Los centros de rehabilitación contra adicciones privados, cuya función es dar atención a pacientes para ayudarlos en su recuperación, operan en Nuevo León sin supervisión.

Una investigación de EL NORTE revela que la Secretaría de Salud estatal, dependencia encargada de regular y verificar estos centros en la entidad, ha sido omisa al expedir la reglamentación para la operación y funcionamiento de estos sitios.

Aunque en julio de 2017 el Congreso local avaló un artículo transitorio en la Ley Estatal de Salud para que esta dependencia emitiera los reglamentos y daba un plazo de 120 días naturales para publicarlos, a la fecha no existen.

Sesión del congreso en la que se ordenó emitir reglamentos de operación de los centros de rehabilitación privados

Desde esa omisión, se han acumulado 15 homicidios, 27 lesionados en 21 hechos diferentes en los centros de rehabilitación en Nuevo León, según notas periodísticas del 2017 a la fecha.

Adicional a esto, existe una nula vigilancia a los centros, pues la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, dependiente de la Secretaría, apenas cuenta con 8 inspectores para revisar unos 126 establecimientos privados, según datos proporcionados por Salud estatal.

La organización Documenta, una asociación sin fines de lucro que busca un sistema de justicia penal que respete los derechos humanos, señala que la cantidad de centros de rehabilitación en la entidad podría llegar hasta 500, si se toman en cuenta los lugares que operan de forma clandestina.

Este medio obtuvo vía transparencia un total de 245 actas de verificación realizadas por la Secretaría a los centros durante el 2021, los cuales arrojaron que apenas se inspeccionaron 56 centros por "atención médica"; principal revisión para detectar si cumplen con los requisitos básicos para operar como: aviso de funcionamiento, permiso del responsable, certificación de médicos y especialistas, entre otros.

Tras cotejar las inspecciones con el padrón de centros de rehabilitación, se halló que 12 de esos inmuebles no aparecen en el listado, por lo cual la cifra indica que sólo se revisó a 44 sitios, que representan apenas el 35 por ciento del padrón, lo que refleja el bajo número de inspecciones.

En dichas actas de verificación, casi el 40 por ciento señalan observaciones por operar fuera de la norma.

Aunque sólo fueron visitados 56 centros, por ejemplo,  20 de ellos fueron suspendidos al menos una vez, por operar sin el aviso de funcionamiento, lo que refleja, según Rolando González, especialista en psiquiatría y tratamiento de adicciones, la necesidad de realizar más inspecciones.

“Es una cuestión bien complicada. Evidentemente la plantilla de verificadores no es la suficiente... está muy rebasada la necesidad y no les da”, señaló González.

“En las notas que a mí me ha tocado ver de hechos violentos, homicidios, y demás, regularmente han sido establecimientos que no están ni avisados de funcionamiento ante la Subsecretaría de Regulación Sanitaria y tampoco forman parte del Consejo Estatal contra la Adicciones. “Es una falta de capacidad por la cantidad de personas que ellos tienen”.

En ese año, a estos sitios también se le practicaron revisiones por Saneamiento y Covid-19, derivando en una suspensión por una presunta muerte por Covid-19.

Salud dijo desconocer la cantidad de pacientes internados en rehabilitación, ni tampoco es público el padrón de centros, el cual se pudo obtener vía transparencia.

Además, documentos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos advierten que entre 2020 y 2021 han solicitado varias ocasiones ingresar a centros donde se dio a conocer públicamente actos de violencia, pero el Estado ha negado su acceso.

Entre 2017 y 2021, detalló la CEDH, han abierto 22 quejas por denuncias de violencia en centros, y en la mayoría de los casos estos sitios o la autoridad estatal han bloqueado las investigaciones negando información.

La omisión de las autoridades estatales en la falta de revisiones a fondo ha derivado en 17 homicidios y 27 lesionados en los centros de rehabilitación en Nuevo León, según notas periodísticas del 2015 a la fecha.

Familiares de víctimas que fallecieron durante su internamiento narraron cómo se dan abusos físicos, psicológicos e incluso sexuales dentro de los centros de rehabilitación de la localidad, ante la falta de regulación e inspección de las autoridades.

"Y habían fallecido (varias personas), no nomás mi hijo, la misma gente ahí del rancho, de los alrededores, les van a decir qué tantas cosas no ven u oyen todavía y que no se ha hecho nada. En la autopsia salió que (a mi hijo) lo ahorcaron y lo golpearon", reveló Lourdes López, madre de Cristian Medellín, quien murió tres días después de ser internado en el Centro Milagros Inesperados, en Santiago.

Lourdes López, madre del fallecido Cristian Medellín.

En el Estado no existen centros de rehabilitación públicos, por lo que los pacientes tienen que acudir a privados para tratarse, pese a que en algunos casos tienen costos de hasta 80 mil pesos mensuales.

Familias denuncian tortura, violencia y abuso en centros de rehabilitación

Familiares de víctimas que han fallecido en centros de rehabilitación de Nuevo León advirtieron que en éstos no existen procesos de recuperación, y en cambio, se dan torturas, violencia física y hasta abusos sexuales que han derivado en muertes de pacientes internados, ante la nula revisión de las autoridades.

En entrevista con EL NORTE dos madres de familia narraron que aunque internaron a sus hijos con la esperanza de que se rehabilitaran de sus problemas de adicciones, vivieron todo un calvario que terminó con el deceso de sus seres queridos.

Alejandra Elizondo, madre de Ángela, de 15 años, contó que su hija murió cuando estaba internada en el Centro de Rehabilitación Jesús Salva, localizado en la Colonia Mártires de Cananea, en Santa Catarina, presuntamente por sobredosis, previo abuso sexual, por parte del dueño del lugar.

Alejandra Elizondo, madre de Ángela, de 15 años, contó que su hija murió cuando estaba internada en el Centro de Rehabilitación Jesús Salva

La madre de la menor señaló que una empleada del centro le relató lo que enfrentaron al estar "rehabilitándose" en ese sitio, donde en ese momento había 6 pacientes mujeres, y que terminó con la vida de su hija.

“Eran seis internas, el señor las fue bajando de dos en dos, tuvieron abuso sexual, las drogó, llevó cerveza, whisky, cristal, mariguana y las drogó y abusó sexualmente de todas", relató Elizondo, cuyo deceso de su hija fue en febrero del 2020.

Después de los hechos, el centro de rehabilitación cerró sus puertas y al dueño del lugar lo escondieron en otro sitio porque operan sin regulación.

"A él (dueño) lo tenían escondido en un centro de rehabilitación de unos amigos de ellos, no son centros, son anexos porque no están regulados", cuestionó.

Por este caso, el dueño del centro y su esposa fueron imputados por feminicidio y por corrupción de menores, pues la madre aseguró que la autopsia arrojó que su hija murió por una carga fuerte de metanfetaminas y mariguana. Aunque aún no están vinculados.

Otro caso es el de Lourdes López, madre de Cristian Israel Medellín López, de 33 años de edad, quien murió en junio del 2020 a los tres días de estar internado en el centro Milagros Inesperados, localizado en Santiago, donde buscaba rehabilitarse por problemas de alcoholismo.

La madre detalló que inicialmente le dijeron que había muerto por Covid, pero la autopsia arrojó que murió por golpes.

"Me habló el dueño que había muerto por algo del hígado, luego llegué al hospital y me dijeron que había muerto de Covid. Al momento de despedirme de él, le abrieron la bolsa y pude verle todos los golpes, y les dije: ´mi hijo no murió de Covid, ni nada, me lo golpearon´.

"En la autopsia salió que lo ahorcaron y lo golpearon, ahí viene todo lo que le hicieron", contó López.

Centro de Rehabilitación Jesús Salva, un establecimiento que operaba de manera clandestina.

Por este caso, detalló la madre de Cristian Israel, que hay dos pacientes detenidos y dos más señalados en proceso legal, pero al dueño no lo han enjuiciado. Éste centro sigue operando de manera regular y está en el padrón entregado por el Estado.

Ante esto, arremetió contra las autoridades estatales por la negligencia en la supervisión de estos establecimientos.

"Que busquen esos centros y en realidad los cierren", exigió, "que les pidan permisos porque están operando y ganando muchísimo dinero y no declaran nada, están escondidos. Operan sin vigilancia, no están ni regulados", reclamó.

Por separado, Dayénari Arellano, de la organización civil Documenta, un grupo dedicado a la promoción de los derechos humanos en el sistema de justicia, atribuyó el desorden en los centros a que la Secretaría de Salud estatal no mide la violencia y ni quiera tiene un padrón de sitios.

"No tenemos datos públicos de cuántos casos de violencia en estos centros existen. No existe esta estadística, ni por parte del gobierno, ni de ninguno de los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal o federal", dijo.

"Es bastante renuente la estadística en salir precisamente porque muchos de los centros operan de manera clandestina. Algunas personas dicen que hay 500 centros en la zona metropolitana y otras dicen que 100, realmente una cifra específica no existe.

"Y no existe un registro que lleve los datos de violencia, de tortura, de asesinatos, ni hay tema de denuncias porque muchas se presentan, pero tenemos una cifra bastante oscura".

Incluso, afirmó que ninguna autoridad entra a regular estos sitios por el miedo que se les tiene a los dueños que los operan.

"El miedo que se le tiene también a las personas que manejan estos centros es mucho", reveló, "las amenazas que se manejan dentro de estos centros son muchas, el estigma que se genera dentro de estos lugares, es una carga muy fuerte con la que tienen que lidiar las víctimas y las familias, y todo eso desincentiva la denuncia".