Los desvíos de recursos en la frontera norte del país a través de empresas fantasma se convirtieron en un sistema de ordeña del erario. El mecanismo buscó retirar dinero público por vías presuntamente legales, pero al paso de los meses y años se confirmó que se utilizó para la defraudación fiscal.

No es un modelo de corrupción asociado a un solo partido político, tampoco a un gobierno. En este trabajo exponemos un fragmento del enorme fraude por el que atraviesan las finanzas nacionales: son los desvíos realizados durante las administraciones de ocho gobernadores y 28 alcaldes de la línea fronteriza.

Entre 2014 y 2019 gobiernos de estados y municipios fronterizos del norte de México facturaron al menos 2 mil 628 millones de pesos (unos 120 millones de dólares) con 536 empresas fantasma.

Estas administraciones estatales y en otros casos municipales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas usaron como presuntos proveedores a personas físicas y morales que posteriormente fueron calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas de papel.

Los recursos fueron presuntamente desviados a través de 15 mil facturas con las que se justificó la prestación de servicios como diseños de revistas, construcción de pozos de agua en pequeños poblados, cuadernillos sobre violencia intrafamiliar, compra de cemento, compra de croquetas para perro, asesorías diversas, renta de sillas y sonido, recursos humanos, tapicerías, adquisición de computadoras, contratación de cursos para aprender a utilizar apps, remodelación de baños en escuelas públicas y compra de amortiguadores de vehículos, entre muchos otros.

Tras un proceso de revisión, el SAT determinó que estas empresas han emitido comprobantes fiscales sin tener el personal, la infraestructura, los activos o la capacidad para prestar los servicios, y fueron calificadas como EFOS: Empresa que Factura Operaciones Simuladas.

La base de datos matriz fue proporcionada por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT, a través de 13 solicitudes de acceso a la información pública. Para generar la información, la dependencia cruzó el listado de contribuyentes que emiten operaciones simuladas y las claves del Registro Federal de Contribuyente (RFC) de siete entidades estatales, y 28 municipales.

Esta investigación busca, principalmente, exponer el sistema de desvío de recursos que sucede en los gobiernos de México, en particular en la frontera norte, y toma como base el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que al detectar a un contribuyente que emite facturas sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, o que no está localizable, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en dichas facturas.

Gobiernos de diversos partidos políticos han hecho uso de las empresas fantasma entre 2014 y 2019. Es probable que antes del 2014 se operara el mismo esquema, pero no está documentado por la autoridad hacendaria debido a que es a partir de ese año que se reforma el Código Fiscal de la Federación y se faculta al SAT para detectar, investigar y exhibir a los contribuyentes irregulares.

El uso de las empresas de papel se convirtió en una práctica común en este país. Los estados de la frontera no fueron la excepción. Los gobiernos comandados por los ex gobernadores Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas (2011-2016); Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, de Baja California Sur (2011-2015); Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León (2009-2015), y Rubén Moreira Valdez, de Coahuila (2011-2017) acumularon cientos de millones de pesos pagados a empresas que ahora se hallan boletinadas por el SAT.

Una a una, como si de una carrera de relevos se tratara, las administraciones estatales continuaron la compra de facturas falsas en los actuales gobiernos de Carlos Mendoza Davis, en Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas; Miguel Riquelme Solís, en Coahuila, y Jaime Rodríguez Calderón, en Nuevo León.

Sin embargo, desde que el actual gobierno federal intensificó la lucha legal contra las empresas con operaciones simuladas y se clasificó como delito grave, los montos desviados desde las entidades públicas disminuyeron sustancialmente, y en algunos casos llegaron a cero.

Un elemento que destaca de la matriz de información es la cantidad de facturas emitidas en el bloque del noreste conformado por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Al menos 67 empresas fantasma de esta región operaron sin división política: lo mismo facturaron en municipios de Tamaulipas, como en Coahuila o Nuevo León. Las operaciones múltiples alcanzaron los 773 millones de pesos.

De acuerdo con la información proporcionada por el SAT, para el caso de los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua y Sonora no se encontraron registros con la clave RFC de cada estado, sin embargo, esto no necesariamente significa que no se hayan registrado operaciones con empresas fantasma, sino que podrían haberse realizado con otra clave RFC de cada entidad.

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Baja California

En sólo cuatro años, en tres municipios de Baja California: Tijuana, Ensenada y Tecate se repartieron 33 millones 941 mil pesos entre empresas que simularon operaciones inexistentes.

Ensenada fue el líder. En esta ciudad se concentró un 53 por ciento del total de las facturas falsas, es decir, unos 18 millones 236 mil pesos.

Para esta investigación se solicitaron al Servicio de Administración Tributaría las operaciones que realizó el gobierno del Estado de Baja California con el RFC GEB4603194H7, sin embargo, el SAT reportó no haber encontrado ninguna operación con ese registro en los años consultados.

Lo anterior no significa que el gobierno del Estado no haya negociado con empresas fantasma, sino que podría haber utilizado un RFC distinto.

Las transacciones encontradas en Ensenada se concentraron principalmente entre 2014 y 2016, periodo gobernado por el ex alcalde Gilberto Hirata Chico. Tan sólo en 2016, en Ensenada se pagaron 12 millones 195 mil pesos a empresas fantasma. En 2018, Hirata Chico fue inhabilitado por 10 años en el servicio público y enfrenta actualmente varios procesos penales por hechos relacionados con la corrupción.

En Tijuana también se realizaron pagos a empresas de papel entre 2014 y 2018, periodo que abarca los gobiernos de Jorge Astiazarán Orcí (2013 – 2016) y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien presidió el municipio entre 2016 y 2019.

Pero fue en el periodo de Astizarán Orcí que se desviaron 11 millones 882 mil pesos a empresas boletinadas por el SAT.

De entre las 50 empresas con las que los municipios de Baja California tuvieron operaciones destacó Prestadora de Servicios de Recursos Humanos JBH SA de CV, la cual comenzó a ser investigada por el SAT en mayo de 2016, pero meses antes había recibido ocho millones 658 mil pesos del gobierno de Ensenada.

Esta empresa fue listada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2017, cuando no logró desvirtuar la acusación que el SAT emprendió en su contra por realizar operaciones simuladas y éste la clasificó como un contribuyente definitivo que incumple con el Código Fiscal.

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Baja California Sur 

De las siete entidades analizadas, Baja California Sur es la que menor monto registró en las operaciones con empresas fantasma. Entre el gobierno estatal y tres municipios, La Paz, Loreto y Los Cabos, en la entidad se pagaron 57 millones 125 mil pesos a 76 empresas detectadas por el SAT, entre ellas un sindicato presuntamente afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El municipio de Los Cabos destacó al superar al gobierno estatal en las cifras de recursos presuntamente desviados: concentró el 51 por ciento del total, unos 29 millones 339 mil pesos.

Fue entre 2015 y 2017, justo en el periodo del ex alcalde Arturo de la Rosa Escalante, cuando Los Cabos presentó la más alta suma de operaciones simuladas con empresas fantasma.

De acuerdo con la información que se tiene, las operaciones se detuvieron en 2018 y 2019, cuando concluyó su administración y comenzó la de Armida Castro Guzmán, quien actualmente gobierna el municipio. 

Entre las facturas que se encontraron en Los Cabos destacan casi ocho millones de pesos pagados al Sindicato Nacional de Trabajadores Permisionarios del Autotransporte Similares y Conexos CTM, sección 14. Es el contribuyente más beneficiado de entre las 76 empresas incumplidas que detectó el SAT en Baja California Sur.

El sindicato en Baja California Sur fue detectado por la autoridad hacendaria en junio de 2016 y, tras una investigación, fue incluido en la lista definitiva de contribuyentes incumplidos y publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre del mismo año.

En el gobierno estatal se encontraron operaciones por 20 millones 323 mil pesos entre 2014 y 2018, periodo que abarca las administraciones de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y el actual gobernador, Carlos Mendoza Davis.  

En este periodo el gobierno estatal realizó la mayor cantidad de operaciones con las empresas Fermal Diseño y Publicidad SA de CV, que le emitió facturas por cinco millones 237 mil pesos, y Ámbito Constructivo S de RL de CV, que facturó cuatro millones 253 mil pesos.

El actual gobierno de Mendoza Davis registró casi 12 millones de pesos en operaciones con empresas de papel que habrían sido proveedoras del gobierno estatal entre 2016 y 2018.

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Chihuahua

El municipio fronterizo de Ciudad Juárez destaca en Chihuahua por ser el líder en la contratación de empresas fantasma. Por debajo se ubican Chihuahua y Parral.

En el caso del gobierno estatal, el SAT dijo no haber encontrado facturas de empresas boletinadas en la “lista negra”.

En seis años en Ciudad Juárez se contrataron servicios por 56 millones 782 mil pesos a una decena de contribuyentes irregulares. Esta cantidad coloca a esta ciudad en el cuarto lugar de todos los municipios fronterizos analizados en esta investigación. 

Tanto en los gobiernos de Enrique Serrano Escobar, que gobernó Ciudad Juárez en 2014 y 2015, y en la actual administración del alcalde reelecto Héctor Armando Cabada Alvídrez, se encontraron operaciones con empresas fantasma. 

Destaca lo sucedido en 2017, segundo año de gobierno de Cabada Alvídrez, cuando se pagaron 41 millones 234 mil pesos a contribuyentes irregulares detectados y alertados por el SAT.

En el municipio de Chihuahua, capital del Estado, sólo se encontraron registros de operaciones fantasma entre 2014 y 2016, tiempo en que presidió Javier Garfio Pacheco, funcionario que fue condenado en 2017 por el delito de peculado agravado. 

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Coahuila

Coahuila es el segundo estado donde más se registraron operaciones con empresas de papel.

La mayoría de las compañías que operaron en esta entidad también tuvieron negocios en los estados vecinos de Nuevo León y Tamaulipas.

En el periodo analizado, entre 2014 y 2019, el gobierno estatal y tres de sus principales municipios: Saltillo, Monclova y Piedras Negras suman 745 millones 397 mil pesos en servicios contratados con 144 personas físicas y morales boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria.

Solo el gobierno del Estado contrató 723 millones de pesos en los periodos que abarcan los gobiernos del ex mandatario Rubén Moreira Valdez y el actual gobernador Miguel Riquelme Solís.

A las cuentas del gobierno estatal les siguen las del municipio de Monclova, en donde se pagaron 15 millones 185 mil pesos entre 2014 y 2017, durante la gestión de Gerardo García Castillo.

De acuerdo con el SAT, los registros de movimientos con empresas fantasma se detuvieron a partir de 2018, cuando inició el gobierno del actual alcalde, Alfredo Paredes López.

Algo similar ocurrió en Saltillo, capital del Estado, donde solo se encontraron transacciones en el periodo del ex alcalde Isidro López Villarreal, que gobernó entre 2014 y 2017.

López Villarreal fue inhabilitado para ejercer en el servicio público a finales de 2019, aunque la sanción impuesta tuvo una duración de sólo tres meses, según reportaron medios locales. 

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Tamaulipas

Tamaulipas es la entidad con el más alto monto en operaciones fantasma, según los datos entregados por el SAT: entre 2014 y 2018 suma mil 289 millones de pesos.

El 80 por ciento de los recursos son facturas dirigidas a la Secretaría de Finanzas del Estado, y el 20 por ciento restante a los municipios de Altamira, Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Tampico, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. Los últimos tres mencionados se hallan en los primeros lugares de montos de facturación de los 28 municipios revisados en la frontera norte.

Nuevo Laredo es el municipio con el mayor monto en el listado de ciudades fronterizas analizado.

El periodo revisado en Tamaulipas abarca los gobiernos de Egidio Torre Cantú, entre 2011 y 2016, y de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que gobierna Tamaulipas de 2016 a la fecha.

En 2014 y 2015 la administración de Torre Cantú facturó 600 millones 589 mil pesos a 52 contribuyentes que fueron boletinados por el SAT por emitir operaciones simuladas.

En el gobierno de su sucesor, García Cabeza de Vaca no se cambió el rumbo, y entre 2016 y 2018 ha contratado 400 millones 146 mil pesos repartidos entre 21 contribuyentes irregulares.

Las operaciones realizadas entre el gobierno estatal y los siete municipios mencionados abarcan unos 146 contribuyentes que el SAT investigó e incluyó en el listado de operaciones simuladas.

Destaca la empresa Tributos del Norte SA de CV, que pudo haber recibido recursos del municipio de Reynosa y de la Secretaría de Finanzas del Estado por 374 millones 125 mil pesos. Este contribuyente comenzó a ser investigado por el SAT en diciembre de 2017, y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación como definitivo que simula operaciones en julio de 2018.

En Nuevo Laredo los gobiernos de Carlos Enrique Canturosas Villarreal (2013 a 2016) y Óscar Rivas Cuéllar registraron transacciones por 118 millones 186 mil pesos. 

Pero fue en el periodo de Canturosas Villarreal que la cifra alcanzó su máximo y colocó a esta ciudad fronteriza en el número uno de entre todos los municipios revisados en esta investigación. En solo dos años, entre 2014 y 2016, en Nuevo Laredo se contrataron servicios con empresas fantasma por 83 millones 546 mil pesos.

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Nuevo León

Entre 2014 y 2019 los gobiernos estatal de Nuevo León, y municipales de San Nicolás, San Pedro Garza, Apodaca, García y Guadalupe contrataron como proveedores de servicios a unas 160 empresas de papel que fueron boletinadas por el SAT. Es el mayor número de compañías fantasma registradas en un estado fronterizo, de acuerdo con la base de datos entregada por el SAT.

Las compañías boletinadas facturaron 284 millones 39 mil pesos, y más de la mitad fueron para el gobierno del Estado.

Entre 2014 y 2015, durante el gobierno del ex mandatario Rodrigo Medina de la Cruz, el Estado habría gastado 155 millones de pesos en facturas apócrifas.

En la administración actual, la de su sucesor y actual mandatario Jaime Rodríguez Calderón, se redujo el ritmo de facturas falsas pero no se detuvo: entre 2016 y 2019 se han facturado 31 millones 536 mil pesos en empresas fantasma.

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Sonora

El SAT asegura que el gobierno del Estado de Sonora no ha pagado servicios de empresas fantasma en el periodo revisado, pero sí lo han hecho cuatro municipios: Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas y Cajeme.

En 2014, 2015, 2016 y 2018 estos cuatro municipios recibieron facturas por 141 millones 402 mil pesos provenientes de 62 proveedores fantasma.  El gobierno de Nogales concentró un 70 por ciento de estos recursos.

Esta pequeña ciudad fronteriza es el segundo municipio con más recursos públicos entregados a contribuyentes incumplidos.

Fue durante el periodo del ex alcalde David Cuauhtémoc Galindo Delgado, entre 2015 y 2016, que en Nogales se gastaron más de 100 millones de pesos en servicios prestados por empresas que luego fueron boletinadas por el SAT. Al concluir esta administración, a partir de 2017, Nogales registra cero transacciones con empresas fantasma.

Guaymas es otro municipio que destaca en la lista en el periodo de 2014 y 2016: se facturaron unos 28 millones de pesos; casi 26 millones fueron ejercidos durante el periodo en que gobernó Lorenzo de Cima Dworak.

Nota metodológica:

Para documentar la postura de los gobiernos municipales y estatales aquí señalados se buscó a los titulares de comunicación social de 32 administraciones públicas (cuatro gobiernos estatales y 28 gobiernos municipales).

Del total, 18 casos respondieron a la solicitud de entrevista y requirieron mayor información, pero hasta el cierre de edición sólo el municipio de Apodaca, Nuevo León había emitido una respuesta.

Es destacable que los municipios de Chihuahua, Matamoros, Tamaulipas y San Luis Río Colorado en Sonora, respondieron que los datos correspondían a administraciones pasadas, sin embargo, accedieron a revisar la información.

Otros 14 funcionarios recibieron la solicitud de entrevista pero no dieron respuesta.

A cada titular se le envió un cuestionario en el que se le pidió responder lo siguiente:

¿Su administración había detectado la contratación de empresas facturadoras de operaciones simuladas en el periodo señalado?

¿En su administración se ha abierto alguna investigación relacionada con la contratación de empresas facturadoras de operaciones simuladas?

¿Tiene algún comentario respecto a la información que hemos documentado?

Para el caso de las empresas, se buscaron los contactos telefónicos y/o correos electrónicos de 80 empresas enlistadas en este reportaje. Sólo se logró ubicar información de 25 empresas. Sin embargo al realizar las llamadas telefónicas, las líneas marcaban números suspendidos, números inexistentes o daban tono de ocupado.

Respuesta del municipio de Apodaca, Nuevo León proporcionada por su área de comunicación:

¿Su administración había detectado la contratación de empresas facturadoras de operaciones simuladas en el periodo señalado?

No

¿En su administración se ha abierto alguna investigación relacionada con la contratación de empresas facturadoras de operaciones simuladas?

No

¿Tiene algún comentario respecto a la información que hemos documentado?

En relación con la lista de empresas que nos hizo llegar vía correo electrónico, le informo que dichas empresas actualmente están deshabilitadas como proveedores, debido a que no han realizado trámite alguno de refrendo o alta ante este gobierno municipal.

De la revisión de cada pago a dichas empresas se desprende que las adquisiciones están debidamente sustentadas y se cumplieron las normativas aplicables conforme a la legislación en materia de adquisiciones.

Las facturas que dichas empresas emitieron cumplen los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

El gobierno municipal no tiene a su alcance los instrumentos necesarios ni las atribuciones para investigar operaciones de proveedores hechas ante otras instancias públicas o privadas. En todo caso, la autoridad tributaria es quien tiene a su alcance las herramientas para bloquear o, en dado caso, sancionar la emisión de facturas en forma irregular por parte de sus contribuyentes.

Nota del editor:

El Border Hub recibió este martes 7 de julio de 2020 un mensaje de Temo_galindo@hotmail.com titulado “Aclaración”, en el que hace referencia al reportaje “Frontera de papel: Desvíos de empresas fantasma en el norte de México”, escrito por Miriam Ramírez, reportera de investigación de la Iniciativa Sinaloa e integrante del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Aunque el mensaje enviado no está firmado, suponemos que viene del Sr. David Cuauhtémoc Galindo Delgado, ex presidente municipal de Nogales, Sonora, entre 2015 y 2018, aludido en este reportaje. En aras del balance periodístico, el derecho de réplica, la libertad de expresión, y la necesidad de transparencia con las y los lectores, publicamos íntegro el mensaje recibido e, inmediatamente después, la réplica de la reportera Miriam Ramírez, enviada por correo electrónico a esta redacción.

Jorge Luis Sierra

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Mensaje de Temo Galindo:

“Sobre su publicación “Frontera de Papel” por Miriam Ramírez, con fecha de hoy 7 de julio de 2020, es importante precisar que la publicidad de un trabajo periodístico inconcluso como el que señalo, genera espacio para la especulación, calumnia y difamación.

Derivado de lo publicado en la investigación (que insisto es inconclusa) y compartido este mismo día en el espacio del periodista Juan Carlos Zúñiga, se da por hecho que en la administración encabezada por un servidor, se utilizaron “facturas apócrifas”, afirmación que resulta falsa de toda falsedad.

Les comparto que fue en nuestra administración donde se detectó el uso para cobro y pago, de estos documentos, por lo que procedimos a dejarlo asentado en actas de Sesiones de Cabildo, además de presentar denuncias ante el SAT, la FAS y la ASF, derivando hasta donde tengo entendió [sic] en algunas detenciones de parte de las autoridades, de todo ello también existen evidencias documentales de diversos medios de comunicación.

Las consecuencias de lo irresponsablemente publicado, redundan hoy en la réplica de varios medios y señalamientos infundados en redes sociales que lesionan la imagen pública y personal de su servidor y el equipo que me acompañó en la administración que tuve a bien la responsabilidad de encabezar.

Agradezco su atención.”

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Réplica de Miriam Ramírez:

“Respuesta de la reportera: 

1.- Creemos que el señor Galindo tiene todo el derecho a expresarse, y exponer lo que él considere pertinente.

2.- En ninguna parte del reportaje se le califica.

3.- Lo que se hizo en esta investigación fue exponer los documentos entregados por una institución oficial, que es el Servicio de Administración Tributaria. No son datos que nosotros hayamos creado o cruzado.

4.- El trabajo fue sistémico, no se basó en una persona ni se le acusa de nada.

5.- Nos mostramos dispuestos a cotejar los documentos que el señor Galindo tiene en su poder con los que nos entregó el SAT, y hacerlo público.”

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