella entidad.

René Bustos Soler se identificó como representante de Seguritech, mientras que por parte de Comunicación Segura y Picorp de México participaron Francisco Javier Zubiate Nava y Juan Guerrero Mandujano, respectivamente.

Un año después, todos ellos fueron representantes legales del contrato en Baja California según consta en el documento de la Junta de Aclaraciones del contrato de Seguritech en Baja California, y establecieron el domicilio LAGO BOLSENA # 277 1ER.PISO COL. ANAHUAC C.P. 11320, en la Delegación Miguel Hidalgo, donde se ubican las oficinas de Seguritech Privada.

Entre los representantes se encuentra Ernesto Valdés Cordero, que según el portal Corresponsabilidad del Gobierno de México, es encargado de una asociación civil Fundación en Movimiento, que comparte domicilio con Seguritech, y que es dirigida por Eduardo Ricalde Medina, padre de Eduardo Ricalde Alarcón, ex esposo de la canciller en la administración de Enrique Peña Nieto, Claudia Ruiz Massieu, sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ricalde Medina es también director de la Fundación Teletón, organismo respaldado por la empresa Televisa.

La asociación civil establece como su principal objetivo el combate al acoso escolar en diversas modalidades, además de incursionar en temas como la violencia familiar y otros temas de carácter social.

A través de pláticas y cursos otorgados en escuelas primarias y secundarias, capacita a niños, jóvenes y padres, sobre las conductas antisociales.

En su página de internet, Fundación en Movimiento hace públicos a todos los integrantes del consejo, donde destaca Arturo Ancona García-López, ex director de Propiedad Intelectual de la PGR y titular de la dependencia encargada de la distribución Libros de Texto Gratuito en el Gobierno de Peña; Guillermo Bustamante Manilla, ex funcionario de la administración panista del guanajuatense Vicente Fox Quesada, impulsor de la campaña peñista; el ex diputado panista José Julio González Garza, director de Control Patrimonial del Poder Ejecutivo de Guanajuato en el gobierno de Márquez Márquez; Guido Belsasso Prister, ex comisionado nacional contra las adicciones, también en el gobierno foxista; Francisco Ricalde Alarcón, ex esposo de la canciller, Claudia Ruiz Massieu; y Lorena Ángel Zayas y Ernesto Valdés Cordero, representantes de Seguritech.

Según la página oficial de donaciones del Servicio Administración Tributaria (SAT) disponible en su página de internet, la asociación civil recibió millonarias donaciones del sector privado, y según lo dicho por el propio Ricalde Medina, en un informe anual en poder de ZETA, la mayor parte de sus gastos son cubiertos por Seguritech Privada.

QR RECHAZÓ A SEGURITECH

Para tener un comparativo, el Semanario ZETA tuvo contacto con el gobierno de Quintana Roo, luego de que este rechazara la propuesta de Seguritech. 

Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo, explicó que -a diferencia de Baja California, Guanajuato y Estado de México- se dieron a la tarea de revisar las propuestas de varias empresas en vez de contratar una sin previo análisis.

El mandatario comentó que analizaron costos, calidad y experiencia, y aunque Seguritech participó en la licitación, la empresa que obtuvo el contrato fue Total Play.

“Bueno, hubo una mejor propuesta, no puedo comentarte directamente que haya sido un alto costo, sino que hubo propuestas que tuvieron mejores costos, que fue lo que permitió entonces que pudiéramos tomar esta decisión”, sostuvo Joaquín González.

Detalló que se instalaron mil 800 cámaras en Cancún y 200 más distribuidas en tres municipios y del costo expuso:

“Son alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, la construcción del C5, la instalación de las cámaras, todo lo que es conectividad de fibra óptica, todo el equipo tecnológico, e incluye la remodelación de los C4 que tenemos en el Estado”, estimó el gobernador quintanarroense. 

Por ejemplo, el C5 de Quintana Roo costó 75 por ciento más que el de Baja California, pero tiene:  800% más de cobertura en cámaras; 188% más de cobertura en arcos lectores; y 480% más de cobertura en fibra óptica.

Además, en Quintana Roo construyeron el edificio, actualizaron la Red de Radiocomunicación Digital Encriptada, sumaron 352 terminales de radiocomunicación; incluyeron sistemas de reconocimiento facial, inteligencia de negocios, el Sistema de Despacho; conmutadores IP con teléfonos y consolas de operación CONTACT-CENTER 9-1-1; equipamiento tecnológico para la operación de la Unidad de la Policía Cibernética; más aplicaciones avanzadas para la Unidad de Inteligencia Policial; sistemas de Información para la generación de documentos de inteligencia, redes de vínculos delictivos y mapas de calor: sistemas para la localización de objetivos, un Centro Estatal de Información con  interconexión a Plataforma México y AFIS.

Los agentes policiacos de Baja California han protestado en los últimos tres años para exigir pagos puntuales, equipo para enfrentar la delincuencia, unidades, uniformes y prestaciones para un retiro digno. 

El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policía en Baja California, Alejandro Monrreal Noriega, fue testigo del momento en que la empresa Seguritech firmó el contrato con la administración del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid y desde un inicio detectó inconsistencias, como la falta de coordinación. 

“No escuchan a la gente de campo, las necesidades que tienen y ahorita lo acabamos de decir a mediados de la entrevista los 800 millones nos pudieran servir para todas las necesidades que tiene el recurso humano de las corporaciones; de entrada, plazas, después la seguridad social de los policías que van a trabajar para estar blindados  y tener redes de lo que ya tienes”, sostuvo el dirigente, quien habló del déficit de policías en los municipios de Baja California. 

En Tecate y Ensenada faltan alrededor de 300 policías, a Rosarito 150, mientras que en Tijuana y Mexicali unos mil 500. 

Eduardo Rafael Arroyo Pacheco, padre de Aurora Arroyo, mujer desaparecida en Guanajuato. Foto: ZETA Tijuana.

INEFICIENTE TECNOLOGÍA C5i 
Aurora Gutierrez, es una joven profesionista víctima de la delincuencia. Desapareció el 22 de agosto del 2019 en uno de los estados en los que implementó el esquema C5i arrendado por el gobierno de Guanajuato a Seguritech. 

Ella estudió Criminalistica en la Ciudad de México, y se desempeñó como auxiliar en un despacho de abogados. Ese día salió a trabajar y no regresó. 

Eduardo Rafael Arroyo Pacheco y su esposa Leticia son padres de Aurora y desde que desapareció han emprendido su búsqueda por medios propios. Ambos tenían la esperanza de que a través de los equipos de alta tecnología de Seguritech les aportaran pruebas para conocer el paradero de su hija.  

“La última vez que la vieron salió de mi casa como a las 11:00 de la mañana según iba al Centro de Reinserción Social (CERESO) pero nunca supieron si llegó o no”, compartió el padre. 

La pareja ha recibido el apoyo de José Gutiérrez Cruz, criminólogo fundador del movimiento “Sembrando Comunidad” y colectivo “A tú encuentro” en Irapuato, quien revisa las carpetas de investigación de personas desaparecidas e identifica las violaciones a derechos humanos, así cómo documenta los errores que comete la fiscalía en sus indagatorias.

José calificó el proyecto Escudo, en Guanajuato, como un negocio que en ninguna de las 60 carpetas que tienen abiertas por casos de desaparecidos los han podido ayudar. 

El criminólogo explicó que en un inicio la familia no tenía información de cómo desapareció Aurora,  solo que salió de su casa y no regresó. 

Sin embargo, comenzaron a buscar entre conocidos y fue así como recibieron la información de que su hija se subió a un camión colectivo y que probablemente fue en un asalto donde se la llevaron. 

Comentó que este caso es un ejemplo de lo útiles que pueden ser los equipos de primera tecnología para esclarecer una investigación y poder dar una respuesta a las familias que siguen esperando un resultado. 

En el caso de Aurora, el SECOM, que es el centro donde están las cámaras, su ordenador solo graba por 30 días. 

“Aurora desaparece el 22 de agosto del 2019, entonces, la fiscalía bajo el oficio 66-4-2019 pide las cámaras pero las pide el 8 de octubre, es decir, Aurora tenía un mes 16 días desaparecida y entonces lo piden el 8 de octubre y el mismo 9 en SECOM les contestan no les podemos dar esos videos, tal cual dice, ya que el servidor de la misma respalda solamente 30 días...”, detalló el activista. 

Confesaron que la información es irrecuperable aunque es vital para una investigación porque permite identificar vehículos, placas o rutas. 

Lo correcto, de acuerdo con el activista, es que se cumpliera con los protocolos y la información se transformara en resultados positivos para la comunidad. 

Por lo general la fiscalía hace los trámites y solicita el material filmográfico de las cámaras como un requisito en el proceso, pero no se establecen rutas de interés como lo marcan los protocolos. 

“Piden (videos) pero no saben cómo les van a servir, y no saben cómo establecer la ruta de interés en la investigación, entonces, como no saben, lo agregan a la carpeta y dicen yo cumplí, pero esos videos cómo los van a transformar en una investigación criminal adecuada”, concretó el criminólogo.

ZETA solicitó en múltiples ocasiones entrevistas con representantes de la empresa Seguritech Privada, desde el mes de diciembre, con el objetivo de obtener su versión, pero esta oportunidad fue negada.

Lo único que se pudo obtener es una conversación informal con un directivo, el cual rechazó poder incluir cualquier información en este reportaje.
Esto se encuentra sustentado en múltiples correos, respuestas, llamadas telefónicas y mensajes vía Whatsapp, en poder de este medio de comunicación.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.