Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists
La evaluación que utiliza el Instituto Coahuilense de Acceso a la información (ICAI) para calificar a las dependencias, no toma en cuenta solicitudes ignoradas, recursos de impugnación y la calidad de la información que brindan al ciudadano, por lo que termina dándoles diez a entes opacos.
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información”, indica el artículo 6 de la Constitución Mexicana. Para lograr este objetivo, en Coahuila se realizan evaluaciones trimestrales para medir que las dependencias cumplan con informar al ciudadano, como por ejemplo, en qué gastan el dinero público.
A pesar de que la ley es clara, una revisión realizada por este equipo revela que desde hace casi 20 años, el Instituto Coahuilense y de Acceso a la Información (ICAI) ha contado con un mecanismo de evaluación sobre la transparencia de las instituciones, que permite otorgar calificaciones de excelencia a dependencias que pueden resultar opacas en sus ejercicios del día a día.
La Ley de Acceso a la Información establece, en su artículo 17, de manera detallada la información que cada ente debe subir a sus páginas web, bajo el rubro de Información Pública de Oficio.
Cada tres meses, el ICAI revisa que estos campos cuenten con documentos, pero no verifica que los datos tengan relación con el campo que se llena. La consejera del ICAI, Dulce María Fuentes, indica que no cuentan con el personal, ni recursos tecnológicos para verificar los datos que suben las dependencias.
La historia empieza desde el 2004, a partir de que el ICAI fue designado como el organismo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en el Estado. Para cumplir con esta misión, del 2019 al 2024 le han sido aprobados un total de 207.7 millones de pesos.
La obligación de evaluar, se realiza en cumplimiento del Artículo 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece dentro de sus responsabilidades la realización de la Evaluación al Cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos obligados para con la Información Pública de Oficio.
Entre sus detalles, este artículo determina que cada tres meses, el ICAI debe evaluar a un universo de por lo menos 84 documentos con los que debe contar cada una de las 174 instituciones que reciben recursos públicos de Coahuila, y que por ende son consideradas como “sujetos obligados”.
Pero la opacidad ocurre a vista de todos. Este equipo de investigación realizó verificaciones al azar a siete sujetos obligados durante los primeros meses del 2024, encontrando fallas, incluso cometidas por el propio ICAI.
Respecto al tema, la Consejera Presidenta del ICAI, Dulce María Fuentes Mancillas, reconoció que existen aspectos de la evaluación que deben mejorarse. Considera que esta discrepancia entre la calificación y la calidad de la información se puede resolver con un formato homologado para todos los sujetos obligados.
“No dejar al arbitrio del sujeto obligado la interpretación de la normatividad”, indicó.
Aseguró que ya se trabaja en este formato desde hace dos meses. Y también buscarán integrar software para la revisión de la información, ya que actualmente se hace de manera artesanal: “Lo hacemos mano a mano”.
Expertos en temas de corrupción y vigilancia de los recursos, como Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna (CCI Laguna), han detectado ambigüedades en la forma de evaluación, señalando que las altas calificaciones no son sinónimo de “transparencia”.
Su compañera activista Karla Barrios coincide: “Sí, efectivamente hay cosas que están cargadas, pero ¿qué pasa?, que hemos detectado que una vez que la información está capturada y pasa esta evaluación, se vuelve a bajar”. Agregó que en el ejercicio también se encuentran con que la información que en algún momento estuvo, ahora es una liga rota.
Al identificar estas fallas existentes, en los últimos cinco años los ciudadanos han promovido ante el ICAI un cúmulo de 506 denuncias en contra de estas fallas, de las cuales, únicamente en 161 casos el ICAI calificó como procedentes.
Solo en 2023, algunas de las instituciones señaladas fueron Aguas de Saltillo, el Congreso del Estado, Fiscalía General del Estado, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón, el Poder Judicial de Coahuila, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Simas Arteaga y Torreón, y los ayuntamientos de Matamoros, Parras y Sabinas.
Tan solo el CCI Laguna, ha promovido más de 130 denuncias contra las fallas encontradas; sin embargo, en este reportaje se documenta que a pesar de que la opacidad puede ser señalada y comprobada, no existen sanciones.
La falta de información no es la única consecuencia que enfrentan los ciudadanos que se sumergen en la búsqueda. En los casos documentados para este reportaje se muestra que, ante la opacidad, prevalece la impunidad.
Al cuestionar sobre este tema a la Consejera Presidenta del ICAI, Dulce María Fuentes Mancillas, aseguró que, desde el Congreso de Coahuila, se buscará revisar la normatividad para realizar cambios en la ley y empatarla a las nuevas necesidades de la ciudadanía.
Viáticos, remuneraciones y padrones de beneficiarios, entre la información oculta
Un ejercicio realizado por este equipo de investigación hasta el 16 de mayo de este año, reafirma la teoría de que, mientras el ICAI otorga estas calificaciones aprobatorias a los organismos, los mismos han tenido fallas en transparentar la información, como es el gasto de viáticos, padrones de beneficiarios, remuneraciones de funcionarios y otros datos de interés público.
Al azar se eligieron algunas de las instituciones que reciben recursos públicos, llamadas “sujetos obligados”, con las mejores calificaciones al tercer trimestre del 2023, y que no necesariamente han sido denunciados por la ciudadanía a través de los mecanismos disponibles del ICAI.
Uno de los casos es el de la Secretaría de Educación Pública quien al tercer trimestre del 2023 fue evaluada con una calificación de 95.98, a pesar de que en el apartado de viáticos, aunque sí había archivos disponibles, no había detalles sobre las erogaciones que generaron las salidas del extitular Francisco Saracho Navarro, a lo largo de su administración al frente de la institución.
La Secretaría del Trabajo también fue uno de los sujetos obligados que para esa fecha había obtenido una calificación de 100 puntos por el cumplimiento con sus obligaciones de transparencia, pero la información que tenía de publicar, como el padrón de beneficiarios, estímulos y/o apoyos, fue ausente durante todo ese año, bajo el argumento de que se estaba actualizando, aunque sí tenía disponible la información de otros años, como el 2022.
La misma calificación la obtuvo la Administración Fiscal General, que en el ejercicio se sometió a la verificación de información de salarios o remuneraciones de los funcionarios que componen su organigrama; sin embargo, en la información que presentaron hasta ese trimestre y que el ICAI dio por cumplida, únicamente aparecen los tabulados generales que determinan el salario de todos los funcionarios de Coahuila, según los rangos ocupados.
Por otro lado, está la Secretaría de Seguridad Pública, que obtuvo 99.2 de calificación, pero en la verificación que se le aplicó al apartado de “empresas de seguridad autorizadas para prestar dicho servicio” sobre la información de sus Informes Anuales de Actividades, el enlace manda al último informe anual del exgobernador Rubén Moreira.
El propio ICAI ha reportado tener 100 puntos de calificación en su autoevaluación; sin embargo, hasta el mes de mayo de este año, la publicación de esta evaluación que forma parte de sus obligaciones de transparencia, estaba actualizada hasta el tercer trimestre del 2023; es decir, que la evaluación estuvo ausente en la publicación de resultados durante al menos seis meses, y pese a ser una de sus obligaciones de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos de Coahuila, se otorgó la estrella del cumplimiento.
El ICAI reportó ser transparente al 100%, evaluando el tiempo, la forma y el cumplimento, pese a que tardó en actualizar las calificaciones. Crédito: Omar Saucedo
La actualización de los dos trimestres más recientes, como es el cuarto del 2023 y el primero del 2024, se realizaron con tan solo un mes de diferencia, apenas a partir del mes de mayo de este año de manera “fast track”.
El costo de acceder a la transparencia
El politólogo Jairo Edgado trabajó en la asociación Incide Famme para documentar información pública orientada a visibilizar políticas públicas para niños y mujeres.
Desde 2021 inició el proceso de documentación de información oficial a través de solicitudes de información.
Jairo realizaba el trabajo en Incide Femme, tras concluir su jornada laboral en el Instituto de Planeación de Torreón.
En Incide Femme el objetivo era recopilar información para alimentar el documento final titulado “Niñas, Niños y Adolescentes en Coahuila de Zaragoza”, escenario actual y perspectivas a futuro”, en el que concluyeron que hay un abandono de las instituciones de procuración de justicia hacia esta población vulnerable.
En este informe lograron revelar que dentro de albergues, niñas y mujeres habían sufrido abusos sexuales, pero al tratar dar seguimiento a los casos, la Fiscalía se negó a revelar el estatus de las investigaciones, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) se resistió a informar sobre las inspecciones a estos lugares y cuando el tema llegó al Congreso Local, los diputados evadieron votar.
Los resultados de este informe se documentaron en 600 páginas, en las que se indica que hay 445 casos de violencia sexual en La Laguna, durante el periodo de 2016 al 2021. En nueve casos, niñas menores de diez años tuvieron embarazos.
Para llegar hasta estos hallazgos, Jairo realizó más de 60 solicitudes de información a la Fiscalía General de Coahuila, la PRONNIF y el Congreso de Coahuila.
El primer problema al que se enfrentó fue que la información contenida en las páginas de estos entes no era suficiente, aún cuando la Fiscalía tenía 100 y 97 en la evaluación de cumplimento realizada por el ICAI.
El colectivo buscaba conocer el número de denuncias que tenían la PRONNIF y la Fiscalía General de Coahuila por abusos en albergues.
Jairo contó que la PRONNIF les indicó que se trataba de información reservada y evadió dar los datos, aún cuando el colectivo les indicó que sólo pedían datos estadísticos y no particularidades del caso, como nombres o testimonios.
Fue a través de otra solicitud de información, pero hecha a la Fiscalía, que pudieron conocer la existencia de dos casos: una denuncia fue en el municipio de Acuña, por violación, y otra más en Piedras Negras, por corrupción de menores.
Aunque lograron detectar estas denuncias, no pudieron conocer información pública referente al curso legal que tomaron los casos, es decir, saber si fueron judicializadas o si contaban con sentencia, tal como se prevé en el artículo 30 bis de la Ley de Acceso a la Información.
“Durante la elaboración del informe nos dimos cuenta que la Fiscalía no tenía esa información, a pesar de ser una información pública de oficio, o sea, que debería estar publicada sin mediar una solicitud de transparencia”, explica.
Ante la falta de respuesta de las solicitudes, Jairo de la Cruz interpuso recursos de revisión, que la Fiscalía dejó de responder. El consejo del ICAI emitió un dictamen de incumplimiento que no tuvo más repercusión que la exhibición en la sesión y consignarla en los documentos del Instituto. Los activistas no lograron obtener la información.
El ICAI resolvió a favor del ciudadano, constatando que la Fiscalía General del Estado no otorgó la información solicitada por el ciudadano. Archivo documental del reportaje.
En estos casos, el Artículo 125 de la legislación en la materia indica que en caso de reincidencia de un servidor público, por la omisión total en la entrega de información, el instituto podrá recomendar al superior jerárquico del sujeto obligado su remoción del cargo.
Otros de los problemas a los que se enfrentaron fue a la calidad de la información otorgada.
En los años en que se realizaron las solicitudes, la PRONNIF tuvo calificaciones de 100 y 99. Sin embargo, Jairo pone en duda la veracidad de la información, ya que al cuestionar cuántas revisiones realizan en los albergues, se indicó que cada año se realizaban tres, pero al revisar los documentos detectaron incongruencias.
“En el caso de Torreón, sólo había dos inspectoras entre 2018 y 2022. Vemos un acta circunstanciada de su parte en un albergue y nos encontramos que la hora de conclusión coincidía con la hora de inicio de otra inspección. Al hacer una revisión de las direcciones, medimos que en automóvil la distancia se cubría en 30 minutos”, relata Jairo de la Cruz.
Al ser cuestionada sobre la calidad de la información, la consejera presidenta del ICAI, Dulce María Fuentes Mancillas, dijo que uno de los objetivos es avanzar en la verificación de los datos, para revisar no sólo que se haya cumplido con la entrega, sino que ésta sea de calidad. “Que sea útil para la ciudadanía” dijo.
Para el grupo de activistas, la parte más complicada de esta investigación de largo aliento fue con el Congreso de Coahuila.
Jairo relata que para el 2023, los casos de abusos en albergues llegaron al pleno del Congreso Local, a través de un exhorto presentado en septiembre de ese año por la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Elvira Rodriguez, mientras que otros no votaron, como es el caso del entonces líder del Congreso Local, Eduardo Olmos.
“Volvimos a usar nuestro derecho a la información para preguntar por qué no habían votado, lo cual no respondieron”, recuerda.
Sin embargo, esta falta de transparencia no concuerda con las calificaciones obtenidas por el Congreso de Coahuila en las evaluaciones del ICAI. En 2021, 2022 y 2023 cuenta con calificaciones de excelencia, 100.
Jairo narra que en medio de la recopilación recibió una serie de llamadas de atención del Instituto Municipal de Planeación (donde trabajaba a la par de cumplir con la organización), por parte de sus superiores.
“Hubo varias llamadas de atención para que parara las solicitudes y debo indicar que sí paré de hacer las peticiones. Al continuar se me despide de manera repentina”.
Actualmente los albergues continúan en operación, y Jairo interpuso un juicio de amparo para que el ICAI reponga el proceso de acceso a la información y el Congreso Local entregue la información.
Una calificación de transparencia distante de la realidad
Cada vez que un ciudadano hace búsqueda de lo que se conoce como “Información Pública de Oficio” y no la encuentra en los portales donde cada institución debe transparentarla, puede interponer una denuncia de la que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información se hace cargo.
En los últimos cinco años, el ICAI ha recibido 161 denuncias que ha calificado como “procedentes”, en donde los ciudadanos han identificado fallas con la documentación que debe estar disponible, actual y de fácil acceso.
Solo en el 2023, el órgano recibió vía electrónica un total de 88 casos que fueron analizados y en los que le dieron la razón a los ciudadanos, quienes pusieron bajo la lupa a 12 sujetos obligados.
Estos entes fueron Aguas de Saltillo, el Congreso del Estado, Fiscalía General del Estado, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón, el Poder Judicial de Coahuila, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Simas Arteaga y Torreón, y los ayuntamientos de Matamoros, Parras y Sabinas.
Uno de los ejemplos que dimensionan la problemática es el de Aguas de Saltillo, donde un ciudadano expuso que la paramunicipal no reportó, además de los egresos, información en los ingresos que recibe el organismo operador del agua, que está asociado comercialmente con empresarios españoles, incluyendo los de años anteriores.
"En ninguno de los trimestres de 2022 reporta los ingresos que recibió. Es un concesionario que cobra tarifas de agua y saneamiento a la ciudadanía, y varios otros conceptos, y debería estar reportando tales ingresos.”, relató la denuncia.
Pese a que durante ese año Aguas de Saltillo acumuló 12 denuncias en el 2023 que tuvieron el “visto bueno” del ICAI, el promedio de su evaluación por cumplimiento de transparencia en sus obligaciones de la Información Pública de Oficio, fue de 97 puntos; es decir, solo tres puntos menos de lo que se podría considerar excelencia en transparencia.
Durante el 2023, el ICAI dictaminó como fundadas o parcialmente fundadas 88 denuncias como estas contra dependencias que a las que otorga calificaciones aprobatorias.
En otro de los casos de 2023, un ciudadano denunció al ICAI que el Poder Judicial de Coahuila tenía ocultos los procesos de adquisiciones en la Plataforma Nacional de Transparencia y este es uno de los sujetos obligados que durante tres trimestres del mismo año en que se giró la denuncia, obtuvo calificación de 100 por ser cumplidos en sus portales, aunque no en la Plataforma.
"Se solicita a esa H. autoridad que otorgue y garantice el acceso a la información y obligue al PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA a hacer pública en la plataforma nacional de transparencia toda la información relacionada con los procedimientos de adjudicación directa y procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas de obras bienes y servicios adquiridos”...
“Ya que a la fecha no ha sido publicada en el sitio y se encuentra sin datos respecto a (Número que identifique al contrato, Monto total del contrato con impuestos incluidos expresado en pesos mexicanos,Objeto del contrato, Hipervínculo al documento) y otorgue las versiones públicas correspondientes de cada contrato correspondiente al periodo 2020, 2021, 2022.", expresa la denuncia.
Pero existen otros casos en las bases de datos, que ponen en tela de juicio el criterio aplicado por el ICAI para resolver, pues a pesar de que en las líneas se expresan situaciones confusas, ambiguas o poco detalladas, el ICAI las da por fundadas, o al menos, por parcialmente fundadas; es decir, que sí proceden para hacer un llamado a la institución señalada.
Algunos de esos ejemplos se observan en cinco denuncias que se interpusieron ante este organismo por opacidad de la Fiscalía durante el 2023, en los cuales el ciudadano detalló al ICAI una información que a la vista parece escasa: "No tiene publicado absolutamente NADA". El ICAI clasificó fundadas dos denuncias y otras tres con el mismo contenido, como “parcialmente fundadas”.
Esta situación se repite en 38 denuncias interpuestas en 2022 contra 14 instituciones, donde algunos de los casos procedentes incluyen solo frases como, “en todos los municipios es igual”, y “no existe”.
Y estos casos también se pueden observar entre las 18 denuncias que el órgano recibió contra 13 instituciones en 2021, entre las 11 denuncias contra 10 sujetos obligados en el 2020; y entre las 15 denuncias contra 15 sujetos obligados del 2019.
“Cargar y borrar”, una de las prácticas para cumplir con la transparencia…
Una de las organizaciones que ha vigilado el tema de la transparencia, el acceso a la información y los deberes que rodean al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, es el Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna, quienes derivado de los proyectos que han impulsado al respecto, han presentado hasta 130 denuncias contra instituciones por faltas de transparencia.
Mientras los ciudadanos se topan con la resistencia de dependencias para conseguir información de interés público, el ICAI da calificaciones de excelencia en cumplimiento al acceso de información de oficio. Crédito: Carlos Mendoza.
Karla Barrios es una de las integrantes de esta organización, quien actualmente coordina en los municipios de la zona un proyecto llamado “Regidor MX Laguna”, donde se analizan todos los manejos que realiza el cuerpo edilicio en pro del municipio, y esto debe integrarse a través de información que es considerada como pública de oficio, sin embargo, en el día a día se enfrenta a que el cumplimiento de la información que debe ser por ley, está en letra muerta.
“Evaluamos a los municipios de Torreón, Gómez, Lerdo y Matamoros. Hay unos aspectos en los que todo debería basarse en Información Pública. (...) cuando tú te vas a los portales de los municipios a querer jalar esta información te das cuenta que hay ligas rotas, que son carpetas vacías, que hay información que está a medias o simplemente no se encuentra ese apartado”, explica Karla Barrios.
En ese sentido, Karla Barrios dice que la evaluación del ICAI no ha cumplido necesariamente con sus objetivos, pues se ha identificado que además de que la información que se da por cumplimentada no es evaluada en el fondo, sino en la forma, como es el hecho de solo actualizar un documento, y además de ello, los sujetos obligados han desarrollado artilugios para volver a ser opacos después de ser evaluados y palomeados.
“Entonces, si se basan en eso, en que exista algo capturado en ese link, pues claro que se puede decir que todos cumplen. El problema es que cuando tú ya empiezas a abrir liga por liga, puede que ahí es donde se detecte que no está la información que debería contener ese apartado”, declaró, y comentó que Matamoros tuvo una calificación de 94.4 y Torreón de 100”, indica.
Marco Zamarripa, director de la misma organización, abona sobre el tema, recordando casos en los que, mientras la información pública de oficio les ha dicho que había contrataciones por invitación o por licitación, al momento de solicitar o investigar otras fuentes, la institución en interés en realidad había realizado puras adjudicaciones directas.
“Cuando hacemos este análisis a través de la plataforma de Karewa, en donde suma los contratos que se celebran por cualquiera de las modalidades, pues luego salimos a decir que el 80 por ciento de los contratos en el municipio de Torreón fueron por adjudicación directa y luego viene la respuesta del municipio donde dice, ‘oye, no, no es cierto’. Y nosotros decimos: ‘pues aquí en la plataforma están cargados como adjudicación directa’”, precisa.
“Imagínate para nosotros tener que estar revisando cada contrato para ver si fue cargado de una forma adecuada. Eso creo que le corresponde en todo caso al instituto, que debe asegurar que la información que se suba sea la correcta. Más bien, estas evaluaciones creo que corresponden al cumplimiento de requisitos y no tanto en la calidad de la información que se está solventando”, sostiene Zamarripa.
Por otro lado, Karla Barrios dice que en al menos el 80 por ciento de los análisis que realizan, tanto para este programa, como para los otros que hace el CCI Laguna en términos de transparencia, corrupción y participación ciudadana, tienen que realizar sí o sí, solicitudes de información, para poder dimensionar una problemática, pues los apartados de información pública de oficio, o no dan para eso, o no tienen los estándares que se requiere, como es la información comparada.
“Aquí el problema es que esta información no se encuentra disponible, por lo cual, casi el 80% del ejercicio lo tenemos que hacer a través de solicitudes de transparencia, datos básicos que provienen de las Comisiones, incluso, los teléfonos para contactar a los ediles, correos electrónicos”, detalla.
“Hasta la fecha no hemos hecho ningún informe de lo que hemos encontrado en los portales de transparencia, pero siempre tenemos que llegar a este paso de solicitar información a las áreas de transparencia de los municipios”, reitera Marco Zamarripa.
Pero con las solicitudes de información no se solventa el problema, pues Karla dice que incluso ahí pueden enfrentarse a otra lucha que más allá de la demora, es la información incompleta o nula, contra la que ya han aprendido a hacer frente interponiendo un recurso, pero también, volviéndola a solicitar, pues alguna de las dos herramientas debe ser solventada en menor tiempo.
“Si no encontramos la información, realizamos una solicitud que tiene un periodo de respuesta de 3 a 4 semanas y en caso de que no nos contesten, se pone la queja, pero se puede tardar incluso más del mes, entonces, ¿qué hacemos? Que mejor volvemos a meter otra solicitud y a la par, la queja, claro”, agrega Karla.
Sin embargo, el hecho de que la sociedad tenga que acceder a información pública de oficio a través de una solicitud de información, no es algo que esté bajo la lupa del ICAI.
Esto se observa a través de una solicitud de información dirigida al órgano, donde se cuestionó cuántos de los recursos de revisión que recibían tenían como origen una solicitud sobre información pública de oficio, pero el órgano, solo respondió los motivos que llevaron a la persona a promover un recurso; es decir, solo saben si el ciudadano se inconformó porque la información que les respondieron era de carácter reservada, porque demoró o porque la institución simplemente no contestó, pero no los motivos que llevaron a una persona a tener que preguntar.
Sin embargo, a pesar de las denuncias que han interpuesto, el CCI dice que no pasa nada.
Esta es una de las denuncias interpuestas por el CCI Laguna por fallas en la publicación de la Información Pública de Oficio.
“Una vez que realizamos las denuncias, se solventa la información, pero no al 100 por ciento. Es decir, en el caso de las obras públicas, la Ley menciona que deben de tener estudios de impacto. Esa fue una de las cosas que nosotros solicitamos que estaban omitiendo los municipios. Entonces, ¿qué pasa? Que al final sí se cargan, pero se carga el mismo documento para 136 contratos, ¿qué pasó? Pues que ellos nada más subieron y el ICAI vio (que) capturó algo. Entonces ya está el problema, pero no revisaron que esos 136 eran el mismo de una única obra”, dice Karla.
“El instituto debe asegurar que la información que se suba sea la correcta. Estas calificaciones creo que corresponden al cumplimiento de requisitos y no tanto en la calidad de la información que se está solventando (...). Una cosa es cumplir con la obligación de subir la información y otra cosa es que la información que se suba cumpla con la demanda de transparentar… “, agrega Zamarripa.
De hecho, a finales del 2022, fue documentado que entre el 2020 y esa fecha, el ICAI emitió 589 dictámenes de incumplimiento contra instituciones públicas, que a pesar del llamado del órgano para entregar información al ciudadano, solo emitió siete sanciones, todas ellas, reducidas a apercibimientos públicos.
¿Quién vigila?
Sesión del Consejo General del ICAI. Cortesía Comunicación social ICAI
El ICAI fue instalado el 1 de diciembre del 2004 en Coahuila, especialmente para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, y recientemente se integró como uno de los órganos que componen al Sistema Estatal Anticorrupción, en las tareas de combate a la corrupción.
Este es un organismo autónomo, que de acuerdo con su propia definición en la página institucional: “Cuenta con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía presupuestaria de operación y de decisión en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gobierno abierto. Su creación, como órgano garante del derecho a la información en la entidad, establece las estructuras necesarias para el adecuado desarrollo de la garantía de ese derecho en el ámbito de su esfera territorial”.
El órgano autónomo que hoy encabeza la comisionada presidenta, Dulce Fuentes Mancillas, tras dejar la Unidad de Transparencia del Municipio de Saltillo y al que le fueron recortados dos comisionados por el Congreso del Estado, ha sido el trampolín para funcionarios que han sido colocados en instituciones de gobierno que giran en torno a la rendición de cuentas de la función pública.
La Comisionada Presidenta del ICAI, Dulce Fuentes Mancillas, dando mensaje público tras su renuncia en la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Saltillo. Cortesía Comunicación Social ICAI.
Algunos de los casos son los del propio ex comisionado presidente, Jesús Flores Mier, quien hoy es el titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Posibles Hechos de Corrupción, así como la ex titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo, quien también fue comisionada, al igual que está en tal caso la ex consejera del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, quien fue una de las proyectistas de la institución.
Un esfuerzo sin frutos
El 28 de septiembre de 2015, 40 organizaciones civiles tuvieron una mañana motivadora: se consolidaba la Alianza Gobierno Abierto.
Asociaciones civiles y gobierno se sentaban en una mesa para dialogar bajo el compromiso de transparentar toda la información pública que se requiriera respecto de algunas de las problemáticas que más aquejan al Estado.
Con el ICAI como intermediario, se inició este ejercicio ciudadano que no era nuevo ni en México, ni en el mundo. Se trataba de una iniciativa donde gobiernos de 63 países trabajan junto a la sociedad civil para promover la participación ciudadana.
El objetivo era promover la apertura institucional, pero la conclusión, según uno de los participantes, Rubén Canseco, fue que no se cumplió con el objetivo porque no hubo voluntad de las dependencias de gobierno de Coahuila que participaron.
El programa Gobierno Abierto fue visto como un triunfo para la ciudadanía, pero los ciudadanos participantes consideran que no se logró acceder a la información que buscaban. Archivo ICAI 2016.
A 9 años de este ejercicio ciudadano, Rubén Canseco López, relata que la Alianza Gobierno Abierto se conformó por estos temas: seguimiento a la deuda de Coahuila, fondo de pensiones de los trabajadores de la educación, uso de recursos para seguridad, estatus del Río San Rodrigo y el derecho humano al agua.
Rubén Canseco López dijo que el plazo se extendió de un año a año y medio por la complejidad de los temas a tratar.
“Un año no era suficiente, por eso fue más tiempo. Incluso, yo viajé por las regiones de Coahuila y estuve recabando información. El ICAI corría con los gastos”, dice.
Aunque reconoce que Gobierno Abierto fue un programa positivo, considera que el fracaso reside en la falta de voluntad de las autoridades y las limitaciones del ICAI.
En el documento final se concluyó que “no se cumplió con el compromiso asumido por el organismo público descentralizado (DIPETRE) y por lo tanto la participación del Gobierno del Estado no orientó de manera eficaz y de calidad la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los propósitos del Proyecto de Gobierno Abierto”.
“El ICAI tuvo una buena participación porque era la encargada de gestionar las reuniones y que los funcionarios estuvieran en la mesa. Pero ya cuando la DIPETRE vio el tipo de información que queríamos, no nos la daba… decían que eran documentos que no tenían o que era muchos para revisar”, explica Canseco.
Para Rubén Consejo el problema reside en la falta de facultades que tiene el ICAI, ya que la legislación actual solo le permite hacer recomendaciones.
“La ley está hecha para proteger. Podemos ver que hay lagunas legales que fueron hechas de manera intencional”, concluye.
La transparencia, un derecho humano que no tiene consecuencia si se violenta
Al igual que el CCI Laguna, organizaciones como Fray Juan de Larios, reiteran que el acceso a la información y la transparencia es un derecho humano, y ejercerlo, permite que la democracia se amplíe, pues es a través de este ejercicio donde los gobiernos a quienes elegimos para representarnos, deben rendirnos cuentas; es decir, que la transparencia es el punto fino que concreta la actividad cívica de los ciudadanos.
El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, es una organización cuyo trabajo consiste en la defensa y organización de personas a quienes han violentado sus derechos humanos.
Además de esta defensa, realizan informes de trabajo donde documentan políticas públicas para la búsqueda de personas desaparecidas, así como la asignación de recursos y resultados.
Al igual que el CCI Laguna se han topado con prácticas de opacidad por parte de entes públicos como la Fiscalía General de Coahuila.
Por ejemplo, algunos de los datos en los que el abogado del Centro, Enrique Martínez Requenes, ha identificado faltantes, son en operativos de búsqueda, personal ministerial que busca a las personas, e incluso, otros datos sobre violaciones graves a los derechos humanos que ya cuentan con una jurisprudencia para que puedan estar a la vista de todos.
“Creo que tenemos que empezar a ver esos temas, no hay datos que estén claros. Que estos datos de cuánto te costó, por qué lo utilizaste, por qué hiciste las búsquedas. Yo creo que sería muy bueno que lo empezáramos a plantear ya desde el derecho a la verdad, ¿no?”, dice Requenes.
El ciclo está así: si la información pública no está disponible, los ciudadanos tienden a denunciar y a la par a realizar una solicitud de información, y si la solicitud de información no es respondida, puede realizar un recurso de revisión, si el recurso no fue respondido, el ICAI puede notificarlo, pero el ciclo ahí termina.
A finales del 2022 el ICAI dio a conocer que desde el 2020 se habían emitido 545 dictámenes de incumplimiento, pero en ninguno de los casos se impuso alguna de las medidas de apremio que pueden ir desde la amonestación pública -un regaño-, hasta multas económicas e incluso, acciones administrativas contra las áreas de transparencia.
Estas organizaciones, destacan que la importancia se debe a que una sociedad informada es una sociedad más democrática.
“La información es un derecho, entonces, bueno, limitar a la ciudadanía a que conozcan cosas de carácter público, ya desde ahí, empieza la primera falta. Ya desde el momento en el que una persona tiene que recurrir a hacer una solicitud de transparencia, es porque algo está mal”, indica Karla Barrios.
“Una sociedad más informada es una sociedad más democrática y creo que el hecho de estar informados sobre lo que se está haciendo en el gobierno o lo que tiene el gobierno, te ayuda a tomar mejores decisiones, mejor pensadas y te ayuda a poder ejecutar mejor tu plan de vida”, concluye Requenes.
Gobierno Abierto siguió trabajando, pero su última convocatoria fue en 2019. ICAI Archivo 2019.
Miguel Crespo Alvarado es el presidente consejero del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, es académico y periodista de la Laguna en Coahuila y cuenta con un Doctorado en Ciencias Aplicadas por la Universidad de los Andes, Venezuela.
Al respecto de las evaluaciones de transparencia, dice que una de las problemáticas es que las evaluaciones de transparencia suelen tener resultados altos porque el propio mecanismo así lo permite.
“Una preocupación va en términos de eso, de que la evaluación es cuantitativa y cualitativa en términos muy binarios, es: hay o no hay. Pero no permite entrar a detalle en términos de calidad de la información. Probablemente esté apuntando más al asunto de la cantidad de la información”, indica.
Como una solución, recuerda que actualmente se está a la espera de que se ponga en marcha la Plataforma Nacional Digital, que homologará por ley, que todas las entidades públicas publiquen la información en los mismos términos en un solo sitio, aunque esto es algo que todavía se está forjando desde el panorama nacional.
Por otro lado, dice que el ICAI sí debería ser sometido a cambios para que tome un papel protagónico en la aplicación de sanciones efectivas o en su caso, denuncias por delitos de hechos de corrupción, para que se muestre a la ciudadanía como un órgano más útil que vele no solo por un derecho, sino por múltiples derechos.
“Yo creo que una ruta que sería factible implicaría que se fortalecieran los órganos garantes en sus capacidades para ellos mismos actuar cuando se den cuenta de que hay incumplimiento y que las instituciones que no cumplen sientan respeto por el llamado de atención, porque sí pareciera, y hay algunos sujetos obligados que ya se habituaron al regaño y listo, no les importa mucho”, expresa.
“El órgano garante no necesita quedarse en el escándalo, sino actuar y entonces poder mostrarse como alguien que está del lado de la ciudadanía para atender sus necesidades cotidianas, pero también para identificar casos de corrupción que le pegan precisamente a su calidad de vida. Es un órgano garante no solo de un derecho, sino de múltiples derechos de forma indirecta”, concluye.