“No la vamos perder. Si un político la entregó fue malamente, no estaba sola la playa". Jorge Osuna Tamez, prestador de servicios turísticos de El Manglito quien se opone a la concesión del único embarcadero público que pequeños empresarios como él y pescadores locales tienen para acceder al mar en la capital política de este estado del noroeste mexicano.

Antes de entrar al embarcadero de El Manglito, usado libremente por toda la comunidad desde hace más de 20 años, hay letreros con sellos del gobierno del estado donde se anuncia: “APIBCS cuenta con una superficie de 11,189 metros cuadrados concesionados en esta zona”. 

“Dicha superficie fue materia de un contrato de cesión parcial de derecho celebrado por APIBCS con un particular el día 21 de marzo de 2021. Por lo anterior procede a restringir el acceso y únicamente se permitirá la salida de bienes muebles a partir del 7 de junio de 2022”, se puede leer de manera textual en el documento.

El embarcadero público de El Manglito es utilizado por alrededor de 150 prestadores de servicios turísticos como Jorge Osuna, pescadores y propietarios de embarcaciones privadas de La Paz, estos últimos quienes usan sus botes y lanchas para paseos familiares.

“No existe ningún lugar para acceder al mar, la única manera es pagando los precios que imponen los dueños de las Marinas que cobran hasta 500 pesos por ese servicio por cada vez que se utilizan”, expresó  Jorge Osuna, al convocar a       otros afectados como él a resistir de manera pacífica al intento de privatizar el único embarcadero público de La Paz.

En los últimos dos años del gobierno de Carlos Mendoza Davis, APIBCS concesionó a particulares el 43 % del área costera destinada en La Paz por la Federación a la empresa estatal (FOTO: Rodrigo Rebolledo).

APIBCS es una empresa paraestatal del Gobierno de Baja California Sur conformada por decreto oficial en 1997. Sus acciones son determinadas por un consejo encabezado por el gobernador en turno. Administra un conjunto de recintos portuarios en el estado, entre ellos el pequeño embarcadero de El Manglito, pero sin duda el más importante es Puerto Pichilingue, centro de abastecimiento de prácticamente todos los productos y mercancías que llegan al extremo sur de la península de BCS.

Además de la concesión (o cesión parcial de derechos) de El Manglito, en 2021 en los últimos años del gobierno encabezado por el panista Carlos Mendoza Davis, quien tuvo como administrador de la API a José López Soto, se pactaron tres concesiones con particulares que incluían el pago de “cuotas iniciales” a cambio de contraprestaciones mensuales más bajas y que, a decir del actual director de la APIBSC, Narciso Agúndez Gómez, fueron “lesivas” y “arbitrarias”.

Entre 2018 y 2021, José López Soto al frente de APIBCS firmó contratos de cesión de derechos por 46% (135 mil 325 metros cuadrados) de área terrestre concesionada en el litoral de la bahía de La Paz, la mayoría para compañías con intereses turísticos y generado manifestaciones ciudadanas por el alto costo social o ecológico para las zonas donde se han intentado implementar.

Resistencia pacífica

Un centenar de pescadores de El Manglito decidieron reunirse la tarde del 9 de junio del 2022 en el lugar donde, diariamente, se hacen al mar para revisar sus opciones ante la inminente desaparición del único sitio público que les queda para realizar estas faenas en La Paz.

Los afectados por esta concesión afirman que buscarán hasta el último recurso legal para mantener el sitio abierto a la comunidad y así evitar que avance lo que consideran un “despojo” para las familias paceñas.

La firma del contrato de concesión de El Manglito se aseguró mediante el pago de una “cuota inicial” de 4 millones de pesos. Dinero que la APIBCS recibió en marzo del 2021 a cambio de ceder el uso de los más de 11 mil metros por una contraprestación de tan solo 55 mil 945 pesos mensuales aún sin recibir el visto bueno de las autoridades del medio ambiente federales.

La cesión parcial de derechos fue otorgada a la empresa Desarrollos Gran Visión bajo el compromiso de construir una marina, locales comerciales y restaurantes que administrará por una década luego de la cual puede renegociar su ampliación (APIBCS01-83-21).

Una búsqueda en el Registro Público del Comercio muestra a Ana Karina Angulo Esquer como presidenta de la empresa; ella es esposa del empresario inmobiliario Luis Cano Hernández; ambos señalados en reportes periodísticos como actores inmobiliarios cercanos al exgobernador Narciso Agúndez Montaño, padre Narciso Agúndez Gómez, actual titular de la APIBCS.

El pasado 11 de julio los prestadores de servicios turísticos afectados presentaron un oficio al gobierno del Estado invocando el decreto del 2020 en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador adiciona disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, garantizando libre acceso y tránsito en las playas.

Prestadores de servicios turísticos que se dicen “despojados” por la concesión del embarcadero público de El Manglito en La  Paz consideran que APBCS debe cancelar el contrato por afectar a sus usuarios consuetudinarios (FOTO: Rodrigo Rebolledo).

Los manifestantes sostienen que el espacio es de público, por lo que piden la revocación de la concesión por su uso consuetudinario. Agregan que, de concretarse se violaría la Ley General de Puertos al no consultarles sobre la concesión.

“Nuestro interés no es politizar, no es hablar de si hay corrupción, no es hablar tampoco si fueron las autoridades de la administración pasada o de esta administración, nuestro único interés es pedirle a la autoridad, específicamente al gobernador Víctor Castro Cosío que se nos respete el área que por mucho tiempo hemos empleado para trabajar y botar las embarcaciones”, dijo Nezahualpilli Tovar, uno de los manifestantes que entregó el documento.

Las otras concesiones

Además de la cesión parcial de derechos del pequeño embarcadero de El Manglito, durante el 2021 se firmaron otros tres contratos concesión donde se pide “cuotas iniciales” a las empresas y se asignan contraprestaciones mensuales “lesivas”, a decir del actual titular de la APIBCS, Narciso Agúndez Gómez, entrevistado para este reportaje.

Dos de estos contratos fueron con la empresa New Fortress Energy y sus filiales (APIBCS01-068-18 cedida para NFE Pacífico y APIBCS01-080-21 Gas Natural del Noroeste). La empresa de capital norteamericano del giro de los hidrocarburos inició en 2021 una operación para hacer llegar gas natural al estado.

El 13 de mayo, esta planta en BCS fue clausurada de manera temporal por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), debido a una supuesta falta de documentación necesaria para su operación.

La otra empresa favorecida con una concesión de este tipo fue Aquamayan Adventures del empresario quintanarroense Mauricio Hamui, cuyas empresas construyen las obras portuarias para cruceros turísticos en el caribe mexicano. 

Consiguió una concesión para dragar, construir y operar una terminal para cruceros -tipo OASIS, los más grandes del mundo- en Puerto Pichilingue junto con área para amenidades como restaurantes, bares, locales comerciales, parques acuáticos y otros servicios para sus pasajeros.

Aquamayan Adventures (APIBCS01-086-21) entregó una cuota inicial de 40 millones al firmar su concesión con José López Soto aún al frente de la APIBCS.

En medio de manifestaciones y sin dar mayores explicaciones, en abril del 2022, la empresa retiró su solicitud de impacto ambiental, en tanto las autoridades ambientales mexicanas emitieron días después la negativa de los permisos en materia de impacto ambiental. 

El empresario Mauricio Hamui, representante legal de la empresa fue contactado para este reportaje, pero se negó a ofrecer una posición respecto a las razones de la dimisión. 

Prestaciones “arbitrarias”

Las “cuotas iniciales” establecidas en los contratos celebrados con APIBCS durante la administración de Mendoza Davis son una práctica común en las concesiones de bienes nacionales, pero las empresas arriba mencionadas pagaron “de manera arbitraria”, calificó el titular de la APIBCS, Narciso Agúndez Gómez.

“No sabemos de dónde sacaron esos precios... Vamos a procurar regularizar con un pago de contraprestación justo. Ni un peso más pero ni un peso menos, sobre lo que marque el avalúo de los bienes nacionales y ahora sí tendrán que poner a consideración si sirve en su modelo de negocio. Nosotros no podemos otorgar ese tipo de concesiones lesivas para la nación”, aseguró el funcionario en entrevista.

Como se dijo por el embarcadero de El Manglito; la empresa Desarrollos Visión pagó solo 5.5 pesos por metro cuadrado en una zona turística de alta plusvalía en La Paz.

Por su parte, New Fortress Energy paga 25 pesos por metro cuadrado; y Aquamayan Adventures, 26 pesos por metro cuadrado, cuotas fijas que son bajas para el ámbito portuario nacional, según Agúndez Gómez, lo cual fue corroborando también comparando esas cuotas con las que se cobran en Vallarta y Mazatlán, dos puertos que también con salida al Océano Pacífico.

A decir de Agúndez Gómez, su administración comenzó un proceso con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) buscando tasar estas concesiones con contraprestaciones más justas.

A ello habría que sumar que el uso del recursos emanado de dichas concesiones es poco claro. Parte de ese dinero fue utilizado para fines diferentes a los objetivos de la APIBCS.

“Encontramos las finanzas muy desgastadas, prácticamente pudimos salir para la nómina”, dijo Agúndez Gómez.

Se solicitó una postura de José López Soto, ex director de APIBCS, sobre el manejo que se dio a los recursos durante su administración, pero hasta el cierre del reportaje el ex funcionario no ofreció respuesta.

¿En qué se gastó el dinero?

A las concesiones “arbitrarias” entregadas por la Administración Portuaria Integral de Baja California (APIBCS) durante la gestión de José López Soto, se suman presuntas irregularidades en las obras públicas que realizó la paraestatal a un conjunto de espacios que no están vinculados con el mantenimiento de los recintos portuarios, y que hoy en día se encuentran con “vicios ocultos”, mientras que en otros casos las obras están “inconclusas” física y administrativamente.

Un ejemplo de ello es la construcción de la tercera y cuarta etapa de remodelación del malecón costero de La Paz. Las obras fueron licitadas en 2020 y pagadas con recursos del ejercicio 2020 y 2021, cuando la paraestatal gozó de los recursos de las “cuotas iniciales” de sus diferentes cesiones parciales.

En el caso de la tercera etapa del malecón ésta no está terminada, aun cuando ya fue inaugurada, por lo que dicha obra está en revisión de la API. 

Para estas dos etapas se contrató a la empresa Inmobiliaria Ecuenl, S.A. de C.V, así como para la remodelación de la Plaza Emiliano Zapata en Ciudad Constitución culminada en 2022.

Los recursos que APIBCS recibió por concesionar La Paz fueron usados para fines aparentemente diferentes a sus objetivos (el mantenimiento de la infraestructura portuaria en la entidad). Como la remodelación del malecón contratando a empresas previamente favorecidas por el gobierno del estado (FOTO: Rodrigo Rebolledo).

De acuerdo con el Registro Público del Comercio, la empresa cuyo principal accionista es Eduardo Cuen López, se constituyó al inicio del gobierno de Carlos Mendoza Davis. Durante ese periodo se detectó que fue ganadora de 17 contratos de construcción y remodelación en licitaciones públicas por un total de 23.1 millones entre 2017 y 2020.

La APIBCS también realizó obras en centros de población del estado que ni siquiera tienen acceso al mar, como la capital de Comondú, Ciudad Constitución en el corazón del Valle de Santo Domingo. Ahí, APIBCS entregó a un grupo de empresas una obra para reconstruir la plaza Emiliano Zapata con una inversión de 23 millones de pesos.

La obra que fue iniciada en marzo del 2021 a escasos cinco meses de culminar el anterior gobierno estatal y a días de iniciar la veda electoral y tuvo un precio final de 34 millones de pesos.

Otra empresa contratada por la APIBCS fue Construcciones Rore, S de RL de CV, propiedad de Jesús Antonio Gómez Montoya. 

Gómez Montoya fungió como primer regidor en el Ayuntamiento de Los Cabos por el PAN, en la misma campaña que compitió Carlos Mendoza Davis como gobernador. Y encabezó el cuerpo edilicio de aquel municipio durante el periodo en que Arturo de la Rosa Escalante fue presidente municipal de 2015-2018.

Además de regidor, Gómez Montoya fungió como presidente municipal interino entre abril y septiembre de 2018, cuando De la Rosa buscó la reelección a la alcaldía. 

Luego de cumplir sus funciones como edil sustituto se le adjudicaron 10 contratos a su empresa por un total de 119.2 millones de pesos, esto ocurrió entre los años 2018 y 2021.

A la empresa Deraney Constructora, S. de R.L. de C.V, propiedad de Ricardo Geraldo Lucero, y que fue constituida en 2016 ante el Registro Público del Comercio, se le otorgaron por lo menos 18 contratos de obra pública por un total de 45 millones de pesos, entre 2016 y 2021. 

Como menciona el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2018-2023, que rige las operaciones de la APIBCS, la contratación de obra fuera de los recintos portuarios no es uno de los objetivos primarios de la paraestatal.

Esto fue reiterado en entrevista por Narciso Agúndez Gómez, quien consideró que obras como las arriba detectadas están fuera de las atribuciones de la API.

La concesión del área costera y recintos portuarios por APIBCS a cambio de cuotas iniciales para pactar prestaciones mensuales ha provocado manifestaciones y escasa transparencia. (FOTO: Rodrigo Rebolledo). 

Auditoría externa

Tras reconocer la forma como la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (BCS) entregó concesiones en bienes nacionales de alto valor inmobiliario --a través de la recaudación de “cuotas iniciales” mientras los recursos de la paraestatal fueron usados para fines diferentes a los establecidos en los planes de desarrollo portuario--, las autoridades en turno iniciaron actos para auditar el uso del recurso que genera la administración de los puertos locales.

Como se divulgó en la entrega anterior de este reportaje, APIBCS recibió más de 250 millones de pesos al concesionar casi la mitad del actualmente sujeta a concesión. Esto fue por medio de contratos autorizados afectando inclusive espacios usados por la comunidad como es embarcadero en El Manglito; que se concesionó con una cuota inicial de 4 millones de pesos a favor de un particular sin informar con anticipación a los usuarios del que podría ser el último botadero público de la comunidad.

“El dinero no desapareció como tal. Se tradujo en obra… sin embargo no se le invirtió en lo que realmente interesaba a la API que eran los puertos”, añadió Agúndez Gómez, quien aun cuando se mostró consciente de la necesidad social que existe en las colonias de BCS sostuvo que esa no era labor de la paraestatal: “Nuestra responsabilidad como API Baja California Sur es mantener los puertos a la vanguardia, que realmente tengamos las tecnologías, que demos un servicio eficiente”.

Por el supuesto desvío de recursos que se dio en la administración anterior, Agúndez Gómez solicitó una auditoría a una empresa externa para determinar si el recurso se gastó adecuadamente.

“El tiempo de ejecución de la auditoría es de alrededor seis meses. Ya les estaría presentando los resultados de ésta. Recibimos un listado de obras donde los vicios ocultos y la mala calidad de las obras están a la vista de todos. El área de ingeniería de APIBCS hizo un comunicado para resarcir los vicios ocultos. Hubo quien respondió, hubo quién no. (Pero todas las empresas) Deberán responder con base en la Ley”.

En relación a la petición de los prestadores de servicios y pescadores de El Manglito, quienes solicitaron al gobernador que se dé marcha atrás a la concesión, Agúndez Gómez respondió que la autoridad portuaria no puede hacer mucho al respecto. 

Aun así, sostuvo que a los pescadores de la cooperativa se les va a integrar al proyecto, sin especificar cómo.

Pero aun cuando el nuevo titular de la APIBCS sostiene que no se puede hacer nada para deshacer un pacto que él mismo reconoció como “arbitrario” y que se entregó a una empresa vinculada a un empresario conocido de su padre el exgobernador Narciso Agúndez Montaño, los prestadores de servicios y pescadores de El Manglito como Jorge Osuna Tamez y Nezahualpilli Tovar continúan con su resistencia civil pacífica para tratar de recuperar lo que hasta hace unos meses era el último embarcadero público de La Paz.