Este artículo ha sido realizado en el marco de “The Cartel Project”, una investigación coordinada por Forbidden Stories. En ella participan 60 periodistas de 25 medios de 18 países y abarca varios aspectos de la violencia de los cárteles mexicanos, incluyendo el asesinato de periodistas en el estado de Veracruz. Forbidden Stories es un grupo sin ánimo de lucro dedicado a continuar con el trabajo de periodistas asesinados

Regina Martínez era, a su pesar, experta en las bandas de narcotraficantes más violentas de México.

La veterana periodista no se propuso cubrir el crimen organizado y la corrupción, pero las historias la seguían encontrando, acumulándose tan rápido como los cadáveres en su estado natal de Veracruz.

Antaño plácido, este estado que abraza el Golfo de México y que es conocido por su puerto de aguas profundas había sido convulsionado por oleadas de violencia de los cárteles que muchos creían, incluida Martínez, estaban siendo instigadas por su gobernador.

Operación policial en Veracruz en el año 2010. Crédito: GDA vía AP Images

Martínez observó cómo se desarrollaba todo y rastreó el deterioro en su trabajo. La última semana de abril del 2012 fue común. En apenas cinco días, envió nueve historias sobre todo tipo de delitos y corrupción a sus editores de la revista Proceso en Ciudad de México: el Comandante Chaparro, presunto cerebro de las finanzas del cártel de los Zetas, capturado; nueve policías arrestados por complicidad con narcotraficantes; un político opositor que apareció muerto en su casa y cuyos amigos estaban convencidos de que lo asesinaron. 

Esa sería su última historia. Horas después de la publicación, Regina fue asesinada en su baño, golpeada y estrangulada con un trapo. 

Su muerte, a los 48 años, fue tan brutal como los crímenes que había narrado por años. También es un símbolo de la ola de violencia contra los periodistas que persigue a México desde hace dos décadas. Muchos de estos asesinatos, acompañados por un pico de actividad criminal en todo el país, permanecen sin resolver o investigados de manera azarosa.

En el caso de Martínez, los fiscales locales de Veracruz concluyeron que fue asesinada por un prostituto, drogadicto, que aseguran era su amante. La fiscalía montó el caso apuntando a que, por su estilo de vida de periodista soltera, era probable que trajera hombres a su casa para tener sexo.

Esa conclusión fue aceptada por un tribunal, que encarceló a un hombre y ordenó que el sumario se cerrara. Pero ocho años después de su asesinato, un grupo de medios internacionales, entre ellos OCCRP, lo está revisando nuevamente. En un examen detenido, la versión oficial se ve sorprendentemente improbable.

Hay otros problemas también. Meses antes de que fuera asesinada, Martínez expresó serias preocupaciones por su seguridad. Su casa había sido asaltada y robada. Una fiscal del nivel federal asignada al caso le dijo a OCCRP que ella fue testigo de graves errores en el manejo de las pruebas en la escena del crimen. Aseguró no creer en la versión oficial de los hechos. Y la única persona condenada por el asesinato denuncia que lo torturaron para confesar. 

Martínez estaba trabajando en un entorno cada vez más hostil. Se informó que el gobierno de Veracruz encabezado por Fidel Herrera Beltrán la incluyó en una lista negra. Este veterano de la política ha sido vinculado con los Zetas, la banda de narcotraficantes que generó buena parte de la violencia en el estado. 

Ese trato siguió con el sucesor y aliado de Herrera, Javier Duarte, quien estaba dolido con la prensa por el cubrimiento que daban a sus esfuerzos para controlar la violencia. (Duarte terminó en la cárcel en 2018 tras declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa. Respondió a las preguntas de Forbidden Stories con una serie de tuits desde la prisión, donde cumple una condena de nueve años: “Jamás censuré la libertad de expresión o de prensa a persona alguna”, escribió. Negó cualquier vínculo con en el asesinato de Martínez).

Muchos de los colegas de Martínez están seguros de que, como con muchos reporteros del país, fue silenciada por su trabajo.

México es uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas, con 119 profesionales asesinados desde el año 2000 según la organización Committee to Protect Journalists (CPJ). Y Veracruz es el más mortífero de los estados mexicanos. Veintiocho reporteros han sido asesinados allí en las últimas dos décadas.

Tantos han salido de Veracruz y de otras áreas dominadas por la violencia que actualmente hay en Ciudad de México un club de periodistas desplazados. Algunos de sus 150 miembros conocían a Martínez.

“Todo el mundo huyó” tras su muerte, dice uno de los miembros del club, Andrés Timoteo. “No sabíamos quién iba a ser el siguiente”.

Regina Martínez entrevista a Patricio Chirinos, gobernador de Veracruz entre 1992 y 1998. Foto: Alberto Morales Garcia.

«Su vida entera era el trabajo»

Nacida en un pequeño pueblo a las afueras de Xalapa, la capital de Veracruz, Regina era una entre 11 hermanos. Estudió periodismo y pasó casi dos décadas reporteando para medios locales antes de convertirse en el 2000 en la corresponsal de Proceso.

Regina Martínez realizando una entrevista. Foto: Alberto Morales Garcia.

Era una mujer menuda, de apenas 1.48 metros de altura y de naturaleza reservada. Sus amigos la recuerdan como extraordinariamente cautelosa, callada y poco dada a hablar de su trabajo como reportera, que en los meses previos a su asesinato se había vuelto cada vez más peligroso. 

En parte eso se debía a la naturaleza de las historias que cubría -muchas de ellas centradas en la violencia de las organizaciones criminales y sus vínculos con los políticos- y, en parte, a su propio impulso por profundizar. 

Martínez no era lo que se conoce como una “periodista de escritorio”, una reportera a la que le basta con sentarse en su oficina y hacer llamadas. Ella necesitaba estar afuera, en el terreno, especialmente en las comunidades rurales e indígenas que más sufrían el crimen organizado.

“No era de oficina, no era de máquina de escribir, no era de internet, no era de teléfono”, recordó Elfego Riveros, que dirigió una estación de radio local por un año y consideraba a Regina como una colega. “Era de salir, de entrevistar y de sacar fotos y sacar las historias que no publicaba en otros medios”, añadió.

“Toda su vida era el trabajo”, explica Norma Trujillo, una antigua colega que ha estado haciendo campaña para dar a conocer el caso.

Y porque Martínez escribía para un medio de alcance nacional, su trabajo podía tener un impacto mucho mayor.

“Creo que uno de los problemas que Regina tenía era que el medio en el que trabajaba, trascendía más su información [más allá de Veracruz]”, explicó Trujillo. “La leían más. Salía de lo que era el Estado, que era lo que el gobierno no quería en aquel momento”, dijo.

“Lo que la prensa local no quería publicar se publicaba a través de Regina Martínez”, recuerda Jorge Carrasco, actual director editorial de Proceso.

Regina Martínez, en el trabajo. Foto: Alberto Morales Garcia.

En los meses anteriores a su muerte, Martínez envió una ráfaga de artículos de investigación que incluían la migración, los abusos contra las comunidades indígenas y las relaciones entre los cárteles de la droga y los políticos.

Ella también estaba investigando uno de los temas quizás más delicados en México: las desapariciones.

En medio de las sangrientas guerras del narcotráfico de los últimos 20 años, miles de mexicanos han desaparecido. Algunos han sido descubiertos apilados en fosas comunes meses o años después de su desaparición. Otros nunca se encuentran. Para sus familias y amigos, su pérdida es una herida abierta, ni resuelta ni comprendida. 

Según un recuento oficial, hay 5.070 desaparecidos en Veracruz, una cifra que se disparó después de que Duarte asumiera como gobernador. Extraoficialmente, se cree que hay muchos más.

Un exfuncionario de las administraciones de Herrera y Duarte y que habló con Forbidden Stories bajo condición de anonimato, explicó que las desapariciones eran especialmente sensibles en Veracruz.

Javier Duarte fue gobernador en Veracruz entre 2010 y 2016. Foto: Proceso

“Es algo que queda vivo”, dijo. “No es un delito como el homicidio, que ya se muere la persona y se acabó. El desaparecido es un desaparecido. No se sabe si está vivo, no se sabe si está muerto. Por lo tanto, los familiares siempre están presionando al gobierno. Y al gobierno no le gusta que lo presionen y sobre todo que lo hagan quedar mal”, señaló. 

Miembros del grupo de investigación el Solecito transportan en 2017 el féretro de un policía que había desaparecido en 2013. Los restos de Huesca estaban entre más de 250 calaveras localizadas ese año en una fosa común del cártel. Foto: AP Photo/Felix Marquez

Fue una investigación que hizo Martínez en septiembre de 2011 sobre este tema que provocó quizás uno de los mayores revuelos de su carrera, cuando ella y un colega escribieron un artículo que fue portada de Proceso y que generó clamor nacional. 

«Veracruz, Zona de Terror» fue la mordaz acusación sobre cómo la violencia criminal se tomó su estado natal. Explicaba la historia de cómo el cártel de los Zetas infiltró el gobierno estatal, en un proceso que empezó con la administración de Fidel Herrera y llegó a su pico hacia el final de su mandato. 

Regina Martínez Pérez con Andrés Manuel López Obrador en 1992. López Obrador es actualmente presidente de México y recientemente anunció que quería reabrir el caso del asesinato. Foto: Alberto Morales Garcia.

Cuando Duarte lo reemplazó, narra el artículo, las bandas de la región se embarcaron en un ciclo de reordenamiento, que provocó un crecimiento de asesinatos y secuestros que el nuevo gobernador no lograba controlar.

El artículo venía acompañado de una espeluznante portada, donde se veían 35 cadáveres ensangrentados arrojados en una de las calles principales de la ciudad de Boca del Río, a pocas cuadras del lugar donde fiscales de todo el país celebraban una reunión sobre temas de seguridad. El gobierno afirmó que todos los muertos eran Zetas abatidos por el Cartel del Golfo, pero resultó falso.

Su artículo publicado en un medio nacional enfureció a Duarte, que intentaba rehabilitar la reputación de su estado.

Paradójicamente, casi nadie en Veracruz pudo leer el artículo. Aquella semana también “desapareció” la edición impresa de Proceso, después de que misteriosos extraños la compraran en cantidades masivas apenas llegó a los quioscos. 

“Era una periodista incómoda”, dijo el exfuncionario que habló con Forbidden Stories. “Creo que las fosas fueron la gota que derramó el vaso”, añadió. Y concluyó: “A ningún gobierno le gusta que le destapen la cloaca”.

Se cierran las puertas

Mientras seguía cubriendo el crimen organizado y crecía su reputación como una reportera virulenta e incorruptible, la vida profesional de Martínez se volvió más dura.

La vetaron de las ruedas de prensa y la mantuvieron al margen de los eventos oficiales. Los comunicados de prensa ya no le llegaban.

Después salió a la luz que el gobierno estatal elaboró una lista negra de periodistas en Veracruz que debían ser excluidos de los actos gubernamentales. El nombre de Regina estaba allí.

“Había un hostigamiento muy notorio hacia ella”, dijo Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas del Estado de Veracruz. “De todo el gabinete de Duarte”, dijo. “Duarte sí fue muy intolerante”.

Jorge Carrasco, el actual director editorial de Proceso, la vio por última vez en noviembre de 2011, cuando aún trabajaba como reportero de la revista. 

Regina abandonó su habitual reserva y habló con él por horas. Le dijo que la situación en Veracruz se estaba volviendo cada vez más peligrosa y que ella ya no quería seguir cubriendo temas de seguridad.

El problema era que los asesinatos y las ejecuciones en Veracruz parecían no tener fin. Alguien tenía que cubrirlos para los medios nacionales. Y ese alguien era usualmente Martínez.

Un mes después, en diciembre de 2011, sucedió algo inquietante.

Un día la periodista llegó a casa y encontró su baño lleno de vapor, como si alguien se hubiera tomado una ducha caliente unos segundos antes. Sus jabones habían sido usados. Un sobre con el equivalente a unos 5.000 dólares había desaparecido.

El incidente la aterrorizó. Aunque también la aterrorizaba ir a la policía.

“Sé que tenía miedo. Pero por más que lo dijimos nosotras, que ella denunciara oficialmente, no lo quiso hacer porque precisamente ella no creía en la justicia”, dice Trujillo.

Pero ella siguió investigando. 

Unos meses después, en abril de 2012, Proceso publicó un artículo acusando a dos altos cargos de Veracruz de ser cómplices en la toma del estado por el crimen organizado: Reynaldo Escobar Pérez, quien había sido fiscal estatal y José Alejandro Montano Guzmán, entonces ex secretario de Seguridad Pública.

El artículo vinculaba directamente a Escobar con el crimen organizado y con el crecimiento de los cárteles en el gobierno de Fidel Herrera. Señalaba que Montano, un hombre que a menudo alardeaba de sus orígenes humildes, había amasado propiedades por valor de 7.3 millones de dólares.

El artículo fue escrito por Jenaro Villamil, un periodista basado en Ciudad de México que viajó a Veracruz para reportar. Allí, se reunió con Martínez para conocer la situación y fueron vistos en público juntos. 

La edición de Proceso donde se publicó su nota también fue desaparecida de los quioscos.

La casa de Regina Martínez poco después de que se localizara su cadáver, el 28 de abril del 2012. Foto: Proceso

El asesinato Quizás porque su carrera profesional era tan peligrosa, Martínez llevaba una ordenada vida doméstica. Mantenía las puertas bien cerradas y rara vez invitaba a alguien a entrar en su pequeña casa de tres habitaciones en el centro de Xalapa. 

Cada sábado por la tarde, compraba su suministro semanal de tortillas de la misma vendedora ambulante, que se las llevaba a su puerta. También su bebida láctea favorita, Yakult, que le compraba a otra mujer. 

Esta anunciaba su llegada a la casa de Martínez gritando: “¡Yakult! ¡Yakult!”. Normalmente, esa era la señal para que Martínez apareciera. Pero la tarde del 28 de abril, la mujer del yakult no tuvo respuesta. Eso era tan inusual que alertó a la vecina, que trató de avisarle a Martínez y vio que la puerta principal no estaba cerrada del todo. Llamó a la policía.

Casa de Regina Martínez en Xalapa. Foto: Proceso

Dos agentes llegaron y encontraron el maltrecho cuerpo de Martínez en el suelo del baño. Todo indicaba que estaba allí desde tempranas horas.

La escena era horrible. La periodista, que apenas pesaba 54 kilos, había sido sorprendida en el baño, arrojada contra una pared, brutalmente golpeada con una manopla y estrangulada con un trapo de limpiar. Cuando intentó defenderse, su atacante la mordió y lanzó su cabeza contra el inodoro. 

Los peritos encontraron moretones en su cara, ojo derecho, mandíbula, pecho, espalda y brazos. Tenía costillas rotas, la tráquea fracturada y le faltaban dos dientes.

Desde el principio, los investigadores de la fiscalía de Veracruz se centraron en una versión confusa de los hechos y, según dicen los amigos de Martínez, improbable. Señalaron que fue asesinada por dos prostitutos, uno de los cuales habría sido su amante. 

Jorge Antonio Hernández Silva, conocido como El Silva, era un drogadicto con un pasado turbulento. Analfabeto, seropositivo y vagabundo ocasional, acumulaba una serie de pequeños robos en su historial. Cuando se produjo el asesinato, llevaba menos de un año por fuera de la prisión de Pacho Viejo, donde había ingresado por hurto.

Fotos policiales de El Silva de la noche en que fue arrestado por el asesinato de Regina Martínez.

Mientras estuvo tras las rejas, conoció a otro preso que también pagaba una condena por robo. Ese hombre, también drogadicto y trabajador sexual ocasional, se llamaba El Jarocho, apodo común para los nativos de Veracruz.

La Fiscalía de Veracruz desarrolló la teoría de que Martínez estaba en una relación sentimental con El Jarocho. La noche de su asesinato, sostuvieron los fiscales, Martínez invitó a El Silva y El Jarocho a su casa para tomar unos tragos. Luego ella salió un momento a comprar cerveza. Cuando volvió, bailó con El Jarocho, pero luego empezó a pelear con él. Los fiscales dicen que él la llevó a su cuarto y empezó a pegarle, luego la llevó al baño. El Silva ayudó a dar golpes.

Los fiscales comenzaron a reunir pruebas de que Martínez estaba “al inicio de una relación” con El Jarocho. Incluyeron el testimonio de su costurera, que indicó que Martínez le había encargado recientemente faldas más cortas y usaba perfume. Los fiscales crearon la impresión de que ella era una mujer recién enamorada. 

Sus amigos y colegas califican estas conclusiones de absurdas.

“Dijeron que la mataron porque era novia de un prostituto, de una persona que se prostituyó cerca de su casa”, dijo Carrasco, el director de Proceso. “Que este supuesto asesino iba acompañado de otro y entonces ella abrió la puerta”. 

“En fin, una cosa insostenible”.

Sin embargo, a finales de octubre de 2012, el fiscal general de Veracruz, Amadeo Flores, convocó una rueda de prensa para anunciar los hallazgos oficiales: El Jarocho y El Silva habían matado a Regina. 

El Jarocho se había convenientemente desvanecido, pero Flores anunció que tenía la confesión de El Silva, que admitió que entró a la casa de Martínez esa noche con la intención de robarle. 

“En Veracruz no hay espacio para la impunidad”, concluyó Flores triunfante. 

El fiscal de Veracruz, Amadeo Flores Espinosa, estuvo a cargo de la investigación oficial del asesinato de Regina Martínez. Concluyo que se trató de un “crimen pasional” y de un robo que salió mal. Foto: Proceso

El Silva fue juzgado y condenado a 38 años y dos meses de prisión.

Había un móvil, una confesión y un culpable. Para el estado de Veracruz, el caso del asesinato de Regina Martínez estaba definitivamente cerrado.

El funeral de Regina Martínez en Veracruz. Foto: Proceso. 

Crecientes dudas

Periodistas de OCCRP revisaron cientos de páginas de documentos de la investigación y entrevistaron a personajes clave. Revelan graves agujeros en la versión oficial. 

El Silva, la única persona condenada por el crimen, se retractó de su confesión. Ahora afirma que lo torturaron para que le dijera a la policía que asesinó a Martínez.

“Quiero decir que me pegaron en la espalda y siento dolor”, afirmó en una declaración que hizo en la audiencia de apelación en el 2013, que fue proporcionada a Forbidden Stories por su abogada, Diana Coq Toscanini. 

“Ellos tenían una especie de chicharra para dar toques y lo pusieron en mi pecho y me dieron descargas. Ellos hicieron eso, pero no vi quién, ya que tenía los ojos vendados. Y la última noche mi pecho estaba dolorido”.

En agosto de 2013, cuatro meses después de la condena contra El Silva, una corte de segunda instancia de Veracruz dictó que había suficiente evidencia para anular la sentencia y liberarlo. 

Edel Álvarez, uno de los magistrados de ese tribunal, le dijo a OCCRP que estaba convencido de que las afirmaciones de tortura del prisionero son ciertas. 

También señaló contradicciones en las afirmaciones de los fiscales sobre los movimientos de El Silva la noche del asesinato. Y dijo que los intentos de retratar a Martínez como promiscua eran problemáticos.

“Hubo un tema de género”, dijo.

“Se estableció en la sentencia que por el estilo de vida de la periodista y su soltería era altamente probable que ella ingresara hombres a su domicilio con fines sexuales”, añadió.

Sin embargo, en octubre de 2014, El Silva volvió a la cárcel después de que uno de los hermanos de Martínez presentara un amparo contra la decisión del tribunal. 

Foto: Alberto Morales Garcia.

Eso se produjo después de que los fiscales estatales lo “convencieran” de que debía apelar y le ayudaran con el proceso, según descubrió OCCRP.

Luis Ángel Bravo, el fiscal de Veracruz en esa época, señaló en una entrevista que su oficina escribió y presentó la apelación, pese a que el hermano de Martínez era quien la firmaba.

Bravo reconoció que eso era inusual. Normalmente, explicó, cuando se anula una sentencia “ahí muere el problema” para los fiscales.

“La verdad es que no lo recuerdo”, dijo, cuando se le preguntó si el abogado que representó al hermano de Martínez había sido contratado por la oficina del fiscal.

“Lo que sí recuerdo es el gran acuerdo que se hizo y el gran resultado que se obtuvo”. Y añadió: «Como dicen los rancheros: Se hizo y lo logramos»

El Silva está ahora de vuelta en la prisión de Pacho Viejo, donde ni siquiera su abogada puede visitarlo, dice Coq.

Laura Borbolla, que encabezaba en el momento del asesinato la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, viajó a Veracruz para recabar información del crimen. Le dijo a OCCRP que no logró que la dejaran tener una entrevista privada con El Silva.

“O sea, nunca me dijeron ‘no queremos que investigues. No queremos que tú avances. No queremos que tú sepas qué pasó aquí’. Nunca nos lo dijeron”, dijo Borbolla. “Pero al final de cuentas el ponerte tantas trabas y alargar el proceso es un tema de mucho desgaste”.

“No nos dieron acceso a él estando detenido en la Procuraduría, porque quizás nos hubiésemos dado cuenta de inmediato si lo habían golpeado o no, si lo habían torturado o no”, añadió.

Los fiscales de Veracruz llegaron a la conclusión de que la casa de Martínez presentaba un “evidente desorden típico de robo”. Pero Borbolla insiste en que eso no es verdad.

“Todo estaba en orden”, dijo.

Señaló que, aunque faltaban la computadora portátil de Martínez, un teléfono Blackberry y la televisión, muchos otros objetos de valor estaban ahí, incluido un reproductor de DVD y joyas de oro. 

“Yo sí he tenido siempre la duda razonable de si El Silva realmente la mató”, señaló.

También acusó a la policía local de prácticas forenses deficientes. Dejaron entrar a periodistas a la escena del crimen apenas unos días después del asesinato y esparcieron tanto polvo revelador mientras buscaban huellas digitales que no fue posible analizar objetos para extraer ADN. 

El equipo de Borbolla encontró huellas de un varón que la policía estatal había pasado por alto. Ninguna de ellas presentaba coincidencias en la base de datos nacional de huellas dactilares. Tampoco con las de El Silva. De hecho, sus huellas no fueron encontradas en la escena del crimen.

«No vamos a saber quién asesinó a Regina», dice. «Pero sabemos quién no mató a Regina».

Manifestación en abril de 2012 en Xalapa, una semana después del asesinato de Regina Martínez. Una de las manifestantes muestra una edición de la revista Proceso, donde Regina trabajaba. Foto: Proceso

Los bots de Duarte

Por esas obvias inconsistencias, los medios nacionales de México permanecieron escépticos frente a la versión oficial de los hechos. 

Pero la historia fue aceptada sin reservas por algunos medios locales, especialmente unos con nexos con el poderoso Partido Revolucionario Institucional, el partido al que tanto Fidel Herrera como Javier Duarte pertenecían. 

En México, esos medios progubernamentales, conocidos como patitos, proliferan en masa para actuar a las órdenes de sus encumbrados patrocinadores antes de desvanecerse, tan rápido como aparecieron.

Mucho antes de que Flores anunciara sus hallazgos oficiales en octubre de 2012, medios locales publicaron artículos basados en filtraciones de fiscales locales promoviendo el relato de que el asesinato había sido un “crimen pasional”.

“Esclarece PGJ [la fiscalía local] homicidio de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso”, fue el titular publicado por una página local llamada ElGolfo.Info, que circuló masivamente en Twitter.

Aldo Salgado, un analista contratado por Forbidden Stories, analizó las cuentas en redes sociales que estuvieron activas en ese momento y encontró que cerca de 200 bots de Twitter, casi todos creados en dos fechas, amplificaron estas historias retuiteando exactamente al mismo momento. 

Y mientras que la versión del “crimen pasional” se expandía por las redes sociales, los colegas de Martínez luchaban en su esfuerzo por establecer la verdad. 

Incluso los trataban como sospechosos. Carrasco dijo que cuando Proceso pidió a las autoridades que consideraran el trabajo de Martínez como un posible motivo para su asesinato, la policía respondió tomando las huellas digitales de sus colegas.

“Los citó a declarar, les tomó las huellas, tomó incluso impresiones, placas de sus dentaduras. (…) Entonces a los periodistas los citaron para decirles: ‘Bueno, es que Proceso quiere que se investigue el trabajo periodístico’. Pero evidentemente nosotros no queríamos que investigaran a sus amigos. Queríamos que hicieran una investigación técnica del trabajo periodístico de Regina”, señaló Carrasco.

Tampoco quedaban muchos periodistas en Veracruz para continuar informando. Tras el asesinato, Andrés Timoteo, un amigo de Martínez, abandonó la ciudad inmediatamente. Tres otros periodistas le siguieron rápidamente. Sabían que el asesinato no se trataba solo de ella. 

“El mensaje que manda este crimen es, si a ella le hicieron esto ¿A nosotros cómo nos puede ir?”, dijo Trujillo. 

“Y entonces, pues si viene un miedo generalizado”, concluyó.

Norma Trujillo coloca flores en la tumba de su amiga Regina Martínez en el cementerio de Xalapa. Foto Forbidden Stories.

Tenían motivos para tener miedo. Solo una semana después del homicidio de Martínez, mataron en Veracruz a otros tres reporteros gráficos y arrojaron sus cuerpos a un canal. El baño de sangre continuó en junio del 2012 con el asesinato de Víctor Manuel Báez Chino, un reportero de crónica policial cuyo cuerpo apareció a solo una cuadra del palacio gubernamental.

En total, unos 18 periodistas abandonaron Veracruz tras el homicidio de Martínez. Ni siquiera eso ha detenido la matanza. Desde su muerte, más de 15 periodistas han sido asesinados en el estado desde 2012. El caso más reciente fue en septiembre pasado, cuando el cuerpo del periodista Julio Valdivia fue encontrado en una región montañosa del estado.

En una rueda de prensa reciente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se comprometió en reabrir el caso de Martínez. “No hay ninguna razón para que no se aclaren esos homicidios”, dijo ante la oleada de asesinatos. 

Pero el daño al periodismo mexicano ya está hecho. Carrasco comparó el efecto con “una bomba en una redacción”.

“Para la prensa en general es un antes y un después del asesinato de Regina”, dijo.

«Ya no podemos investigar de la misma manera… No estamos reporteando hasta el fondo de nuestras capacidades»

Este texto es publicado por el Border Hub con autorización de Forbidden Stories. Aquí el texto original.