Hace 17 años, José Renato Pastrana invirtió gran parte de sus ahorros con la promesa de que al momento de retirarse, podría disfrutar de su vejez sin preocupaciones.

El maestro Pastrana, como lo conocen en su gremio, se dejó convencer por varios de sus compañeros docentes de la escuela en la cual trabajaba quienes tras la promesa de grandes intereses, comenzaron a invertir sus fondos en la Caja Magisterial De Mexicali A. C., una caja de ahorro de ese municipio de Baja California, al norte de México.

Durante los primeros años, el docente comenzó a recibir intereses del 22 por ciento por su inversión inicial, aunque mencionó que otros maestros recibieron ganancias de hasta 32 por ciento.

Imagen actual de las instalaciones del Club Deportivo Camac. Crédito: Marysol Dávila

“Muchos se iban de vacaciones solo con el interés, ese fue el anzuelo”, comentó.

La Caja Magisterial De Mexicali fue creada en Mexicali a cargo de la maestra Consuelo Dalila “N” en el año 2001. No solo fueron trabajadores de la educación de ese municipio quienes decidieron invertir su dinero; personas de todo Baja California ingresaron a este sistema.

Durante los primeros años, todo funcionó bien, incluso con las ganancias se construyó un complejo deportivo y de eventos sociales.

El profesor José Renato Pastrana, quién realizó  inversión inicial de 1 millón 500 mil pesos. Crédito: Marysol Dávila

Fue unos años después cuando el maestro Pastrana comenzó a recibir un pago de 14 por ciento en sus intereses y fue disminuyendo hasta que dejó de percibir ganancia alguna.

Pastrana no fue el único, ya que a partir del 2014, el profesor originario de Tijuana y la mayoría de sus compañeros del resto del estado, tampoco recibieron sus ganancias y comenzaron a solicitar la devolución de sus inversiones, lo cual aún no ha sucedido.

Con el propósito de recuperar una inversión inicial de 1 millón 500 mil pesos –sin intereses generados a través de los años– Pastrana, junto con los otros cientos trabajadores de la educación, comenzaron a movilizarse y asesorarse jurídicamente.

Manifestaciones de maestros afectados. Crédito: Cortesía Juan Vidaurri

Hay víctimas en Tijuana, Ensenada y Mexicali

Juan Vidaurri Padilla es presidente de la Comisión Estatal Representante de Maestros Defraudados por Camac, como se le conoce comúnmente, y por Asoma (Asociación Social Magisterial), otra caja de ahorro perteneciente a un ex líder sindical, quien también terminó llevando un proceso legal por fraude. Él dice que representa a más de mil 16 jubilados, afectados por ambas organizaciones, y la afectación económica asciende a más de mil millones.

Esta comisión se encarga de representar a la gran mayoría de maestros que perdieron sus ahorros en Camac en todo Baja California. Vidaurri Padilla señaló que la mayoría de ellos residen en Mexicali, Tijuana y Ensenada, “muy pocos” en Rosarito y Tecate.

Aunque los afectados son más, Pastrana recordó que algunos fueron “convencidos” de no demandar. Otros más no lo hicieron porque sus pérdidas no fueron tan grandes, y otros desistieron de sus demandas tras llegar a acuerdo con los dirigentes de Camac, para recibir una parte de su inversión inicial.

Vidaurri Padilla, relata que han pasado seis años desde que iniciaron a interponer los primeros procesos legales. En este tiempo han fallecido 51 compañeros.

Línea de tiempo que detalla el nacimiento y declive de la caja de ahorros Camac. Crédito: Carlos Mendoza

Narró que en estos años han buscado acercamiento con Francisco Vega de Lamadrid, Jaime Bonilla y la actual gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, sin recibir respuesta.

También han buscado un diálogo con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Congreso local, para solicitar una Fiscalía Especializada “que se dedique exclusivamente” al caso. 

Vidaurri Padilla señaló que los daños no han sido solo las pérdidas económicas--ya que los maestros no solo perdieron sus ahorros--, pues para poder pagar los gastos de sus hipotecas o créditos bancarios, sus casas y vehículos fueron incautados, quedando desprotegidos.

“Llevamos tres gobiernos que hemos tocado la puerta”, recordó. 

El modus operandi de la caja de ahorro

Camac ofrecía a los trabajadores de la educación el servicio de préstamos y de caja de ahorros; los pagos e inversiones se descontaban vía nómina con el aval de la Secretaría de Educación y de los sindicatos.

Víctor López Magallón, director de recursos financieros del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), explicó que ellos solo funcionan como intermediarios entre la caja de ahorro y los docentes.

“Nosotros no participamos ni alentamos, es una decisión libre de cada trabajador afiliarse, solicitar préstamos. Pero somos completamente ajenos. Yo más que beneficio, yo lo considero como una prestación, de la cual nosotros somos intermediarios”, dijo.

Documento de inscripción de la Caja Magisterial De Mexicali A.C., posteriormente conocida como Camac y sus socios. Crédito: Registro Público de la propiedad y de Comercio en Mexicali.

Detalló que la única función de la dependencia estatal es tramitar su ingreso, ya que todo el proceso de verificación corre a cargo de la Federación.

“Es un proceso federalizado de nómina, [...] todas las cajas de ahorros que quieren vender servicios tienen que tramitar ante la Federación el registro, se hace un convenio y una vez que se hace, nosotros hacemos el descuento y les entregamos  el recurso al proveedor. Esa es nuestra única función”, señaló el funcionario público.

Caja Magisterial de Mexicali y sus socios tuvieron que haber realizado ante el Sistema de Administración de la Nómina Educativa federalizada que depende de la Secretaría de Educación Pública y es través del Fondo de Aportaciones para nómina educativa que se realizan los descuentos vía nómina.

Un esquema de ahorro sin regulación oficial

López Magallón recalcó que la dependencia no interviene en la regulación de ninguna caja de ahorro, y que todo proceso legal se tiene que realizar ante la Fiscalía General del Estado (FGE), al ser delitos cometidos en la entidad.

Para esta investigación periodística se buscó al secretario general de la Sección 2, mediante llamadas a su enlace de comunicación y secretario particular del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California, pero no respondió a solicitudes de entrevista.

Los trabajadores de la educación que se afiliaron a Camac, en un principio “entregaron” sus jubilaciones, denunció Vidaurri Padilla.

En caso de que el maestro quisiera integrarse como “socio inversionista”, a lo que, en caso de aceptar se les ofrecía una utilidad de hasta el 20 por ciento, debían depositar un pago inicial que iniciaba desde los 400 mil pesos.

Fue entre el 2014 y el 2015 que Camac dejó de pagar interés y se negó a regresar lo invertido a los maestros. Esto a pesar de que se les solicitaron devoluciones de forma individual y grupal en distintas ocasiones.

“Escuchábamos de compañeros, pero eran casos aislados. Luego comenzaron a ser más compañeros que decían que nos les pagaban; estaban los procesos de ASOMA y no queríamos que nos pasara lo mismo, al final a nosotros tampoco nos pagaron”, dijo Vidaurri Padilla.

Afectados buscan justicia por diversos medios

Francisco Bazán, abogado laboralista, explicó que en caso de negativa de pago por parte de una Caja de Ahorro, los afectados pueden reclamar ante el Tribunal Laboral Federal, pero si está es inexistente, pueden demandar por fraude a los dueños o dirigentes.

Para que una caja de ahorro pueda operar debe estar validada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si no cuentan con este permiso, “estamos ante una una conducta fuera de la ley”, lo que puede derivar en un fraude.

De acuerdo con el Código Penal de Baja California, el delito de fraude en el estado se castigará con prisión de tres meses a tres años y hasta cien días multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de ochocientas veces el salario y también con prisión de cuatro a nueve años y hasta quinientos días multa, si el valor de lo defraudado fuere mayor de ochocientas veces el salario.

Carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado de Baja California derivadas a delitos relacionados con cajas de ahorro. Crédito: Carlos Mendoza.

Según las actas constitutivas del Registro Público de la Propiedad, bajo el nombre de Consuelo Dalila se encuentran registradas: Caja Magisterial de Mexicali,  A.C. y Camac Magisterial, A. C., también se incluye el Club Deportivo, Club Social y Recreativo Camac, S.C.

El abogado especificó que el contar con un acta constitutiva o acudir a registrar una empresa ante un notario, no significa que cuenten con los permisos necesarios para operar.

Es un delito frecuente, señala la Condusef

Óscar Rosado Jiménez, presidente nacional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que existen dos tipos de Caja de Ahorro, las que se constituyen legalmente como una Socap, y las que se forman dentro de una empresa o sindicato, como un organismo “que se quedan entre los trabajadores”.

Añadió que casos como el de Camac, en que los dueños de las caja de ahorro se quedan el dinero y dejan a los usuarios “volando”, es un fenómeno que se da más en el bajío y centro del país.

Mencionó que al tratarse de un tema legal se tiene que tratar directamente con la FGE. “[No es] ni con nosotros ni con Profeco, es un tema de Fiscalía porque ahí lo que hicieron fue un fraude”.

Al tratarse de una investigación en curso, la FGE no pudo confirmar si Camac se encontraba debidamente registrada o carecía de documentación para operar.

Notificación de aseguramiento por fuera del complejo del Club Deportivo Camac. Crédito: Marysol Dávila

Denuncias e investigaciones en curso

Actualmente Dalila Carrillo “N”, en su calidad de presidenta del Consejo de Administración de Camac, junto con su esposo y dos de sus hijos están bajo proceso de investigación por el delito de administración fraudulenta, informó la FGE. 

Esta denuncia es un conjunto de diversas demandas individuales y colectivas por los delitos de fraude, abuso de confianza, administración fraudulenta y fraudes específicos.

Las mismas fueron presentadas a partir del 2016 por mil 649 víctimas, de Tecate, Ensenada y Mexicali por la pérdida de más de mil 938 millones de pesos.

Aunque la fiscal regional de Mexicali, Hortensia Noriega León, especificó que este proceso es solo el que se lleva en ese municipio, y en otros casos como el de Tijuana, esta oficina lleva sus propias denuncias como la presentada en febrero del 2014 por un maestro que invirtió 250 mil pesos, y motivo por el cual la FGE, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, giró una orden de aprehensión en contra de Consuelo Dalila el 28 de febrero de este año.

En Tijuana se investiga a la acusada por 27 denuncias por el delito de “abuso de retención”, que suman 9 millones 500 mil pesos de daños patrimoniales.

Instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tijuana. Crédito: Maryoll Dávila

La vinculación proceso en contra de Consuelo Dalila “N” inició el 8 de junio y también fueron llamados a declarar miembros del Consejo Administrativo del Club Social y Recreativo Camac, S. C., el cual era presidido por Dalila.

La FGE incautó, entre otros bienes, el Club Social y Recreativo de Camac. Algunos maestros tienen la esperanza de que con la venta de propiedades como esta, puedan recuperar su dinero.

Pero aún no se sabe si esta reparación de daño sea posible. Javier Alberto García Álvarez, coordinador de Unidad de Investigación de delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, mencionó que “tendríamos que verificar si se cuentan con las solvencia para ello”.

“La intención de la Fiscalía siempre buscar que se le repare el daño a las personas afectadas por el delito”, dijo.

El 1 de noviembre, las instalaciones del Club Deportivo sufrieron daños totales tras ser consumidas por las llamas de lo que la Dirección de Bomberos de Mexicali, determinó como un incendio no provocado.

“No fue un incendio provocado. Se hizo un trabajo pericial por parte de fiscalía. El resultado de ese dictamen fue que no había sido provocado, no había ningún acelerante”, dijo en una atención a medios el Fiscal central, Rafel Orozco. 

Al no ser provocado, este hecho no interfiere con la investigación en curso.

Vidaurri Padilla y sus compañeros no opinan igual que las autoridades, ya que dudan de este dictamen.

“Ahí hay mano negra porque está embargado y las instalaciones están a cargo de la fiscalía. Era un patrimonio comprado con nuestros ahorros, eso está demostrado”, opinó.

Hortensia Noriega León, Fiscal Regional de Mexicali  atendiendo a maestros después de la audiencia de imputación de cargos. Crédito: Fiscalía General del Estado de Baja California

Camac no es la única

En Baja California, los jubilados afectados por Camac y sus variaciones de nombres no son los únicos. 

Fue a partir del 2013, que maestros y jubilados adscritos a la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California, la mayoría de ellos de Mexicali, dejaron de percibir lo invertido en Caja de Ahorros Asoma, ( Asociación Social Magisterial).

Esta le pertenece al ex líder sindical José Peñuelas Hermosillo, quién estuvo a cargo del SNTE sección 2 del 2000 al 2003. Este último año fue cuando dio de alta Asoma.

Al igual que Camac, los descuentos se hacían vía nómina y un día “dejó de pagar”, explicó Vidaurri Padilla.

Según la Fiscalía General del Estado de Baja California, fueron más de 300 maestros quienes invirtieron su dinero, lo que resultó en que la inversión ascendiera a más de 100 millones de pesos, dinero que muchos de los afectados todavía no logran recuperar.

Ficha de aprehensión de la FGE de los involucrados en el caso Camac. Crédito: Cortesía Fiscalía General del Estado de Baja California

Hortensia Noriega León, fiscal Regional de Mexicali, explicó que el proceso actualmente está bajo investigación, y tiene un plazo de tres meses, el cual vence en diciembre del 2022, para presentar las denuncias formales ante el Ministerio Público.

"La Fiscalía, para seguir con su investigación, solicitó un plazo de investigación. El juez solamente nos concedió tres meses. [...] Vamos a seguir incorporando datos de prueba, y si consideramos que se requiere un mayor tiempo, el código nos permite solicitar una prórroga, pero eso lo vamos a ver en su momento”, señaló Noriega León. 

Posterior a esto, la FGE estaría ante la posibilidad de presentar una acusación formal, y la siguiente etapa sería un juicio oral, explicó la fiscal Noriega León.

Añadió que por la complejidad del tema, y por la cantidad de víctimas, representadas por alrededor de 60 abogados, y pese a que existen otras alternativas legales, este caso concluiría en un juicio oral.

Tabla de aportaciones que los maestros y jubilados realizan de manera optativa u obligatoria. Crédito: Carlos Mendoza

“Es un tema muy complejo, porque estamos hablando de una administración fraudulenta [...] bajo el tiempo que Dalila estuvo bajo la administración de esta caja de ahorro o, ella aprovechándose del error en el que se encontraban los maestros dispuso de ese dinero”, comentó la fiscal.

Mientras tanto, Consuelo Dalila y sus compañeros, tienen que acudir una vez al mes  ante el juez a firmar, tienen prohibido de salir sin autorización del país y del estado, además tuvieron que entregar su visa y pasaporte.