Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, prometió transparencia e integridad durante su campaña y dijo que “le mocharía la mano a los corruptos”, sin embargo, su Gobierno ha estado envuelto en diversos casos de corrupción, por lo que existen al menos seis investigaciones abiertas en su contra a nivel local y federal.

Las denuncias de corrupción han opacado la aceptación ciudadana que había hacia su propuesta, misma que le dio un arrollador triunfo en junio de 2015 y que lo llevó a ser el primer gobernador independiente en la historia de México.

Los señalamientos a su gobierno han llegado incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificara una sanción en su contra por utilizar recursos públicos para recolectar las firmas que lo llevarían a ser candidato presidencial.

“Al gobernador le faltan dos años para terminar su periodo y es un Gobierno que ya va en descenso, políticamente hablando, y en ese sentido, es un gobernador débil; esa debilidad se ha acentuado por su irresponsabilidad con su forma de gobernar”, consideró la activista local, Liliana Flores Benavides.

Según una encuesta publicada por Consulta Mitofsky en septiembre pasado, el nivel de aceptación de “El Bronco” se sitió en un 16.1 por ciento, situándose en penúltimo lugar en el país.

Promesas incumplidas

En distintas ocasiones durante el 2015, siendo candidato a gobernador, así como una vez electo, Jaime Rodríguez Calderón prometió que no dejaría su puesto para buscar otras posiciones, como la Presidencia de la República. No lo cumplió.

El 7 de octubre de 2017 registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su aspiración a ser candidato independiente a la Presidencia de México. En diciembre, el Congreso estatal le concedió licencia de su cargo como gobernador para que trabajara en la recolección de firmas de aprobación para ser candidato.

En marzo de 2018 el INE dio a conocer que las firmas entregadas por El Bronco presentaban duplicidades e inconsistencias y luego de inconformarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y debatir, en abril de ese año la Corte aprobó su candidatura a la Presidencia de México. 

Tras el fallo, Rodríguez Calderón inició su campaña a las elección presidencial, la cual perdió, resultado que lo llevó de regreso a la silla del Gobierno de Nuevo León. 

Generó muchas expectativas, comentó Flores Benavides, pero “empezó a desbaratarlas” a partir de que decidió lanzarse como aspirante a la Presidencia.

“A partir de ese momento empiezan a sentarse una serie de irregularidades en su Gobierno, como es utilizar los recursos públicos humanos para apuntalar su campaña, eran una voz popular las presiones faltas de ética que les hicieron a los trabajadores de su Gobierno, donde los obligaban a juntar firmas y el que se oponía era despedido o amenazado; eso era generalizado”, detalló la activista.

“Eso dicen los que no me quieren”, dijo Rodríguez Calderón al periodista Jorge Ramos, en una entrevista publicada el 16 de abril de 2018. 

Denuncia tras denuncia

En febrero de 2016, a sólo cuatro meses de su llegada al Gobierno de Nuevo León, una investigación del Periódico El Norte reveló que la Subsecretaría de Administración de la Tesorería Estatal, encabezada por Rogelio Benavides Pintos, compró a la Empresa Comercializadora Mirof 200 mil cobijas a 144.9 pesos cada una, el triple del valor real de las cobijas.

Según la investigación periodística, representó un sobrecosto estimado en 167%, que significó un expendio de 28.9 millones de pesos. 

Así mismo, El Norte informó que la Comercializadora Mirof, fue la única que concursó en la licitación y las cobijas no cumplieron con el peso ni con las medidas de la ficha técnica.

Ante la evidencia de la utilización del personal de la Administración para la recolección de firmas, así como de los trabajadores del programa público Aliados Contigo, los entonces diputados locales, Mariela Saldívar y Samuel García, interpusieron una denuncia el 29 de enero de 2018 ante el Instituto Nacional Electoral y Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República en contra de Jaime Rodríguez.

Juan Manuel Ramos, izquierda, de Redes Quinto Poder presentó junto a otras organizaciones las denuncias contra el gobernador Jaime Rodríguez y su suegra. Foto cortesía Redes Quinto Poder.

El jueves 1 de febrero del mismo año la activista Liliana Flores Benavides y la organización Redes Quinto Poder también denunciaron los hechos ante el INE.

El 25 de septiembre pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal determinó una sanción al mandatario estatal disponiendo que fuera el Congreso quien se ocupara del procedimiento.

Sin embargo, ésta fue frenada el 3 de octubre cuando el ahora ex ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora concedió una suspensión solicitada por el Ejecutivo local.

Han surgido más escándalos en el Gobierno actual: la compra de un dron por 30 millones de pesos, que supuestamente se utilizaría para vigilancia de seguridad.

La adquisición del aparato fue dada a conocer en marzo y se dijo que se destinarían 27 millones adicionales para equiparlo.

Foto compartida en redes sociales por Samuel García.

Capas de opacidad

La Fiscalía Anticorrupción a cargo de Javier Garza y Garza tiene abierta una investigación por dicha compra. Ha solicitado al Gobierno del Estado que entregue el aparato para verificar las condiciones en las que se encuentra, después de que el 20 septiembre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó en un comunicado que había sufrido un accidente.

La Administración de El Bronco también ha mostrado opacidad al no publicar la información de la compra de la aeronave no tripulada, pues fue hasta que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai) lo ordenó, que se dieron a conocer los documentos que, cabe mencionar, contenían tachaduras que no permitían ver la mayoría de los datos.

En una comparecencia ante el Congreso de Nuevo León realizada el 4 de noviembre pasado, el secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, anunció que el Gobierno estatal deshará la compra de un dron cuestionado por su alto costo e inutilización durante ocho meses.

Dijo que ante la polémica suscitada se está buscando dar reversa al contrato de compra y adquirir otro tipo de equipamiento de seguridad, sin que cause agravio al erario, aunque tampoco dio más detalles al respecto.

“Debo de anunciar que ya estamos viendo las opciones jurídicas para deshacer la operación, y eso significa que no haya daño patrimonial al Estado, tema uno, que no afecte el tema de los recursos federales y pues que lo hagamos conforme a la ley desde luego, en estricto sentido.

“Estamos viendo varias opciones para hacerlo, no es un tema, ya lo hubiéramos hecho si fuera fácil, pero sí estamos en la postura de que esta operación tiene que ser cancelada”, declaró Fasci Zuazua.

Publicación El Norte.

Señalamientos de nepotismo

Un nuevo escándalo surgió cuando el 26 de junio pasado, El Norte se dio a conocer que la suegra del gobernador, María Teresa Martínez, quien era empleada de la Secretaría de Seguridad estatal, había recibido un aumento de sueldo del 144 por ciento en muy poco tiempo, lo que además le llevó a recibir una pensión por jubilación mucho más alta de la que le correspondía.

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado las investigaciones desde cero y sin la colaboración de las entidades de Gobierno, aseguró el titular de la dependencia, Javier Garza y Garza.

“Entre todas las carpetas que tenemos, entre Contraloría del Estado y la Auditoría Superior, son cinco carpetas que nos han presentado ellos, donde pudiera tener toda la información, entonces estamos investigando desde cero.

“Si a eso le aumenta la cuestión de que no dan información o que tenemos que conseguir información, estamos trabajando muy arduamente en todas las carpetas, independientemente que contemos o no, con la colaboración de las autoridades”, comentó el fiscal.

Reiteró la negativa del Gobierno del Estado para hacer la entrega de la información de la compra del dron, así como del caso del aumento al salario de la suegra del gobernador, investigación que ha derivado en la entrevista al menos 30 funcionarios.

“Hemos citado a más de 30 gentes de todas las estructuras de Gobierno del Estado.

“Ahorita estamos precisamente analizando todas esas declaraciones que hemos tenido. Estamos mandando los oficios a unas empresas particulares. Yo creo que muy próximamente estaremos en condiciones de poder resolver esa carpeta”, dijo.

Liliana Flores Benavides, Gilberto Marcos de la organización Vertebra y Juan Manuel Ramos de Redes Quinto Poder presentan la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Juan Manuel Ramos ha declarado que a más de 120 días de haberse dado a conocer el sobre sueldo de María Teresa Martínez, la Secretaría de Administración del Gobierno de Nuevo León ha actuado con dolo al obstruir el Derecho Humano de Acceso a la Información Pública, reservando la información solicitada bajo el argumento de que forma parte de una carpeta judicial.

“Lo que vemos es que la Fiscalía Anticorrupción tiene un marco normativo muy endeble, muy suave, y que las dependencias pueden obstaculizar las investigaciones de una dependencia como la Fiscalía.

“No sé si fue poco o mucho lo que sirvió (la creación de la Fiscalía Anticorrupción) y que haya sido autónoma, si finalmente quienes controlan la información no están dispuestos a soltarla. Eso es lo que ha pasado con la Secretaría de Administración, que niega la información a la propia Fiscalía, que tuvo que amenazarlos con multas, con varias multas, hasta que ya entregaron la información”, describió el director de Redes Quinto Poder.

La Fiscalía también ha investigado el caso de la recolección de firmas para la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, explicó el fiscal, caso para el que se ha tomado declaración a cerca de 500 funcionarios y solicitado información a diversas dependencias.

Se resolverá conforme a derecho, aseguró, “resolviendo estás controversias, teniendo respuestas jurídicas, no políticas”.

Foto, publicación del senador Samuel García.

Revanchismos políticos

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García ha sido uno de los más duros críticos por las revelaciones de corrupción del gobernador, no obstante, estimó Liliana Flores Benavides, se trata de un revanchismo político entre ellos.

“Ha arreciado en sus demandas. Últimamente escalaron estas denuncias, donde ya se volvió una cuestión de dimes y diretes. Ya empezaron a acusarse mutuamente. El gobernador lo está acusando de facturero (a Samuel García) y de que su familia es mega millonaria porque es el mayor vendedor de facturas, cosa que además eso es voz pública.

“Entonces aquí tenemos a dos funcionarios públicos, uno, que está debilitado pero detenta el poder aún, que es el gobernador del Estado, por tantas tonterías que ha hecho, y por el otro lado, un político joven, “mi rey”, que le llega a un segmento de la población con un discurso muy radical, que lo hace también por intereses personales, pero aquí vemos un desempeño totalmente mediocre en la función pública por parte de estos dos personajes”, señaló la activista. 

Las limitantes con que se diseñó y conformó el Sistema Estatal Anticorrupción, agregó, son factores que han facilitado la impunidad, en este caso, en torno a las acusaciones contra El Bronco.

Lo mismo ha pasado a nivel federal, afirmó Liliana Flores Benavides, en donde la justicia se compra y se vende al mejor postor.

“El último acto de corrupción o acto falto de ética o de inmoralidad por parte de Medina Mora fue eso. Entonces, ¿cuánto le costaría al Gobierno del Estado?, porque ni modo de que Jaime Rodríguez pague con sus recursos una cosa de esas.

“Fue el último acto, que fue tan apresurado, que hasta la misma Determinación de Amparo es parte de un machote y contiene datos de otro caso.

“Vemos que es muy difícil para el ciudadano obligar a que las cosas cambien, mientras tengamos esa misma clase política que se cobija con la misma sábana, o sea, se tapan unos a otros; es un berenjenal de complicidades, y en todos los ámbitos, a nivel Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las leyes se hacen a modo”.

Jaime Rodríguez "El Bronco". Foto gobierno de Nuevo León.

El pasado 23 de octubre, Samuel García interpuso una denuncia contra El Bronco ante la Fiscalía General de la República (FGR) por evasión fiscal, desviar recursos públicos, utilizar facturas falsas y cohecho.

Entre otras evidencias, el senador incluyó en su demanda 111 facturas falsas de empresas fantasma que fueron utilizadas en la campaña a la Presidencia y que dan un total de 25 millones de pesos.

“Tenemos al Bronco acorralado. Ya cerramos la pinza, incluso con delitos que tienen que ver con lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades”, declaró Samuel García.

Ante ello, el mandatario estatal acusó que la familia del senador es la principal vendedora de facturas en el país, y dijo, “es que se me hace que le gusto, yo ya estoy convencido de que le gusto”.

El 6 de noviembre Samuel García respondió al citatorio de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República para ampliar su declaración y sumar más pruebas en contra de Jaime Rodríguez Calderón.

 El senador declaró a los medios de comunicación que amplió la denuncia por desvío de recursos humanos, empresas fantasmas y lavado de dinero.

“Y ahora acompañamos otros nueve (casos), que hemos encontrado en estos 15 días y yo creo que ya son suficientes para que este hombre (el gobernador) termine en la cárcel”.

Según García Sepúlveda el monto económico total que representa el desvío de recursos del que acusa al gobernador de Nuevo León, es de alrededor de mil millones de pesos, que incluye el caso de la compra de las cobijas y el dron.

Lo anterior transcurre a la par de que las cifras de homicidios dolosos se han duplicado en los últimos años en la entidad, que además ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en feminicidios, existe una fuerte crisis de transporte que se ha recrudecido en el mandato de El Bronco y los altos niveles de contaminación no cesan sin que su Gobierno emprenda acciones contundentes. 

Este 31 de octubre la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer el informe de la revisión de la Cuenta Pública del 2018 del Gobierno estatal, en el que se revelaron más de 300 irregularidades, entre las que destacan las denuncias por las firmas del gobernador, así como por el tema del dron.

A lo largo de sus cuatro años de Gobierno, Jaime Rodríguez Calderón ha desestimado las denuncias en su contra, pese a que una de sus principales promesas fue acabar con la corrupción y “mocharle la mano a los corruptos”.