Empresas creadas entre el 2018 y 2021 o compañías que antes se dedicaban a la venta de productos de limpieza, a la construcción, el transporte o el outsourcing, han acaparado el equivalente al 40 por ciento de los recursos de los contratos de carbón asignados directamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Según una investigación de Semanario a partir de las fechas de asignación directa de contratos en el Sistema Electrónico de Contrataciones de CFE y datos del Registro Público de Comercio (RPC), hay sociedades que recibieron contratos seis meses después de ser creadas o empresas que tenían otro giro y ahora son productores de carbón.

Dar contratos a empresas nuevas o que antes tenían un giro distinto, se da a pesar de que el artículo 81 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece que en los procedimientos distintos al de concurso abierto “se invitará a personas con posibilidad de respuesta adecuada; que cuenten con la capacidad financiera, técnica, y operativa para dar cumplimiento a los contratos, y que cuenten con experiencia en las actividades o trabajos a realizar”.

Se crean nuevas empresas mineras, pero el negocio del carbón sigue siendo el mismo en Coahuila. Crédito: Omar Saucedo.

A pesar de lo que pide la CFE, en la auditoría de cumplimiento 2021-6-90UIC-19-0061-2022 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, en 7 de una muestra de 13 contratos de 2021, no se observó que “los ofertantes garantizaran la capacidad del transporte para realizar la entrega del carbón, lo cual se vio reflejado en los retrasos en las entregas y la reprogramación de fechas de entrega”.

Además, pese a la entrega de varios oficios por parte del Director General de la CFE, la ASF concluyó que "no se presentó la evidencia que acredite que los pliegos de requisitos contemplen los términos para que los ofertantes garanticen la capacidad de transporte y cumplan en tiempo y forma con los programas de entrega establecidos en el contrato".

Muchas de estas empresas, de acuerdo con lo investigado por Semanario, están vinculadas entre sí o tienen relación con políticos o exfuncionarios. 

Semanario intentó tener una postura de la CFE a través del departamento de comunicación, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. 

Al contrario de la Ley de la CFE, la Ley Minera no establece que sea una ilegalidad que funcionarios o exfuncionarios, o personas sin capacidad económica tengan una concesión, explica Juan Antonio López, coordinador del área de justicia trasnacional en el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).

Aunque asegura que sí hay ilegalidades encuadradas en otras normativas y que, considera, pueden caer en temas de corrupción o peculado, o en usar la posición para obtener beneficios.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), por ejemplo, define el conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

En su artículo 58 refiere que “incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal”.

“Por eso usan los prestanombres. Nadie hace las investigaciones, y nos encontramos que hay una relación del que tiene la concesión, que es el sirviente o el chofer del político. Es de esas cosas que todos vemos, pero la ley es ciega y no lo ve porque no hay pruebas. Caemos en el tema de corrupción y la falta de prioridad para aclarar estas cosas”, critica López.

La activista Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, explica que esta dinámica de asignar contratos a empresas nuevas no ha sido exclusiva de esta administración federal, sino que es parte de una dinámica de la región que ha sido declarada ‘zona de sacrificio’. 

La califica de ‘sacrificio’ porque después de la tragedia de Pasta de Conchos donde murieron 65 trabajadores, han muerto más de 130 mineros, sin que el negocio del carbón se vea afectado.

Evidencia de ello es que la región Carbonífera de Coahuila sigue siendo la zona donde se produce el 99% del carbón del país, pero también donde más mineros mueren en el país a pesar de las demandas de no repetición que han exigido familias y organizaciones como Familia Pasta de Conchos, colectivo que ha luchado por la recuperación de los cuerpos de 63 mineros que quedaron enterrados hace 17 años y que ha reclamado precisamente a la CFE no solo por la asignación de contratos a determinados proveedores, , sino también por el “retraso insostenible” de la recuperación de los restos.

Huir de la responsabilidad

La activista Cristina Auerbach explica que este fenómeno de nuevas empresas siempre ha sido así por una razón: las compañías operan minas o pozos que no cumplen con las normas de seguridad e higiene y que terminan restringidas. 

Sin embargo, explica que lo que se restringe es el área de trabajo, pero se interpreta que la restricción es a la empresa.

“Entonces se inventan una nueva empresa para operar el mismo lugar, cuando es el área la que está restringida”, comenta.

Además, dice que cuando pesan denuncias sobre las empresas, lo que hacen es crear una nueva razón social para sortear el “quemón público”.

“Una familia puede tener cinco o seis empresas”, dice. Y cuenta el caso de la empresa Micarán que operaba la mina de Rancherías donde murieron 7 mineros en 2021.

“El contrato lo tenía una empresa, pero deciden que es otra la dueña de la cueva”, explica. 

Auerbach critica que así los empresarios mineros van librando la negligencia de las autoridades y la falta de eficacia de los recursos para realmente restringir operaciones.

Además, señala que el gobierno federal enarbola que acabaron con el outsourcing cuando el tema de los prestanombres es “muy fuerte” en la zona.

Y pone como ejemplo también al empresario minero, senador con licencia y precandidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana.

Auerbach señala a Guadiana de vender carbón a través de la empresa Operadora Industrial Minera que obtuvo el contrato CFE-0700-ADAAN-0038-2020 por más de 16 millones de pesos y el contrato CFE-0700-ADAAN-0045-2022 en 2022 por más de 84 millones de pesos.

Pero el político, que dice no vende a la CFE desde febrero de 2016, se justifica con los vacíos de la ley: “A lo mejor le vendemos a algún productor que requiere el carbón, porque nosotros producimos carbón bueno, carbón, lo que es verdadero carbón. Y mucha gente nos compra para ellos mezclarlos y hacer otras mixturas. Pero le vendemos a gente que produce”, comentó Armando Guadiana a Semanario, cuestionado durante un evento de su precampaña el 24 de enero de este año. 

-¿Entonces ese comprador le vende a CFE?

-No sé. Eso es boleto de cada quien. Tú compras una naranja aquí y vas y lo vendes a otra colonia. Ya es boleto de cada quien, no lo voy a limitar a dónde lo venda.

Ese coyotaje explicado por el precandidato es permitido por la CFE bajo el argumento de la entrega de contratos a micros y pequeños productores, pero que contradice las disposiciones para garantizar la integridad en las contrataciones de acuerdo con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que dice en su artículo 85 que se deberán considerar requisitos como la capacidad técnica y financiera para la ejecución del proyecto.

La empresa minera Desarrollos Carboneros Mexicanos ha recibido 571 millones de pesos en contratos de carbón. La dirección de este local en Nueva Rosita, fue la que registró la empresa ante la Comisión Federal de Electricidad. Foto: Francisco Rodríguez.

Sin embargo, estos procesos de compras por parte de la CFE se dan porque tiene un régimen especial de empresas productivas del estado, donde se les exenta a someterse a las leyes federales de adjudicaciones y arrendamientos, explica Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa.

“Internamente a la CFE no le interesa llevar a cabo estos procedimientos con transparencia, los resultados van a derivar en actos de corrupción”, critica la investigadora. 

A las lagunas de la CFE se suman las de la Ley Minera, una ley que el especialista de ProDESC, el abogado Juan Antonio López, califica como “escueta” y “obsoleta”. 

“Así les conviene tenerla. Se ha dicho y se ha intentado hacer reformas, pero no pasa porque los mismos políticos se benefician”, comenta.

Expone que las autoridades mexicanas tendrían que hacer investigaciones completas para saber quién es la persona a la que se le compra carbón, porque actualmente la ley solo requiere que para tener una concesión minera solo hay que ser mexicano mayor de edad.

“Mientras tengas la concesión, tú llegas a tramitar los permisos a nombre de la misma persona y no investigan quién es”, acusa.  

Para resolver el tema de los prestanombres dice que se requiere investigación de la autoridad y reformar el marco normativo. 

Para el abogado el problema siempre ha sido la corrupción y los vacíos que aprovechan los mismos funcionarios públicos que tendrían que hacer las mejoras al marco normativo.

Millonarios exprés

Semanario encontró que son 17 empresas las creadas durante esta administración, inclusive algunos meses antes de recibir las adjudicaciones.

Y si fueron creadas en este periodo, automáticamente significa que rentaron o les cedieron una concesión o lote, pues el gobierno federal ha presumido no haber entregado nuevas concesiones.

La empresa Desarrollos Carboneros Mexicanos fue creada en enero del 2019 en Nuevo León, según el acta constitutiva. Esta empresa recibió contrato en 2022.

Las empresas Consorcio Minero A.G. y Cia, SA de CV, y Beneficios Carboneros Aj SA de CV, fueron creadas en 2019, pero para 2020 ya tenían sus primeros contratos millonarios.

La empresa Consorcio Minero A.G. y Cia ha recibido 280 millones 162 mil 665.47 pesos, y sus socios son José Rodolfo Esquivel Lozano y Edwyn Salomón López García.

En este domicilio en el centro de Múzquiz fue registrado la empresa minera Consorcio Oasis Minería y Transporte, dirección ligada a José Ponciano Buentello, exfuncionario de la secretaría de Gobierno de Coahuila. Crédito:  Francisco Rodríguez.

Mientras que Beneficios Carboneros Aj es una empresa constituida en Nuevo León y ha recibido 269 millones 968 mil 28.03 pesos, de acuerdo con los procedimientos de contratación publicados en la página de la CFE.

Esta empresa pertenece en el papel a Régulo Zapata Morales y Jobenely Cabello Ortiz. Zapata Morales es hijo del exalcalde de Sabinas, Régulo Zapata Jaime.

Tras analizar esta información, Semanario identificó que las empresas Desarrollos Carboneros Mexicanos S.A de C.V, Consorcio Minero A.G. y Cia, SA de CV, y Beneficios Carboneros Aj SA de CV tienen algo en común: han recibido contratos de carbón de CFE y fueron creadas durante esta administración.

Y no solo eso, dos de la empresas tienen otra similitud: dentro de la sociedad figura una persona en común: Juan Salvador García Luna Vargas, quien es representante de Desarrollos Carboneros y forma parte del órgano de vigilancia de Beneficios Carboneros Aj.

Tantos nombres y nuevas sociedades tienen un propósito, dice Cristina Auerbach. Cuando sucede una tragedia, quien asume la responsabilidad es la empresa que los políticos o grandes empresarios deciden, y no los que tienen el contrato. 

Esto se permite porque una concesión minera puede ser rentada, cedida o prestada, sin que necesariamente se registren estos cambios ante alguna autoridad. 

Como en el caso de la mina El Pinabete, la última tragedia minera donde murieron 10 trabajadores el pasado 3 de agosto de 2022 en la comunidad de Agujita, en Sabinas. 

Desde que ocurrió la tragedia se especuló cuál era la empresa responsable, hasta que se señaló a Cia. Minera El Pinabete SA de CV, empresa contratista de CFE que recibió los derechos de la concesión de Minera Río Sabinas SA de CV. 

En diciembre de 2021, la empresa firmó un contrato privado de cesión de derechos en favor de Cristian Eloir Solís Arriaga, quien apareció como patrón ante el Seguro Social, según un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

De acuerdo con la activista Auerbach, Solís Arriaga era simplemente el yerno del encargado del pozo.

Los dueños de CIA. Minera El Pinabete son Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, a quienes posteriormente también se les giraron órdenes de aprehensión

Luis Rafael García Luna Acuña es además socio de Régulo Zapata Morales, el dueño de la empresa Beneficios Carboneros Aj. 

Semanario confirmó la relación entre los dos, pues ambos aparecen como dueños de la empresa Transportes y Maquinara GLAZAM, SA de CV, creada en Nuevo León en febrero de 2021. 

La relación entre empresas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su auditoría de cumplimiento 2021-6-90UIC-19-0061-2022 señaló y observó la relación de cuatro empresas con la familia Flores Guerra (aunque en el informe no se detalla la familia), apellidos de la alcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra. 

Los mineros muchas veces no saben quién es el dueño de la mina para la que trabajan. Son la parte baja de la pirámide del negocio del carbón. Crédito: Héctor García.

Pero en la misma se precisa que la Auditoría tomó como referencia únicamente una muestra de 13 contratos. 

Si la ASF hubiera extendido la búsqueda o si se hace para la auditoría del ejercicio 2022, se encontrará con más casos como los siguientes:

En el 2019 se creó la empresa Minera Elma, SA de CV, y los dos accionistas que aparecen son Homero Iván Martínez Garza y Sebastián Martínez Mata. El segundo, un joven que tenía 27 años cuando se constituyó la empresa, y que en 2020 participó como candidato a la diputación local del distrito de Sabinas, abanderando a Movimiento Ciudadano.

En esta empresa aparece como comisaria, Rosana Mata Garza, misma que aparece como accionista de la empresa Groma Coal Company, SA de CV, creada apenas en 2020. En esta empresa también es socio Homero Iván Martínez Mata, apellidos que coinciden con los de Sebastián, accionista de Minera Elma.

Estas dos empresas recibieron contratos en 2020: Minera Elma uno por 16 millones 548 mil 960 pesos y Groma Coal Company por 24 millones 761 mil 381.40 pesos, apenas seis meses después de haberse creado.

Una empresa contratada por la CFE seis meses después de haberse creado, quizá no cumpla con el requisito de experiencia que pide la Comisión en el artículo 85 de su ley:  

“Deberán cumplir los interesados en contratar con la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiaria: La experiencia previa que acredite la capacidad para la ejecución de las obligaciones contractuales”.

En seis meses, añade la activista Auerbach, muchas empresas no alcanzan a ser revisadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o no cuentan con una manifestación de impacto ambiental, la cual debe presentarse de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

“¿Cómo les dan contrato?”, cuestiona.

Por eso la activista Auerbach señala a la región como una zona de desastre, donde hay un daño ambiental “brutal” y hay minas abandonadas o inundadas de 50, 70 años.

Auerbach señala que aparte de los vacíos a la ley está la “insensibilidad y negligencia” de las autoridades, pues dice que la Secretaría de Economía tiene la capacidad de cancelar cuando no se cumplen las normas de seguridad e higiene. 

Por eso más que el vacío a la legislación, Auerbach dice que es un vacío al estado de derecho que no se cumple. 

Otro nombre que aparece como accionista en dos empresas que han ganado contratos, es el de Víctor Karim Mussi Camara, que aparece como socio en la empresa Minera Fuga SA de CV y Consorcio Oasis Minería y Transporte, SA de CV. Las dos de reciente creación.

Minera Fuga fue constituida en 2018 y recibió contratos en 2020 y 2022 que sumaron 145 millones 287 mil 189 pesos. Mientras que Consorcio Oasis Minería y Transporte fue creada en los últimos días de 2018 y vendió carbón a CFE en 2020 y 2021 por 19 millones 196 mil 793.60 pesos.

A pesar de que Consorcio Oasis Minería y Transporte fue constituida en diciembre de 2018, un año después dos de sus socios originales vendieron sus acciones, entre ellos a Mussi Camara.

José Ponciano Buentello Múzquiz era uno de los dueños iniciales. Esta persona fue responsable de programas en la región carbonífera dentro de la secretaría de Gobierno de Coahuila, en la administración estatal actual.

En su declaración patrimonial de finales de 2017, Buentello Múzquiz declaró no tener ningún cargo en alguna empresa y refirió tener un sueldo anual neto de 113 mil 52 pesos, menos de 10 mil pesos al mes. Un año después constituyó la empresa y después se desligó de ella. 

Sin embargo, Semanario acudió al domicilio de esta sociedad mercantil según el acta constitutiva. La casa en el Centro de Múzquiz es usada para la venta de ropa usada. Al preguntar por la empresa, una mujer en un inicio desconoció que en la casa estuviera registrada una empresa minera. Hasta que después recordó: “ah, a lo mejor es de mi hermano, José Buentello”. 

Consorcio Minero A.G. y Cia, SA de CV, fue creadas en 2019, pero para 2020 ya tenía su primer contrato millonario. Crédito: Francisco Rodríguez.

Más casos

Otros casos de empresas mineras ligadas a políticos o exfuncionarios es Corporativo El 88, SA de CV., de Ramón Oglaer Falcón Guerra, hijo de Ramón Oglaer Falcón Álvarez, que al menos desde 2014 hasta mitad del 2020, fue subdirector de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del gobierno estatal en Sabinas, según el historial de sus declaraciones patrimoniales. 

Esta empresa recibió contratos en 2020 y 2021 que sumaron más de 19 millones de pesos.

La empresa Grupo Sacu SA de CV ha recibido más de 160 millones de pesos en esta administración. Esta empresa le pertenece, según datos del RPC, a Luis Alfonso Rodríguez Garza, exsecretario de Turismo estatal. 

La familia Yutani también tiene relación con el negocio minero. Tres empresas: Minera Carbonífera Las Dos Glorias, Minerales y Transportes, y Rsy Minera, han recibido contratos en esta administración por más de 255 millones de pesos. David Yutani Flores, intentó en 2022 ser alcalde de Sabinas por tercera ocasión. 

Para el abogado de ProDESC, Juan Antonio López, no se podrá hacer nada en contra de los grupos y cúpulas del poder que tienen tomado el territorio y seguirán las violaciones a derechos humanos porque la ley no obliga a mantener un respeto hacia las comunidades donde se explota el carbón.

“No vas a poder hacer nada en contra de estos grupos que tienen prácticamente tomado casi el 95% del territorio nacional, las violaciones a derechos humanos van a mantenerse porque la misma ley no obliga a las empresas extractivas a mantener una línea de respeto de derechos humanos hacia las comunidades”, expone el especialista.

Y eso ha costado caro: de acuerdo con estadísticas del Seguro Social, Coahuila ocupa el primer lugar nacional en casos de neumoconiosis, la enfermedad conocida como pulmón negro por inhalar el polvo del carbón y el primer lugar en hipoacusias, la pérdida de la audición que se presenta en los mineros al estar expuestos constantemente a los ruidosos procesos de extracción.

Además, la zona está devastada ambientalmente y no existen trabajos de restauración. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad pide que los contratistas cuenten con experiencia, pero a pesar de ello la adjudicación de contratos ha sido para empresas de reciente creación o que cambiaron su giro. Crédito: Héctor García.

De vender productos de limpieza a vender toneladas de carbón

De las 84 empresas que se han visto beneficiadas con contratos para venta de carbón, 16 de ellas modificaron entre el 2017 y 2022, el objeto social de la empresa para uno acorde a la extracción de carbón mineral.

Hay casos como el de la empresa Taka Química Aplicada, SA de CV, creada en 2010 en Nuevo León, dedicada a la compra y venta de productos químicos, de limpieza y aromáticos para el hogar y la industria.

Esta empresa, cuyos dueños según los datos del RPC son Andrés García Siller, Alfonso Almanza Moreno y José de Jesús García Cavazos, cambiaron el objeto social de la empresa en 2018. En mayo de 2019 quedó asentado ante notario que García Siller aportaba el título de concesión minero 222016 en una superficie de 728.8 hectáreas en el lote minero El Coyote Seis en San Juan de Sabinas, y manifestó a la asamblea de accionarios que estaba en trámite el título original a nombre de la sociedad. 

Para 2020 y 2021, Taka Química Aplicada recibió contratos de CFE que en conjunto sumaron 45 millones 892 mil 334.70 pesos. 

Casos como este se permiten porque la Ley Minera no pide ningún requisito en cuanto a que las empresas tengan un giro específico o experiencia en la extracción de minerales, asegura Juan Antonio López de ProDESC. 

“Es más, ni siquiera te pide un comprador directo para el mineral”, cuenta. Por el contrario, permite tener la concesión por una vigencia de tiempo en el que se puede traspasar, prestar, rentar o lo que sea. 

Y aunque la CFE pide “experiencia y capacidad”, en el papel parece que no revisan, señala la activista Cristina Auerbach

“Empresas como El Pinabete no tenía manifestación de impacto ambiental; cómo le dieron el contrato, y así muchas”, critica Auerbach. 

El 4% de la generación de electricidad en México se da a partir del carbón que se produce principalmente en Coahuila. Crédito: Omar Saucedo.

Otro caso es el de la empresa Comercializadora Sabinas SA de CV, la cual fue creada desde el año 2007 y tenía como giro la compra y venta de artículos de la industria minera, de la industria de la construcción y de ferretería. Pero en 2021 cambió su objeto social y al siguiente año firmó un contrato por 34 millones 415 mil 460 pesos.

Uno más es el de la empresa Dorka Comercial SA de CV de Nuevo León. Esta empresa creada en 2016 tenía como objeto social prestar servicios de administración de proyectos, outsourcing o negocios en tecnología de la información, pero en 2018 y 2019 cambió el giro para la explotación de carbón mineral, y desde entonces obtuvo contratos en 2020, 2021 y 2022 que han sumado 103 millones 395 mil 122.16 pesos. 

“Creo que hay un nivel de corrupción brutal”, comenta Auerbach.

La ASF observó en la auditoría de cumplimiento de 2021 que la empresa Comercializadora y Arrendadora La Carbonífera, S.A. de C.V., no reportó ingresos por 639 mil 100 pesos que obtuvo por las operaciones con CFE Generación. Esta empresa recibió un contrato en 2020 por más de 39 millones de pesos. 

Mientras que la empresa Servicios Arrendamientos y Refacciones, S.A. de C.V, presentó declaraciones sin operaciones, no obstante que, “por la venta de carbón a las C.T. Carbón II y José López Portillo, realizó operaciones por 10 millones 669 mil 800 pesos”. 

Al final, acusa Auerbach, no importa si gobierna Fox, Calderón, Peña Nieto o Andrés Manuel, hay un modelo en el que el estado mexicano declaró a la zona Carbonífera una zona de sacrificio y por eso no actúan. 

Y esa inacción es evidente en el caso de Pasta de Conchos, donde las familias acumulan 17 años, cuatro presidentes y tres partidos políticos intentando recuperar los restos de los mineros que quedaron enterrados. Y a pesar de las exigencias de no repetición y justicia frente a las tragedias que año con año azotan la zona, nada parece modificarse. 

Los mineros, acusa Cristina Auerbach, pagan con su vida la explotación de la zona; las poblaciones están enfermas por respirar todo el tiempo polvo de carbón, y a las comunidades las dejan con las minas abiertas.

Una zona de sacrificio a pesar de que en 2021, la generación de electricidad en México a partir del carbón fue de solo el 4%, de acuerdo con datos públicos de la Secretaría de Energía.

Aunque se mantiene porque el negocio del carbón todavía es lucrativo.