Las administraciones municipales de La Paz, entre 2003 y 2007, hicieron mal uso de los recursos públicos de un programa federal de la Conagua que era exclusivo para infraestructura hidráulica, pero que se usó para pagar una deuda con la misma institución. Estas irregularidades fueron observadas por la Secretaría de la Función Pública en 2009, lo cual generó que el municipio fuera vetado de ese presupuesto durante más de 10 años y se perdieran inversiones millonarias y necesarias para la población que carece del servicio de agua potable.

Cuando el tandeo de agua potable llega a la colonia Paraíso del Sol, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, Yolanda Gudiño debe estar atenta; si es por la noche y madrugada, debe desvelarse para captar, en muchas ocasiones, apenas una cubeta de 20 litros cada tres días. 

Yolanda distribuye esos únicos 20 litros para lavar trastes y la cocina. No la desperdicia, el agua sucia la usa para el inodoro y regar plantas. Para bañarse, recurre a sus familiares cercanos a quienes les llega más agua; otras veces usa gel antibacterial en sus manos. 

“Es cada tercer día; yo he llegado a juntar una cubeta de agua en temporada de calor. ¿Para qué me sirve una cubeta de agua de 20 litros? para nada, ni para bañarte”, reclamó Yolanda Gudiño. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que una persona cubra sus necesidades básicas requiere entre 50 y 100 litros de agua por persona al día, es decir de 2.5 a cinco cubetas de agua.

Las circunstancias geográficas de Baja California Sur, un estado al noroeste de México que es prácticamente una isla donde la lluvia es casi nula, limitan la recarga de los acuíferos, siendo esta la única forma de obtener agua para brindar el servicio a los habitantes. 

Con corte al 15 de mayo, el Monitor de Sequía de México reportó que el 73.2 por ciento del territorio en Baja California Sur se encontraba anormalmente seco y el 12.3 por ciento con sequía moderada. 

Según Alma Lidia Cota, coordinadora de la asociación civil Cómo Vamos La Paz “se extrae más agua de la que se recarga (al acuífero)”. 

Esto se refuerza con los datos de Conagua, pues el acuífero está sobre concesionado y se encuentra en condiciones de sobreexplotación, debido a que las extracciones anuales han sobrepasado la disponibilidad total del agua; algunos usuarios, entre ellos el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, utiliza volúmenes mayores a las de la dotación por habitantes.

Yolanda Gudiño, habitante de la colonia Paraíso del Sol en La Paz. Crédito: Diego Soto.

Como el caso de Yolanda hay muchos. Aunado a la sobreexplotación del acuífero que abastece a esta zona, la falta de infraestructura hidráulica ha afectado a miles de familias. 

Pese a ello, durante los ejercicios fiscales de 2003 a 2007, las administraciones municipales, a través del Organismo del Sistema de Agua Potable, hicieron mal uso de 24 millones 112 mil 908 pesos del recurso federal del Programa de Devolución de Derechos (Prodder), según detectó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en una auditoría realizada al organismo el 14 de septiembre del 2009. 

De acuerdo con los documentos, los 20 millones 906 mil 716 pesos fueron utilizados en un pago que está fuera de los lineamientos del programa. El municipio también incumplió con las aportaciones comprometidas para las obras “peso a peso”, por un monto de 3 millones 206 mil 192 pesos.

El Prodder depende de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y tiene como objetivo apoyar a los municipios en el mejoramiento de la eficiencia e infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, pero después de que los recursos fueran destinados a otros fines, ahora se requiere que pague una deuda con la misma comisión.

El mal uso de recursos ocurrió durante las administraciones de los entonces alcaldes Víctor Guluarte Castro (2002–2005) y Víctor Castro Cosío (2005–2008), ambos emanados por la coalición PRD y Convergencia; ahora Castro Cosío hoy milita en Morena. 

Esto provocó que la Conagua vetara al ayuntamiento de dicho programa desde el 2009 —cuando fueron detectadas las irregularidades— hasta el 2020. 

Además, impidió que durante esos 11 años no se pudieran invertir alrededor de 450 millones de pesos en obras de retención, distribución y cuidado del agua, según una estimación realizada por Mario Ramón Galvez, el director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz, basado en las aportaciones que se hicieron en años pasados y que se dejaron de hacer.

Actualmente, el ayuntamiento de La Paz, estima que 47 por ciento de la poca agua que se extrae del subsuelo se desperdicia en fugas en la red de distribución de agua potable porque es vieja y poco se ha invertido. Aunque el dato es una estimación, porque las mismas autoridades no miden la cantidad de agua que ingresa a la red pública de distribución, ni el agua que se fuga, sólo saben cuánta se extrae.

“Es una cuestión que se estima, se habla del 47 por ciento del agua que no se contabiliza. Es decir: si yo extraigo 100 metros cúbicos, solamente contabilizo 53, los otros 47 metros cúbicos entran dentro del factor pérdidas”, reconoció Mario Ramón Galvez, director general del OOMSAPAS.

“Necesitamos medir también cada toma de agua potable, porque dentro de nuestros domicilios hay mucha pérdida de agua, hay muchos desperdicios que el organismo operador no contabiliza y que se vuelven parte de estas pérdidas”, agregó Galvez.

Esta investigación revela el camino que siguieron los funcionarios de la administración de Víctor Castro Cosío (2005–2008) para usar con otros fines un recurso federal que estaba etiquetado, sin respetar los lineamientos del programa.

A través de las actas de las sesiones extraordinarias del OOMSAPAS del año 2005, obtenida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se describe cómo en la administración de Castro Cosío, quien gobierna hoy el estado de Baja California Sur, fueron solicitadas alteraciones en el uso del presupuesto del programa federal. 

Aunque se pidió al municipio de La Paz las actas de las sesiones de los años 2003 y 2004 para analizar el uso que se le dio a ese dinero durante la administración de Víctor Guluarte Castro (2002–2005), éstas fueron negadas a través de la respuesta a una solicitud de información con el argumento de que “no existe obligación normativa de contar con la información solicitada de los años que señala” y refiriendo que en su portal de transparencia se encuentran sólo las actas del 2022. 

A pesar de que la SFP ordenó al ayuntamiento aplicar sanciones a los ex funcionarios públicos responsables, la Contraloría municipal desechó la queja y no estableció sanción alguna. Sin embargo, más tarde se interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con expediente LPZ/96 SPB/2011, durante la administración municipal de Esthela de Jesús Ponce Beltrán (2011—2014). 

Mientras se continúa con la búsqueda de sanciones a los responsables de dichos movimientos del dinero, los habitantes de La Paz, como Yolanda Gudiño, deben dosificar la poca agua que reciben a través de la red para subsistir en el día a día. En otras colonias de la periferia, los habitantes incluso reciben el servicio mediante pipas una vez al mes. 

SFP detecta las irregularidades 

Según el expediente de la auditoría, la SFP hizo dos grandes observaciones: la primera es que detectó “deficiencias en el manejo, control, registro y supervisión de los recursos por parte de las autoridades responsables de administrar los recursos del Prodder. Suscripción de programas de acciones sin contar con la suficiencia presupuestal requerida y la inobservancia de los lineamientos del programa”.

Por lo que del 2003 a 2007, el Organismo de Agua Potable no aportó 3 millones 206 mil 192.77 pesos para diversas obras realizadas bajo la modalidad de “peso a peso”. Es decir, el Gobierno federal envió el recurso para las obras y el municipio debía aportar entre el 20 y 50 por ciento restante. 

Relación de las obras en las que se invirtió y en las que el municipio de La Paz omitió aportar su parte. Fuente: Auditoría de la SFP.

La segunda observación se refiere al uso de 20 millones 906 mil 716 pesos “destinados a fines distintos a los autorizados”. La Secretaría detectó que el municipio de La Paz realizó 12 pagos a favor de la Conagua por la deuda que este tiene con el organismo federal por los derechos de extracción de agua potable. 

La SFP catalogó dicho uso del dinero como “fines distintos” porque, de acuerdo con el Artículo 231 A de la Ley Federal de Derechos, el uso de recursos de este programa sólo considera el mejoramiento de eficiencia del recurso hídrico, infraestructura de agua potable y de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Por lo que el dinero no se podía utilizar para pagar esa deuda que se arrastra en la actualidad. 

Además, el organismo municipal no tiene solvencia, pues la captación de recursos propios es nula, hasta noviembre del año pasado el registro de adeudos por el servicio de agua potable de los usuarios es millonario, dicha deuda ascendía a 534 millones 070 mil 721.54 pesos, según información obtenida mediante una solicitud de transparencia. 

De esta cantidad, más de 196 millones de pesos corresponden a deudas que los gobiernos estatal, federal, municipal, las industrias, comercios y servicios tienen con el Organismo Operador que, a su vez, le debe a la Conagua. 

En noviembre del año pasado, la alcaldesa Milena Paola Quiroga Romero culpó de dicha deuda a los ciudadanos y afirmó que, hasta ese momento, la población debía 350 millones de pesos; sin embargo, dicha cifra no coincide con la información entregada vía transparencia, en la que se señala que es de 338 millones 064 mil 505.73 pesos. 

Yolanda Gudiño, a quien se mencionó al inicio de este reportaje, opinó que es injusto que a los ciudadanos les exijan pagar su recibo de agua cuando el servicio siempre ha sido malo. 

“Ahorita como quiera está fresco, gastas menos agua, pero en temporada de calor hay que comprar pipa, doble gasto. Tienes que pagar la pipa y más aparte tienes que pagar tu recibo, porque tu recibo es tu recibo, y le dices a la que viene a checar, y dice es que es el agua que les toca, y yo, como le dije una vez: entonces no nos toca nada, nomás nos toca pagar un servicio que no nos están dando”, reclamó Gudiño.

La información obtenida para esta investigación, también pone en manifiesto que el propio ayuntamiento de La Paz y sus dependencias municipales, le deben al Organismo un monto aproximado de 60 millones 441 mil pesos por el servicio de suministro de agua potable.

De acuerdo con los datos obtenidos vía transparencia, así se muestra la deuda actual en el OOMSAPAS La Paz. Fuente: OOMSAPAS La Paz.

La fuga del Prodder y el recorrido del dinero

En las actas de las sesiones extraordinarias del OOMSAPAS La Paz del año 2005, cuando Víctor Castro Cosío presidía la Junta de Gobierno de ese organismo porque en ese momento era alcalde, se detallan los movimientos que esta administración realizó para usar el dinero para otros fines. 

En ese momento, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa fungía como secretario en la Junta, pues era director del organismo operador de agua local. Hoy es el actual delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la Sesión Extraordinaria del 9 de agosto de 2005, Castro y Gutiérrez acordaron, a través de un crédito, financiar las obras que se debieron ejecutar con recursos del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) para utilizar posteriormente el dinero de ese programa en obras no contempladas, según se desprende en las transcripciones de dicha sesión.  

Para poder realizar estos cambios en el uso del recurso, recurrieron a la modificación del Decreto 1465 del 11 de mayo de 2004. Fue el 19 de septiembre de 2005, cuando el entonces alcalde de La Paz solicitó el movimiento al Congreso del Estado de Baja California Sur.

Originalmente el Decreto mencionaba que el recurso debía destinarse a la rehabilitación de la red de drenaje del centro de la ciudad de La Paz, la adquisición de equipo de desazolve, la rehabilitación de pozos de agua potable del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y a la modernización catastral de los módulos 2 y 3, obras que sí se contemplan en las reglas de operación de Prodder.

Víctor Castro solicitó que se modificara dicho mandato para crear el Decreto 1562 que reformó el Artículo Cuarto del anterior, por lo que se adicionaron otras formas de inversión con el dinero de Prodder, como la elaboración de un estudio diagnóstico integral del OOMSAPAS, la construcción de la primera red de drenaje sanitario de El Centenario, la construcción de cárcamo y línea de conducción de aguas negras en Centenario y Chametla. 

También se agregó la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales y cárcamo de rebombeo número 3, la adquisición de un terreno para el tratamiento de aguas residuales, la rehabilitación y ampliación de la red de alcantarillado de Todos Santos. 

El nuevo decreto permitía la adquisición de dos pipas y construcción de obras de agua potable y alcantarillado en colonias populares, la adquisición de materiales para rehabilitación de la red, instalación y reparación de tomas de descarga, así como la compra de micromedidores para la ciudad.

De acuerdo con el acta de la sesión, el recurso que originalmente se tenía planeado invertir no era suficiente para las obras programadas, por lo cual usaron un crédito a través de la institución bancaria Banorte para rehabilitar los pozos y el recurso federal “se utilizaría posteriormente en otras obras”.

Sesión extraordinaria del 09 de agosto del 2005, en donde aprobaron modificar Decreto 1465 y usar Prodder para fines distintos.

Varias de las obras que se realizaron bajo el cobijo del nuevo decreto, corresponden a las que la Secretaría de la Función Pública detectó, en las que el municipio no aportó la parte que le correspondía.

Aunque la auditoría de la Secretaría menciona que el dinero se usó de manera distinta solo al pagar la deuda que el municipio tiene ante Conagua, de acuerdo con los lineamientos de Prodder, estas son algunas restricciones de uso del recurso: el recurso no se puede utilizar para gasto corriente; obras por administración; obras de construcción y remodelación de oficinas; adquisición de terrenos; acciones con recursos de otros programas federales. 

Tampoco se pueden adquirir equipos de comunicación; está prohibida la adquisición y/o arrendamiento de maquinaria pesada, camiones, camionetas y vehículos compactos; obras y acciones ejecutadas en ejercicios anteriores y las que abarquen más de un ejercicio, así como acciones de cultura del agua.

En una revisión de las actas de las sesiones analizadas para este reportaje, no se encontró algún apartado en el que se mencionara y aprobara que los 20 millones 906 mil 716 pesos de Prodder se utilizarían para pagar la deuda ante la Conagua. Aún así en el ejercicio fiscalizado lo hicieron y así lo señaló la Auditoría.

Lo anterior se refuerza cuando Ignacio Iglesias Caro, quien en ese momento era Comisario de la Junta de Gobierno del OOMSAPAS, afirmó en la sesión del 17 de noviembre del 2009 que “se realizó una revisión en las actas de las sesiones de los periodos revisados, y no se encontró indicio de que se expusieran temas relativos a la aplicación del Prodder”. 

Esta afirmación se dio luego de que Silvia Barrera Moreno, quien se desempeñaba como contralora interna de OOMSAPAS, informó sobre las irregularidades detectadas en el uso del presupuesto de Prodder, sobre la auditoría de la ASF y describió todas las observaciones emitidas.

Ignacio Iglesias Caro, Comisario de la Junta de Gobierno del OOMSAPAS dijo que se revisaron las sesiones de la Junta y no encontraron indicios de la aplicación del Prodder

El veto de Conagua

Incumplir con las obligaciones del programa provocó que la Conagua vetara a La Paz de ese recurso federal a partir de 2009. Fue hasta finales de 2021 cuando las autoridades federales autorizaron al municipio solicitar nuevamente dicho beneficio; sin embargo, hasta 2022 volvió a recibir el dinero de Prodder. 

Después de que la SFP realizó las observaciones, Germán Ruiz Padilla, director en turno del Organismo Operador de agua, denunció —en el 2011— el faltante de 24 millones 112 mil 908 pesos de las arcas municipales, lo cual derivó en la denuncia LPZ/96 SPB/2011 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “en contra de quien o quienes resulten responsables, por la aplicación de recursos destinados a fines distintos a los autorizados por Prodder durante los ejercicios 2003-2007”.

En la administración municipal de Rubén Gregorio Muñoz Álvarez —de 2018 a 2021—, ahora Diputado Federal y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, las autoridades buscaron resolver el problema, destrabar el veto y que el OOMSAPAS nuevamente recibiera recursos públicos para invertir en infraestructura.

Las gestiones se realizaron por las autoridades municipales ante la dirección general de la Conagua. El trámite se hizo apegándose al programa “Agua sin adeudos”, iniciativa que busca regular a los municipios que presentan alguna clase de adeudo y, de esta manera, paguen el servicio y, a su vez, accedan a los programas de la Conagua.

El veto de Conagua dejó a la capital sin posibilidad de invertir en obras como rehabilitación o extender las líneas de distribución durante más de 10 años. 

Algunos de los eventos más importantes en el manejo irregular del recurso del Prodder.

La población es la afectada

Debido a los malos manejos de las administraciones del ayuntamiento de La Paz y el OOMSAPAS, al día de hoy los habitantes padecen de una mala infraestructura hidráulica y el agua les llega a cuentagotas.

Yesenia Barrera, habitante de la colonia Ampliación Manuel Márquez de León, lleva más de tres décadas a la espera de que la administración municipal cumpla con la regularización de sus tierras y así contar con servicio de agua potable entubada.

A los vecinos de la Ampliación Márquez de León, sólo les llega el agua a través de pipas una vez al mes, según cuentan, algunos acceden a cubetas de 20 litros; otros, con mayor suerte, a tambos de 220. 

Según los testimonios, se estima que por familia alcanzan a recolectar entre 220 y mil 500 litros de agua al mes —los que tienen cisterna—; en ocasiones en menor cantidad, lo cual dificulta su modo de vida, sobre todo cuando los niños van a la escuela. 

Habitantes de la colonia Ampliación Manuel Márquez de León almacenan el agua que les distribuyen a través de pipas en tambos, cubetas y tinacos.

Yesenia es trabajadora doméstica y desarrolla su trabajo en viviendas que tienen múltiples tinacos y cisternas donde, sin cuidado, se derrochan litros de agua.

Pero al llegar a su hogar ubicado en una de las colonias de escasos recursos de la capital, ella debe racionar el agua y aprovechar cada gota.

“Hay otras personas que sí batallan por el agua; por ejemplo, las personas mayores son las que andan batallando a veces por el agua (…) si no están pendientes cuando viene la pipa pues, claro, se les pasa, y ya cuando vuelve a venir, pues no les quieren echar”, afirmó Yesenia Barrera. 

La colonia Ampliación Manuel Márquez lleva más de 30 años de creación y sus habitantes nunca han tenido servicio de agua potable y alcantarillado; además, les brindan el servicio una vez al mes, y si la pipa pasa y no estaban en casa, tienen agua una vez cada 60 días.

“Está crítica la cosa, andamos batallando (…) por ejemplo, aquí es una familia de cuatro y te llena nada más lo que tengas, ya otros tinacos, otras cosas no te quieren llenar”, lamentó Yesenia.

El municipio de La Paz no mide el agua

Mario Ramón Gálvez Gámez, actual director del OOMSAPAS La Paz, explicó que son 38 los pozos que abastecen a la mancha urbana de la ciudad. Del agua que se extrae de estos pozos, estiman una dotación de 200 litros por habitante al día; sin embargo, en el municipio de La Paz sólo se mide al 65.8 por ciento de los usuarios que hacen uso del agua potable, el resto queda a la deriva.

De acuerdo con una solicitud de transparencia, hay 112 mil 771 tomas registradas en el OOMSAPAS, de las cuales sólo 74 mil 304 cuentan con medidor; es decir, al 34.2 por ciento de los usuarios que reciben agua no se les contabiliza, ese recurso hídrico lo consideran como pérdida ya sea por fugas o desperdicio. 

Hay 112 mil 771 tomas registradas, de esas sólo 74 mil 304 cuentan con medidor en La Paz. Fuente: OOMSAPAS La Paz a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Además, la red de distribución no cuenta con instrumentos de monitoreo en los pozos. El OOMSAPAS informó que la medición en los acueductos no funciona al 100 por ciento, por lo tanto la información de los litros por segundo que ingresan a la red es obsoleta.

Desde hace décadas, La Paz abastece a las colonias que carecen de agua mediante pipas; sin embargo tampoco existe el dato exacto de a cuántas familias les entregan el recurso por este medio, calendarios y cantidad.

Alma Lidia Cota, coordinadora del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, consideró que es inverosímil saber el agua que se desperdicia en la red, pues ni siquiera se sabe cuánto se extrae y mucho menos cuánto llega a los hogares.

“El dato exacto no se puede dar porque no hay macro medición que nos permita medir cuánto es el agua que se está extrayendo de los pozos, sin embargo, el acuífero sigue siendo el mismo, y el agua que se introduce es menor y el agua que se extrae es mayor. Entonces yo me atrevo a decir que el agua disponible, lejos de ser la misma, es cada vez menos”, confirmó Alma Lidia Cota. 

La Paz sólo se mide el 65.8 por ciento de los usuarios que usan el agua.

El tema de la sequía en La Paz es cada vez más grave. La Comisión Nacional del Agua publicó el 12 de julio de 2022, el “acuerdo de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022”, en el que catalogó al municipio con sequía severa. 

Su estatus ha estado fluctuando de sequía severa a sequía moderada. Con dicho acuerdo, se pretende aplicar medidas con usuarios y las mismas autoridades para garantizar el abasto de agua a los habitantes.

Además, el municipio se abastece del acuífero La Paz, el cual está sobre-concesionado y se encuentra en condiciones de sobreexplotación, según documentó la Conagua. 

Un OOMSAPAS en quiebra

No recibir recursos federales, en este caso por un veto de la Conagua, representa un retraso en la atención a los problemas locales. En el caso del OOMSAPAS La Paz, su presupuesto se desvanece casi al 100 por ciento en gasto corriente, sueldos y mantenimiento. La obra pública social es casi nula.

Tan sólo en 2022, el OOMPSAPAS recaudó 401 millones 695 mil 392 pesos durante los 12 meses. Pero sus egresos del año pasado fueron de 455 millones 900 mil 268 pesos; es decir, existe un déficit de 54 millones 204 mil 876 pesos, el Organismo gasta más de lo que recauda. 

De estos egresos, el 96.8 por ciento se gastó en salarios, mobiliario, maquinaria y servicios básicos. Sólo se invirtieron 10 millones 509 mil 757 pesos en obra pública, lo que representa solo el 3.2 por ciento del total del presupuesto. 

Sin el recurso federal, el Organismo está anclado a pagar por seguir funcionando y sin oportunidad de invertir. 

“Cuando hablo de dinero es recaudaciones y gastos, el SAPA (OOMSAPAS) demanda gastos muy importantes de las cifras que se han podido perfilar por año. Tenemos como déficit en cuanto a gasto alrededor de los 35 millones de pesos, esto es, el SAPA gasta más, demanda mayor gasto que lo que es posible recaudar”, reconoció Mario Ramón Gálvez Gámez, director general del organismo municipal.

Más deuda sumada a la crisis del agua

Víctor Castro Cosío, actual gobernador y uno de los que autorizó los cambios en el presupuesto que provocaron el veto de la Conagua, informó mediante un comunicado emitido en julio del año pasado, que gestionó 100 millones de pesos para “solucionar el problema del agua”, invirtiendo principalmente en el mejoramiento de la red de distribución de agua potable.

“Estamos acordando un apoyo extraordinario del presidente, por 100 millones de pesos. El ayuntamiento requiere de ese recurso para mejorar todo el sistema de agua potable de La Paz”, dijo Víctor Castro Cosío en ese entonces. 

El recurso, mencionó, será utilizado en la instalación de micromedidores en tomas y macromedidores en sectores hidráulicos para medir el agua de suministro y consumo, la reposición de colectores de Santa Rosa y Marcelo Rubio, y construcción de obras de desvío de aguas pluviales en el cárcamo 3, construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en El Pescadero y un estudio y proyecto para el aprovechamiento del agua de la Planta de la Buena Mujer.

Para esta investigación se buscó una entrevista formal con el gobernador Víctor Castro Cosío; sin embargo, no fue posible concretar una cita, pues se argumentó que no se encontraba en la ciudad. Tampoco hubo respuesta cuando se pidió la entrevista por teléfono. 

Castro Cosío declaró, durante un evento público de su gira de trabajo realizado el 12 de abril para entregar apoyo a productores y promotores turísticos, que el tema fue politizado y se utiliza cada vez que él participa en algún proceso electoral, aunque reconoció que sí hubo un error administrativo. Esto, luego de que el periodista Luis Castrejón, de CPS Noticias Los Cabos, le cuestionó sobre el tema. 

“No tuvimos recursos para empatar y politizaron mucho el tema, eso ya se resolvió hace mucho tiempo. Nunca hubo ninguna otra situación de desvíos. Digo, de corrupción. Se utilizaron correctamente los recursos para drenaje, se aprobó bien, fue un tema que politizaron y lo sacaban cada que iba a haber un proceso donde yo participara: ¡Ahí que pague SAPA! Nosotros no tenemos nada que ver”, argumentó Castro Cosío.

El mal empleo de los recursos públicos federales ocasionó que más de 450 millones de pesos, no se invirtieran en infraestructura por más de una década, así reconoció el director general del OOMSAPAS. Hoy, la red de agua potable y drenaje es deficiente y, en muchos casos, obsoleta, mientras que los habitantes padecen de una crisis del agua y se ven obligados a pagar por un mal servicio.