La construcción de la planta desaladora más grande de América Latina, proyecto insignia del exgobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, se encuentra envuelta en una red de corrupción que dejará embargada a la entidad durante los próximos 37 años y donde los únicos beneficiados serán empresarios y políticos cercanos a la clase gobernante.

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Baja California se encuentra ubicada en el noroeste de México, con una población estimada de 3.7 millones de personas.   

Su clima semiárido y la escasez de lluvias han puesto en alerta a las autoridades, dado que la principal fuente de abasto es el Río Colorado, de dónde se obtienen mil 850 millones de metros cúbicos de agua al año, 728 millones más de lo que recibe la Ciudad de México a través del Sistema Cutzamala.

A lo largo del sexenio las autoridades del Gobierno Estatal insistieron en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de abastecimiento, una de ellas la desalinización, para lo cual utilizaron información sesgada que les permitiera justificar la construcción de dos plantas desaladoras en la zona costa de la entidad.

Es así que en 2015 fueron licitados los dos proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), uno en el municipio de Playas de Rosarito; 22 kilómetros al sur de Tijuana, y uno más en la Bahía de San Quintín, municipio de Ensenada, 300 kilómetros al sur de la frontera con California. 

El primero en licitarse fue el denominado “Sistema Integral Hídrico San Quintín (Producción de Agua Potable mediante desalinización) en el municipio de Ensenada, que consiste en la instalación de una planta con capacidad para producir 250 litros de agua por segundo, durante los próximos 30 años y cuya construcción representará una inversión de 875 millones de pesos al desarrollador.

En este caso, la Comisión Estatal del Agua (CEA) otorgó el proyecto a la sociedad mercantil denominada “Desaladora Kenton S.A. de C.V.”, sin embargo, se firmó el contrato hasta el 20 de enero del 2016.

La segunda, y más importante, es la “Construcción, Financiamiento y Operación de una planta desaladora en el municipio de Playas de Rosarito”, la cual garantizará un abastecimiento de 4 mil 400 litros por segundo (en 2 etapas), por un periodo de 37 años, lo que la convierte en la más grande de América Latina.

El fallo de la misma se dio el 15 de junio del 2016 a favor de la sociedad mercantil denominada “Aguas de Rosarito Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable” para la construcción de la desaladora de Aguas de Rosarito, con la que firmó un contrato el 22 de agosto del mismo año, en el cual  la empresa tendrá que invertir más de 9 mil millones pesos.

En esta última se encuentran involucradas dos empresas transnacionales, una de ellas la estadounidense Consolidated Water, cuya sede se encuentra en Islas Caimán, así como la francesa SUEZ Environnement, las cuales tienen por objetivo vender agua a los Estados Unidos.

El Gobierno de Baja California se convirtió en deudor solidario de los desarrolladores, asumiendo todo el riesgo financiero y las pérdidas que pudieran ocasionar los proyectos, además de permitirles solicitar líneas de crédito sin tener que invertir recursos propios, todo a costa del erario.

CRÉDITOS

Investigación: Armando Nieblas del Campo y Cristian Torres Cruz

Ilustraciones: Gabriela Guerrero / BCJB

Fotografía: Jorge Gómez, Laura García, José Ángel David Anguiano

Voces podcast: Tiffani Abish y Carlos Acevedo

Vea La Historia detrás de la Historia, cómo se investigó este caso en “Nunca pensé que la corrupción en las plantas desalinizadoras fuera tan grande: Armando Nieblas ”

https://www.bordercenter.net/es/blog/nunca-pense-que-la-corrupcion-en-las-plantas-desalinizadoras-fuera-tan-grande-armando-nieblas